Author: Mario Gonzales (Mario Gonzales)

Mario González       

El año inicia en medio de grandes incertidumbres provocadas por los disensos entre potencias susceptibles de amenazar la paz mundial. El incumplimiento reiterado de Irán del acuerdo firmado en el 2015 con los cinco estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, Alemania y la Unión Europea, y la parálisis de las negociaciones que recientemente se reanudaron, aunado a la tensión en la frontera rusa-ucraniana y las amenazas de la China a la soberanía de Taiwán y sus miras hegemónicas sobre el denominado Mar de China, justifican las inquietudes de conflictos que podrían escalar hasta el uso del arma nuclear.

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Las últimas encuestas traducen las ventajas de las que goza Gustavo Petro y que poco inquietan a sus relegados competidores. Mientras el candidato del Pacto Histórico acumula propuestas irrealizables, pero de buen recibo en una ciudadanía incrédula en las bondades de las instituciones, los demás aspirantes se engarzan en disputas de mecánica electoral que acentúan sus vanidades y también sus incapacidades para conectar con una ciudadanía inmersa en angustiosa incertidumbre sobre su futuro. No han entendido que no es hora para la mecánica hoy desfalleciente, sino momento para inspirar y convocar a un nuevo país.

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El abundante despliegue mediático que acompañó al denominado cónclave no alcanzó a ocultar el humo gris oscuro con el que se anunció su pobre resultado. Los acuerdos no respondieron a las expectativas que los medios de comunicación habían creado y presentado como el renacer de una esperanza que no hallaba sendero cierto ni objetivos claros. En doce horas de intensas discusiones únicamente lograron convenir en dos decisiones: recibir a Alejandro Gaviria, pero sin contar tras bambalinas con el apoyo del partido liberal; y acuñar su nueva denominación, coalición Centro Esperanza. Poca sustancia para quienes aspiran a transfigurarse en personeros únicos e insustituibles del cambio que demandan las instituciones y al que aspira el país.

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La presencia y activismo del secretario general de la ONU en Colombia, Antonio Guterres, expresidente de la internacional socialista, suscitó nuevamente el debate cada día más candente que sacude hoy al mundo, relativo a la coexistencia de la soberanía nacional con la que correspondería a las organizaciones internacionales.

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La política es un escenario de confrontación de ideologías, visiones y soluciones que son propias de las sociedades democráticas. En ellas, resulta posible y fructífera la diversidad de opiniones cuando apuntan más a la búsqueda de convergencias que a la simplificación del debate en dos extremos contrapuestos e irreconciliables. Esa ha sido siempre la fortaleza de la democracia y la razón de los avances, sociales, económicos, científicos y tecnológicos que se prodigan en su seno.

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Dos recientes fallos de tutela de la Corte Constitucional acrecentaron las sospechas y temores de que la Rama Judicial, y en especial esa Alta Corporación, no obedezca en su actuar a los principios de independencia e imparcialidad que son sustanciales al reconocimiento de su legitimidad. Sustituir esos principios por los imperativos de la contienda ideológica y política corroe los fundamentos de la democracia y atenta contra la vigencia y respeto de los DD.HH.

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No fue tarea fácil la de poner fin a 17 años de permanente escrutinio de la CPI con su observación preliminar relativa a la comisión de crímenes de guerra en el marco del conflicto armado suscitado por la subversión de las Farc, después acrecentado por el Eln, el M-19 y por los contingentes contrainsurgentes que ellos provocaron.

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La captura de “Otoniel” entraña un importante logro político del gobierno y un extraordinario éxito operacional de la acción conjunta de la Policía y las Fuerzas Militares colombianas, pero no debe entenderse como el principio del final de la organización criminal del Clan del Golfo, ni como un paso decisivo en la recuperación de la seguridad que todos anhelamos. Situaciones similares en el pasado nos han enseñado que la muerte de los líderes del crimen organizado no implica el final de la organización, sino la reorganización de su liderazgo después de sangrientos ajustes de cuentas, o su fragmentación en estructuras nuevas al mando de liderazgos emergentes, Cualquiera que sea la variante resultante, incrementará la inseguridad en las regiones que padecerán el dantesco escenario de prevalencia entre las distintas organizaciones y carteles que se disputan el control territorial y los réditos del narcotráfico y la violencia.

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Unos de los efectos inesperados de la pandemia ha sido el de atizar el inconformismo creciente con las instituciones surgidas de los procesos de integración y cooperación en varios continentes. La insolidaridad de los estados miembros que mantuvieron la producción de tapabocas, ventiladores y medicamentos y de sus farmacéuticas, avivó esa desconfianza en unas instituciones que paulatinamente se fueron convirtiendo en vehículos de Ideologías de deconstrucción y no de creación, refugio dorado de activistas y militantes, y arúspice pretensioso de épocas traumáticas, que luchan por imponer a cualquier costo, incluido el de la fractura del sistema que han infiltrado.

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El informe del Panel de expertos conformado a instancias de Open Society Justice de Georges Soros, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para el Debido Proceso, contentivo de la evaluación de personas candidatas a la elección como miembros de la Corte IDH y de la CIDH, despierta serios interrogantes e inquietudes que no deben pasar desapercibidos por las cancillerías de los Estados Miembros de la OEA.  Si bien sus opiniones no son vinculantes, los criterios que las fundamentan preocupan, porque apuntan al desconocimiento de la naturaleza, fines y propósitos de la OEA.