Ernesto Macías Tovar
La conducta autoritaria de Gustavo Petro, evidenciada desde el inicio de su mandato, ha tenido al país al borde del abismo y al umbral del colapso. De manera persistente ha buscado atajos para quebrar el orden constitucional e institucional.
Puntualmente: nuestra Constitución dispone que única y exclusivamente el Poder Legislativo -Congreso de la República- posee la facultad de crear o modificar tributos; no obstante, Petro, tras el hundimiento de su más reciente intento de reforma tributaria, decidió inventar una ‘emergencia económica’, por supuesto, quebrantando la separación de poderes y usurpando competencias del legislativo. Además, sin que existan hechos que alteren o amenacen de forma grave el orden económico, ni tampoco circunstancias sobrevinientes. Esto, desde luego, ha provocado una honda conmoción social y política, pues se trata de otro abuso de poder que afecta -nuevamente- de manera severa el bolsillo de las personas naturales y jurídicas, pero también la clara intención de manipular las rentas de las entidades territoriales.
Por ello y con plena razón, esta determinación arbitraria desató una rebelión de los gobernadores, quienes anunciaron una postura legítima, relacionada con la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, figura jurídica a la cual cualquier autoridad puede acudir cuando una medida, como la decretada por Petro, resulta desproporcionada y vulnera principios constitucionales.
Desde luego, esta rebelión ejemplar de los mandatarios departamentales, además de legítima, es alentadora porque, por fin, unas autoridades -elegidas por el voto popular- se le plantan a quien ha venido atropellando el Estado de derecho y, sobre todo, la buena fe de la nación que pacientemente ha soportado los abusos del poder. Incluso, conviene observar también la sugerencia que algunos juristas respetables han formulado en el sentido de que los colombianos aplacen el pago de sus impuestos nacionales hasta después del 8 de agosto, para proteger los recursos sagrados del presupuesto nacional. Pero esa será otra discusión.
En cuanto a la posición firme y jurídicamente bien concebida de los gobernadores, es necesario exigir que los magistrados -todos- de la Corte Constitucional se pongan la camiseta del Estado y cumplan su deber patriótico de salvaguardar la Constitución por encima de cualquier cálculo político y, más aún, en este caso, arbitrario y abusivo. Sería un mensaje ejemplar a la nación, si realizan un estudio riguroso, pero rápido, al decreto madre de la ‘emergencia’, y lo tumban.
18 enero, 2026
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