Iván Duque*
Al momento de llegar a la Presidencia, Álvaro Uribe tuvo que enfrentar uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de Colombia. Las FARC, como grupo terrorista, lucían poderosas y tenían una mayor presencia territorial, mientras los grupos «paramilitares», también consumidos en el narcoterrorismo, arreciaban su violencia y ejercían un poder en otras zonas del territorio nacional. Todo esto ocurría en un clima de pérdida de inversión que llevó en su momento a la revista Foreign Policy a ubicar a Colombia al borde de convertirse en un «Estado fallido».
Con esta cruda realidad, Uribe asumió el poder con su promesa de la «Seguridad Democrática», que a su vez contó con la existencia de un plan de apoyo de los Estados Unidos conocido como el «Plan Colombia», el cual permitió fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas e iniciar una rápida recuperación del orden público.
Bajo esas premisas democráticas y con un férreo estilo gerencial de «Macro Visión y Micro Gerencia», Uribe durante sus dos mandatos redujo los homicidios en más de un 50 por ciento; aminoró el secuestro en más de un 70 por ciento; asestó golpes estratégicos a las FARC; y sometió a la Justicia a los principales jefes «paramilitares». De estos últimos, más de una decena fueron extraditados a los Estados Unidos por seguir delinquiendo desde las cárceles. De esa manera Uribe pudo brindarle a Colombia un resurgir económico y social como producto de la confianza en la inversión y de una nueva tendencia en la generación de empleo y la ampliación de la protección a las familias más vulnerables, lo que le ha garantizado a Uribe un afecto permanente en las familias colombianas.
Como era de esperarse, los criminales a los que Uribe enfrentó han pretendido una venganza sistemática desde su salida de la Casa de Nariño. No solo han tratado de involucrarlo sin sustento alguno al «paramilitarismo», sino que también han buscado enlodarlo directamente o a través de familiares con distintos tipos y formas de mentiras que se han caído siempre por su pobreza argumental y probatoria. Para nadie es una mentira que por años estafetas de la izquierda radical vinculada a las FARC buscaron en las cárceles de Colombia y los EEUU, que los jefes del «paramilitarismo» brindaran información, según muchos de ellos, como se conocería después, a cambio de múltiples beneficios.
Esa realidad, junto con la ineludible motivación de defender su honra y la de su familia, llevó a Uribe a denunciar a quienes promovían la fabricación de falsos testimonios a cambio de beneficios judiciales. Pero la mayor sorpresa para él fue que años después de esas denuncias, ante la justicia colombiana, pasó de acusador a acusado, algo tan absurdo como que alguien asaltado presente una denuncia y pase abruptamente a ser acusado de asaltante
Como si fuera poco, tras ese inexplicable giro judicial, según el cual quien denunció la fabricación de falsos testigos terminó acusado de manipularlos, se han acumulado múltiples irregularidades que han empañado el proceso. Una de las más graves fue la interceptación «por error» de miles de comunicaciones privadas del expresidente, realizada sin orden judicial alguna, y que, pese a esa violación flagrante, fueron utilizadas como prueba dentro del expediente.
Otra irregularidad notoria tiene que ver con la forma en la que en el año 2020 se le dictó al expresidente Uribe una medida de aseguramiento que lo privó de la libertad y del ejercicio pleno de su defensa, sin que existiera una imputación o prueba alguna de culpabilidad que pudiera sugerir una amenaza a la sociedad o que pudiera ejercer una obstrucción a la justicia.
Dentro de los abusos presentados en el proceso, se hicieron consuetudinarias durante una buena parte del mismo, las constantes filtraciones del expediente a los medios de comunicación, de manera selectiva y tendenciosa, las cuales crearon serias afectaciones reputacionales y una vulneración evidente del derecho al buen nombre, que se encuentra consagrado en múltiples instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
Ha sido sorprendente cómo al momento de cambiar el sistema penal que debería aplicarse al proceso, luego de la renuncia de Uribe al Senado de la República, se equiparó el llamado a indagatoria con una imputación formal, lo que a todas luces carece de rigor jurídico porque le indica una línea de acción procesal a la Fiscalía General de la Nación.
Cabe resaltar en la cadena de irregularidades el que varios de los llamados «testigos estrella» del proceso contra Uribe, han demostrado no ser confiables, bien porque fueron condenados por graves delitos durante el mandato del expresidente o sencillamente porque han sido investigados por falso testimonio, entre ellos los incentivos que les fueron ofrecidos por sus denuncias, como se ha podido observar en todas las audiencias sobre la materia.
Como si todo esto no fuera suficiente aterra cómo se cambió intempestivamente la línea procesal de la Fiscalía, luego de dos años seguidos en los que de manera consistente y bajo el amparo de la inexistencia de delito y la ausencia de dolo, solicitó la preclusión del proceso para proceder, sin justificación jurídica clara, a presentar una acusación formal.
Todas estas irregularidades son contrarias a los principales instrumentos internacionales de protección y tutela de los Derechos Humanos, por lo cual los ojos de la comunidad internacional están bien abiertos. Uribe por su parte ha atendido todos los llamados de la Justicia y ha comparecido con entereza, gallardía y honestidad, desvirtuando categóricamente todos los señalamientos en su contra.
Esta semana Uribe presentó sus alegatos en conclusión y con precisión jurídica mostró una vez más su transparencia y buen actuar, ante los ojos de todo el pueblo colombiano. El próximo 28 de Julio se espera un pronunciamiento de la Juez en primera instancia, y se conocerá su veredicto.
No hay duda que, quienes fueron contundentemente perseguidos por Uribe debido a su actuar criminal, han dejado sus huellas a lo largo de los años, intentando destruir jurídicamente a quien ha defendido la legalidad frente al terrorismo.
Esperamos que la Justicia opere sin presiones y haga prevalecer la incontrovertible inocencia de Uribe, de lo contrario, como lo diría Camus, «Cuando los derechos de alguien son violados, los derechos de todos están en peligro», y ante esta infamia las instituciones internacionales y la comunidad internacional deben actuar oportunamente.
* Iván Duque fue presidente de Colombia (2018-2022). Publicado en:
https://www.eldebate.com/internacional/20250712/colombia-deber-infamia_316428.html
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