Viviane Morales Hoyos
El proyecto populista busca “deconstruir” el orden constitucional hablando del secuestro de los poderes del Estado.
La Constitución Política de 1991 fue la primera que no se gestó en nuestra historia como carta de batalla, sino como fruto de un amplio consenso. A ella llegamos por el anhelo de paz y justicia en medio de profundas crisis. Sin embargo, al igual que las constituciones de otras democracias occidentales, se enfrenta a una serie de desafíos que ponen a prueba su vigencia y su capacidad para seguir siendo el pilar de nuestro Estado social de derecho.
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Vivimos en un tiempo de grandes transformaciones, donde los cimientos del constitucionalismo liberal y la progresiva extensión de un modelo basado en el respeto al Estado de derecho y los derechos fundamentales se tambalean. Si bien el periodo de 1990-2010 pudo considerarse, como lo señala el profesor Rafael Bustos Gisbert, “el más feliz” para el constitucionalismo, hoy enfrentamos el virus de las “regresiones constitucionales”, iniciado en América Latina y propagado –quién lo creyera– a Europa y a países donde esas conquistas parecían irreversibles.
Estas regresiones se manifiestan a través de un “nuevo constitucionalismo”, bautizado como “iliberal”. Su padre, el populismo, ya sea de izquierda, amparado en el discurso de lucha contra las desigualdades socioeconómicas, o de derecha, parapetado en la defensa de la identidad nacional o cultural. Para el efecto es lo mismo, lo relevante es su modus operandi.
Estos movimientos utilizan el cambio constitucional como un mecanismo fundamental para su ascenso y permanencia en el poder. El guion es conocido: un líder fuerte gana elecciones libres, a menudo aprovechando crisis nacionales o internacionales. Armado con un claro mandato popular, y hablando en nombre de la “voluntad popular”, procede a realizar cambios en la organización del Estado para consolidarse rápidamente.
Nuestro desafío es salvaguardar la esencia de la Constitución frente a los intentos de reescribirla, invocando una supuesta voluntad popular.
En ocasiones, esto implica la convocatoria de asambleas constituyentes o enmiendas directas a la Constitución, siempre con cambios significativos en las instituciones clave. También es común la “captura” de dichas instituciones a través de nombramientos sectarios. El objetivo es claro: controlar el Poder Judicial, especialmente el Tribunal Constitucional, los medios de comunicación, las agencias independientes y los órganos de la sociedad civil.
El proyecto populista, en esencia, busca una “deconstrucción” –chu, chu, chu– del orden constitucional vigente. Por eso, sus propuestas son, desde el inicio, profundamente críticas, argumentando que los poderes del Estado han sido “secuestrados por una élite, una oligarquía o una casta corrupta”. Esta dinámica a menudo se apoya en factores como la desinstitucionalización del sistema de partidos, la corrupción, las crisis económicas o tensiones nacionales. Con el agrietamiento premeditado, metódico y constante de la institucionalidad establecida, el líder populista busca crear un “momento constituyente” que abra el camino a respuestas radicales a las crisis y justifique una nueva Constitución.
Sin embargo, a diferencia de la práctica del constitucionalismo occidental, este momento no pretende la colaboración generalizada entre todos; por el contrario, se caracteriza por la imposición unilateral y no consensual de las nuevas normas constitucionales, pues no hay negociación con las “élites corruptas”. Por ello, el referéndum, las consultas populares son siempre preferidas a la discusión parlamentaria. Es crucial entender que estos movimientos no abandonan el lenguaje constitucional, lo utilizan como una herramienta para llevar a cabo su proyecto político y perpetuarse en el poder.
La Constitución de 1991, que en su momento fue vanguardista al reconocer una amplia gama de derechos y un modelo de Estado social de derecho, no es ajena a estos embates. Nuestro desafío es salvaguardar su esencia frente a intentos que, invocando una supuesta voluntad popular, quieren a la brava reescribir los mandatos fundamentales de la sociedad, desconociendo que estos solo pueden ser acordados, como lo hicimos hace treinta y cuatro años, por una democracia de consenso.
07.07.2025
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