Juan Guillermo Villada Arango

Petro y Cepeda usan el vocabulario de los derechos para instalar la lógica del poder absoluto. Detrás de las cuatro ‘revoluciones democráticas’ late una vieja doctrina: que el Estado es el único origen legítimo de la libertad, y quien lo controla puede rediseñar la sociedad a su antojo. Colombia todavía está a tiempo. Pero el reloj corre.

I. El vocabulario de la panacea

Hay una disciplina en la que el marxismo siempre ha sido superior a sus adversarios: la ingeniería del lenguaje. Cuando Karl Marx y Friedrich Engels publicaron el Manifiesto Comunista en 1848, sabían que la palabra ‘dictadura’ espantaba. Por eso la envolvieron en una fórmula tranquilizadora: ‘dictadura del proletariado’, que no sería la tiranía de un hombre o una casta, sino la liberación colectiva de la clase trabajadora. La promesa no era el poder, era la emancipación. No era la opresión, era la justicia. El lenguaje hacía el trabajo que el argumento no podía hacer.

Gustavo Petro e Iván Cepeda son herederos directos de esa tradición retórica. En el programa de gobierno que Cepeda presenta para 2026–2030, el término ‘revolución’ aparece decenas de veces. Pero es una revolución curiosamente aséptica: sin expropiaciones forzadas mencionadas explícitamente, sin violencia declarada, sin enemigos de clase señalados por nombre. Lo que sí aparece, con precisión quirúrgica, son sus equivalentes funcionales con nueva etiqueta: ‘Revolución Ética’ en lugar de vanguardia moral del partido; ‘Revolución Social’ en lugar de socialización de los medios de producción; ‘Revolución Agraria’ en lugar de colectivización del campo; ‘Revolución Política y Democrática’ en lugar de dictadura del proletariado. La forma cambia. La sustancia, no.

II. Qué es la dictadura del proletariado: la doctrina sin maquillaje

Marx formuló la dictadura del proletariado como una fase de transición inevitable entre el capitalismo y el comunismo. No era, en su teoría, un régimen de terror permanente, sino un período en que la clase obrera —habiendo conquistado el Estado— lo usaría para ‘expropiar a los expropiadores’, centralizar los medios de producción, eliminar las diferencias de clase y, eventualmente, hacer que el propio Estado se ‘marchitara’. Lenin la tradujo al ejercicio del poder real en 1917: el partido como vanguardia del proletariado, el Estado como instrumento de transformación total de la sociedad, la violencia como herramienta legítima de la historia.

Lo que define estructuralmente a la dictadura del proletariado —y la distingue de la democracia liberal— no es necesariamente el fusil. Es algo más profundo y más duradero: la concentración ilimitada del poder en el Estado como agente de rediseño social total. En ese modelo, el Estado no es árbitro entre ciudadanos libres; es el arquitecto de la sociedad correcta, el distribuidor de derechos, el propietario último de los recursos y el definidor de la verdad pública. No hay esfera privada que esté fuera de su alcance legítimo, porque toda esfera privada es potencialmente un obstáculo a la transformación. La propiedad privada, los contratos voluntarios, la autonomía individual, la prensa independiente: todo es, en última instancia, negociable ante el imperativo de la ‘justicia social’.

Esta estructura de poder no requiere gulags para operar. Puede operar —y lo hace con creciente sofisticación en el siglo XXI— a través de regulaciones que hacen inviable la empresa privada, expropiaciones legales disfrazadas de reforma agraria, controles de precios que destruyen la producción, monopolios estatales en educación y salud que eliminan la competencia, y —el instrumento más moderno— la amenaza permanente de una Asamblea Constituyente que suspenda los frenos institucionales existentes y rehaga las reglas del juego desde cero.

III. El manual de Petro y Cepeda: la táctica gramsciana

El intelectual marxista Antonio Gramsci, escribiendo desde la cárcel de Mussolini en los años treinta, elaboró la estrategia más sofisticada del socialismo del siglo XX: la ‘hegemonía cultural’. A diferencia de Lenin, que apostó por la toma violenta del poder del Estado, Gramsci propuso la conquista previa de la sociedad civil —universidades, sindicatos, medios de comunicación, iglesias, partidos políticos— para que cuando el Estado fuera capturado, la nueva clase dominante ya tuviera el consenso cultural necesario para gobernar sin resistencia visible. No era una revolución de bayonetas; era una revolución de categorías mentales.

Petro es un lector explícito de Gramsci. En múltiples intervenciones públicas ha citado la hegemonía cultural como el objetivo estratégico de su proyecto. Y el programa de Cepeda es, en sus partes más reveladoras, un manual gramsciano: construir ‘una nueva cultura política y social profundamente sensible ante la vida’; instalar ‘una revolución de conciencia que comience en lo más profundo de cada uno’; promover ‘una cultura de integridad que empiece en la escuela’. El Estado no solo redistribuye recursos: redistribuye conciencias. Quien define la moral pública, quien controla el relato histórico, quien decide qué es corrupción y qué es justicia, ese es el poder real. Y ese poder, en el proyecto de Petro-Cepeda, reside en el Estado.

El constitucionalista Mauricio Gaona lo advierte con precisión: la estrategia de la constituyente — que Cepeda siembra ‘ladinamente’ como respuesta al ‘bloqueo institucional’— no es un mecanismo democrático de renovación; es la herramienta técnica para eliminar los frenos y contrapesos que Madison diseñó precisamente para impedir que la ambición política sin límites destruyera la libertad. Una constituyente capturada políticamente no produce un Estado más eficiente: produce un Estado más absolutista.

IV. El estatismo como sinónimo de absolutismo: la lógica de Hayek

Friedrich Hayek publicó Camino de Servidumbre en 1944, dirigido a los socialistas democráticos británicos que creían poder planificar la economía sin sacrificar la libertad política. Su argumento central es el más incómodo de la filosofía política del siglo XX: la planificación económica central y la libertad individual son incompatibles, no por accidente histórico, sino por necesidad lógica.

El razonamiento es riguroso. Cuando el Estado toma decisiones que en una sociedad libre toman millones de individuos en función de sus propias valoraciones —qué producir, a qué precio, cómo usar la tierra, qué trabajo aceptar, cómo ahorrar— necesita imponer su escala de valores sobre la de los ciudadanos. Esa imposición no puede ser consensual para todas las decisiones, porque los valores individuales son irreduciblemente diversos. Entonces el plan requiere coerción. Y la coerción requiere poder. Y el poder centralizado sin límites es, independientemente de cómo se llame su titular, absolutismo.

El programa de Cepeda propone exactamente eso: que el Estado decida qué tierras son productivas y cuáles deben redistribuirse; que el Estado fije las condiciones del trabajo formal; que el Estado administre la renta básica; que el Estado defina qué inversión extranjera es aceptable y cuál es ‘neocolonial’; que el Estado lidere la ‘revolución de conciencia’ que transforme los valores de la sociedad. Cada una de esas decisiones expropia poder a los individuos y lo concentra en quien controla el aparato estatal. En la práctica de Hayek, eso no produce justicia social: produce la ‘servidumbre’ del título.

Y aquí la lección más amarga del siglo XX: ese camino no fue recorrido solo por Stalin o por Mao, que lo hicieron con violencia explícita. Fue recorrido también por Hugo Chávez con el 65% del apoyo electoral venezolano en 1998; por Evo Morales con la legitimidad de las urnas bolivianas; por Daniel Ortega con el respaldo internacional de la izquierda democrática. En todos los casos, el trayecto fue el mismo: promesa de libertad, expansión del Estado, erosión de los frenos institucionales, concentración del poder, empobrecimiento de los de abajo, enriquecimiento de la nueva nomenklatura.

V. La trampa del lenguaje: cómo ‘dignidad’ se convierte en dependencia

El genio político del proyecto Petro-Cepeda —y su mayor peligro— reside en que ha colonizado el vocabulario de los derechos. ‘Igualdad’, ‘dignidad’, ‘inclusión’, ‘justicia’: nadie en una democracia puede oponerse a esos valores en abstracto. La trampa está en la operacionalización. Porque en el modelo Petro-Cepeda, la igualdad no se logra elevando las capacidades de los de abajo a través de mercados más competitivos y oportunidades más abiertas; se logra redistribuyendo lo que ya existe mediante el poder coercitivo del Estado. La ‘dignidad’ no viene de la autonomía y la propiedad individual; viene del subsidio estatal. La ‘inclusión’ no es acceso a mercados libres; es incorporación a la red clientelar del Estado benefactor.

Esta distinción no es semántica. Tiene consecuencias materiales precisas. Cuando la dignidad depende del Estado, el ciudadano que recibe la renta básica, el subsidio de vivienda, el empleo público, la tierra redistribuida, tiene un incentivo estructural para votar por quien mantiene ese flujo y un miedo racional a quien lo cuestione. La dependencia del Estado no libera: crea la base electoral más estable que puede tener un proyecto de poder total. Cuba lleva 65 años de ese modelo. Venezuela, 25. En ambos casos, la ‘dignidad’ prometida se traduce en racionamiento alimentario, en colapso del sistema de salud y en la emigración de quienes pueden hacerlo como única vía de ejercer su libertad real.

Cepeda se cuida explícitamente de no asociar su ‘revolución’ con violencia: ‘no como rupturas violentas, sino como procesos históricos de transformación impulsados por la ciudadanía’. La precaución es tácticamente inteligente. Pero la historia demuestra que la violencia no es el rasgo definitorio del socialismo de Estado; lo es la coerción, que puede ser blanda o dura, pero que es siempre estructural. La reforma agraria que elimina el derecho de propiedad sin compensación justa es coerción, aunque se apruebe en un Congreso. El control de precios que destruye la inversión privada en energía es coerción, aunque se llame ‘transición justa’. La Constituyente que elimina los frenos institucionales es coerción, aunque se convoque mediante referendo.

VI. Colombia: el marcador y el tiempo que resta

El cuadro colombiano a mayo de 2026 no es catastrófico, pero las señales de deterioro institucional son inequívocas y acumulativas. El déficit fiscal supera el 5,5% del PIB. La deuda pública bordea el 55% del PIB. La inversión extranjera directa en sectores no extractivos ha caído. La informalidad laboral creció mientras el desempleo bajó —la paradoja que documenta la expulsión de los más vulnerables del mercado formal—. La reforma pensional, aprobada bajo presión, transfiere recursos del ahorro individual al fondo colectivo administrado por el Estado, creando el mayor fideicomiso político de la historia colombiana. La reforma a la salud amenaza desmantelar un sistema mixto que, pese a sus imperfecciones, tiene cobertura cercana al 95%.

El gobierno de Petro no ha instaurado una dictadura. Pero ha avanzado metódicamente en dos condiciones que históricamente la preceden: la dependencia fiscal de amplios sectores de la población del gasto estatal, y el debilitamiento de los frenos institucionales a través de la narrativa del ‘bloqueo’. Cada vez que Petro llama ‘bloqueo institucional’ a una decisión judicial que limita sus reformas, está sembrando la legitimidad discursiva de una Constituyente que elimine esos límites. Cepeda recoge esa siembra con precisión: en su programa, el ‘mandar obedeciendo’ a los movimientos sociales es la democracia; las instituciones independientes que frenan las reformas son el obstáculo a superar.

James Madison, que Botero Caicedo cita con exactitud en su análisis, diseñó los frenos y contrapesos de la Constitución americana precisamente porque sabía que los gobernantes no son ángeles. La ambición, escribió, debe contrarrestar la ambición. Colombia tiene todavía instituciones que hacen ese trabajo: una Corte Constitucional independiente, una Fiscalía con capacidad de investigar al ejecutivo, una prensa crítica, una sociedad civil organizada y — decisivo— una clase media y empresarial que aún tiene capital que perder y razones para resistir. Esas instituciones están bajo presión. Ninguna ha cedido del todo. Todavía.

VII. Estamos a tiempo: pero la ventana se cierra

La buena noticia —y en este análisis es importante decirla, porque el alarmismo sin alternativa es tan estéril como la complacencia— es que Colombia no es Venezuela de 1999. Tiene diferencias estructurales que importan: una economía más diversificada, un sistema bancario más sólido, una tradición de independencia judicial más arraigada, y —quizás lo más decisivo— el ejemplo en tiempo real del desastre venezolano para la generación que votará en 2026. Los venezolanos no tenían ese espejo. Los colombianos sí.

Pero ‘estar a tiempo’ no es lo mismo que ‘estar seguros’. Las elecciones de 2026 son una bifurcación histórica, no una rutina democrática. Si el proyecto Petro-Cepeda-Pacto Histórico obtiene un segundo mandato con mayorías parlamentarias suficientes para convocar una Constituyente, los frenos institucionales que hoy contienen la concentración de poder quedarán expuestos a un rediseño desde el poder. Y una vez que ese rediseño ocurre —como lo muestran Venezuela en 1999, Nicaragua en 2009, Bolivia en 2009— el camino de regreso es extraordinariamente costoso en términos de libertades, bienestar y sangre.

La respuesta no es el statu quo. Colombia tiene problemas reales de desigualdad, concentración de la tierra, impunidad e informalidad que ningún defensor honesto de la libertad puede ignorar. Pero la solución a esos problemas no es más Estado: es mejor Estado con menos discrecionalidad, mercados más competitivos y derechos de propiedad más seguros para los de abajo. No redistribuir la riqueza existente sino crear las condiciones para que los más pobres generen la suya. No una nueva arquitectura de poder central, sino más autonomía individual, más libertad de empresa y más frenos al poder político.

Conclusión: Llamar las cosas por su nombre

Iván Cepeda y Gustavo Petro son políticos inteligentes que han aprendido la lección central de los fracasos del siglo XX: que el socialismo no puede venderse con su nombre verdadero porque ese nombre trae el recuerdo de Moscú, La Habana y Caracas. Por eso hablan de ‘dignidad’ en lugar de igualitarismo coercitivo; de ‘revolución ética’ en lugar de vanguardia moral del partido; de ‘revolución agraria’ en lugar de colectivización; de ‘constituyente’ en lugar de suspensión de los frenos institucionales. El lenguaje es nuevo. La arquitectura del poder que proponen es vieja, y su trayectoria histórica, sin excepción, lleva al mismo destino.

La dictadura del proletariado no llegó a Venezuela con tanques en la calle el día de la toma del poder. Llegó con un discurso sobre la dignidad de los pobres, con elecciones ganadas limpiamente, con una Constituyente que reemplazó a Madison por Chávez, con subsidios que crearon dependencia y con reformas que fueron eliminando, una por una, las instituciones capaces de decir no. Eso es exactamente lo que el proyecto Petro-Cepeda tiene en su hoja de ruta, aunque ninguno de los dos lo llame así.

Llamar las cosas por su nombre no es extremismo: es la condición mínima del debate democrático honesto. Y el nombre de lo que proponen Petro y Cepeda para Colombia es: la subordinación de todos los derechos individuales al poder discrecional del Estado, administrada con el lenguaje de la liberación. Eso tiene un nombre que la historia ya conoce. Y también conoce, con precisión dolorosa, su resultado.

Colombia todavía está a tiempo de elegir otro camino. La pregunta es si tiene la lucidez de reconocer el que le están ofreciendo.