Iván Tabares Marín
El 2 de octubre de 2016 se celebró el plebiscito para refrendar el acuerdo de paz con las Farc-EP. Por curiosidad visité varios sitios de votación y me sorprendió el muy poco público en los sectores pobres de la ciudad como la ciudadela Cuba. Entonces comenté a una amiga: si el SÍ gana, como muestran las encuestas, será por muy pocos votos y no por la enorme ventaja pronosticada.
Veamos algunas conclusiones de ese evento. En primer lugar, que las encuestas fueron manipuladas en forma descarada por el gobierno Santos, como se está denunciando en estos días a raíz del fraude que tiene preparado el gobierno del exguerrillero para las próximas elecciones presidenciales, según las denuncias de Mauricio Vargas en El Tiempo: “la primera causa del lío es la ley de encuestas de 2025, que obliga a estas compañías a sobrevalorar el voto rural al exigirles un porcentaje muy alto de entrevistas en zonas rurales, y en zonas como la Orinoquía y la Amazonia, algo que favorece al candidato comunista Iván Cepeda”.
En segundo lugar, en el plebiscito del 2016, las comunidades pobres no tuvieron el estímulo tradicional para votar: un puesto, las mentiras de sus líderes de barrio, lechona, el panal de huevos de los petristas, emparedado, almuerzo, tamal o los veinte o treinta mil pesos por el voto. Esta forma de corrupción, la podemos catalogar como Corrupción 1.0, que es la convencional, la usada por todos los países del mundo, en particular los subdesarrollados como el nuestro. Liberales y conservadores han comprado votos y siguen aprovechando que el Estado es un gran proveedor de empleos y contratos.
Tercero. “Las campañas anticorrupción son la excusa preferida por los gobiernos autócratas para atacar a sus opositores”, dice Moisés Naím. La Alianza Verde, un partido que no es verde ni de centro, hizo una campaña en contra de la corrupción que nunca tomó en serio y solo tenía un fin electorero para ganar el voto de los ingenuos o mal informados. Varios miembros de ese partido están en la cárcel o van a llegar allí por el saqueo descarado de los dineros oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El M-19 ha utilizado la política para hacer millonarios a sus exguerrilleros. Carlos Ramón Gonzáles, exdirector del DAPRE, de la Alianza Verde, exguerrillero y quien recibió asilo político en Nicaragua con la colaboración de funcionarios del gobierno, es multimillonario y su esposa también. Gloria Inés Ramírez y el ministro de Salud se hicieron ricos gracias a sus cargos públicos.
La corrupción 2.0 es la cleptocracia, en la clasificación que hace Naím. Del griego clepto, robo, y cracia, gobierno: el gobierno de los ladrones. La corrupción 3.0 es el Estado mafioso, aliado de los narcotraficantes y de organizaciones internacionales del crimen como es la izquierda. El Gobierno de Gustavo Petro se ubica perfectamente en los procesos de corrupción 2.0 y 3.0, pero se ha dedicado a acusar a sus adversarios de sus propios delitos.