Eduardo Mackenzie
(1) ¿Quién intenta manipular a los testigos electorales?
El martes y miércoles de esta semana, el presidente Gustavo Petro comunicó al país, en lenguaje directo, su disposición a generar caos durante la jornada electoral prevista para el 8 de marzo. Antes de analizar la estrategia que él podría emplear para ello, es fundamental comprender el porqué de esta nueva polémica.
Resulta llamativo que ese anuncio no haya provocado la conmoción nacional que cabía esperar. Una posible explicación es que, tanto los electores como los partidos políticos, están más enfocados en resolver las complejidades, dudas y opacidades del sistema electoral vigente, que en examinar la estrategia desesperada de la Casa de Nariño.
Petro acusa a la Registraduría
La prensa, no obstante, fue clara al informar sobre el tema. José Gregorio Martínez, periodista de Panam Post, resumió la situación afirmando que, una vez más, Gustavo Petro intentó desacreditar a la Registraduría y que solicitó a los testigos de su movimiento impugnar el preconteo. Petro, además, cuestionó la información institucional que aclara que marcar más de una casilla en la consulta invalida el voto. Finalmente, anunció que los testigos crearían “su propia Registraduría”, es decir una sala de totalización paralela que pretende digitalizar, contabilizar y hacer seguimiento a los formularios E-14, según lo declarado por el jefe de Estado.
Intenciones y legalidad de las acciones propuestas
El presidente busca sustituir a la Registraduría e imponer, a último momento, reglas creadas arbitrariamente por él. Este plan constituiría una violación más a la Constitución Nacional. En su artículo 258, ésta define que el voto es un derecho y un deber ciudadano, y que el Estado debe “velar porque se ejerza sin ningún tipo de coacción”.
El intento de omitir el preconteo es especialmente grave, ya que Petro pretende entorpecer el proceso legal y legítimo del preconteo para generar un vacío en la información sobre los resultados electorales. Este vacío podría ser de 48 horas hasta de varias semanas. Según las propias palabras de Petro, “si una mesa no es impugnada, el preconteo es válido; pero si se impugna, serán los jueces los encargados de reabrir las urnas para verificar los resultados”. El objetivo es claro: paralizar el escrutinio y crear una situación de incertidumbre que se prolongue hasta que la Registraduría, posiblemente bajo presión, anuncie resultados favorables a Petro.
Limitaciones legales y función de los testigos electorales
Petro es consciente de que sus costosas campañas financieras y propagandísticas, junto con su tolerancia culpable ante la violencia y los asesinatos dirigidos a inmovilizar candidatos y electores contrarios, no serán suficientes para ocultar un posible rechazo electoral a su gobierno. Por ello, cuenta con la actuación de los testigos electorales de la coalición gubernamental para ejecutar sus planes.
El martes, Petro dio instrucciones claras a esos testigos: deben impugnar las mesas donde existan “irregularidades”. En realidad, la orden es impugnar mesas donde los resultados sean contrarios al gobierno, usando como pretexto cualquier supuesto indicio de anomalía. Al día siguiente, el partido petrista reiteró su intención de crear una “Registraduría propia” o “sala de totalización paralela”, con el fin de digitalizar, contabilizar y monitorear los formularios E-14.
Estas acciones están expresamente prohibidas por la ley. Los testigos electorales no pueden substituir a los jurados, ni asumir las funciones de aquellos. No pueden influenciar su actuación, ni realizar conteos o escrutinios. Su papel es exclusivamente vigilar el proceso y presentar reclamaciones o solicitar intervención de las autoridades, si ellos es necesario.
Advertencias legales
La ley estatutaria 1475 de 2011, en su artículo 45, define el estatuto jurídico y el campo de acción de los testigos electorales (*), permitiendo la vigilancia del proceso de votación y escrutinios, la formulación de reclamaciones y la solicitud de intervención de autoridades, pero nunca la manipulación de formularios, ni el acompañamiento a los votantes en el cubículo, ni la realización de propaganda, ni la cesión de la credencial a terceros, entre otras restricciones.
Mucho menos pueden los testigos crear una “Registraduría propia” o una sala paralela de totalización, acción que va contra el escrutinio legal realizado por los jurados de cada mesa. En conclusión, el gobierno está incitando a los testigos electorales a cometer irregularidades que pueden derivar en procesos penales por coacción electoral y falsedad en documento público. Es fundamental que cada testigo electoral sea consciente de los graves efectos legales de tales acciones.
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(2) El vergonzoso capricho de Petro de ser ‘actor’ de cine durante 5 segundos
Hay consternación en Colombia por la producción de una película sobre el Almirante José Prudencio Padilla que será financiada con recursos públicos. El presidente Gustavo Petro enfrenta críticas por destinar cuatro millones de dólares (más de 8.104.424.000 de pesos) de fondos públicos a una película sobre ese personaje histórico de Colombia, el cual podría ser encarnado por el actor y productor norteamericano Cuba Gooding, y donde Petro podría aparecer durante cinco segundos. El candidato presidencial Aberlardo de la Espriella expresó con razón que “la faceta de Petro como actor es la que menos me disgusta; lástima que sea financiada con los impuestos y la plata del pueblo, mientras miles de compatriotas mueren a diario por la inseguridad y la falta de atención médica”.
El exconcejal de Bogotá Daniel Briceño estima por su parte que la voluntad de Petro de hacer esa película, contratada por Hollman Morris, director de RTVC, es motivo de escándalo. Según Briceño, la RTVC es la “caja menor de los caprichos de Petro”. En ese mismo sentido, el senador Carlos Meisel le dijo al mandatario: “Usted puede hacer lo que le dé la gana con su plata. Pero no con nuestros impuestos”.
Nórida Rodríguez, abogada y exgerente del sistema de medios públicos RTVC, también fustigó ese proyecto. Criticó el despilfarro financiero y subrayó que la escogencia del citado actor fue decidida a espaldas de todos y arbitrariamente. Afirmó: “El dinero que se destine a la cultura es dinero bien invertido, pero indigna que un prócer del talante de José Prudencio Padilla sea interpretado por un actor extranjero abusador de mujeres y a quien se le paga con recursos públicos, recursos que también hemos aportado las mujeres”, añadió.
José Prudencio Padilla, es un emblema de las comunidades afro-descendientes e indígenas que participaron en la gesta bolivariana. Originario de Riohacha, el marino de base José Prudencio Padilla combatió en un buque de guerra español a los ingleses en la gran batalla naval de Trafalgar, en 1805, donde la armada británica derrotó a la expedición franco-española. Dejado en libertad en 1808, Padilla regresa a España y ésta lo envía a Cartagena de Indias, donde él pasará al bando patriota. Padilla será partícipe y organizador naval de las operaciones navales patriotas dirigidas por Simón Bolívar. Padilla combatirá tanto en el mar Caribe como en el río Magdalena, en la red fluvial de Guyana y en la cuenca del Orinoco, bajo el mando del Capitán de Navío Juan Nepomuceno Eslava, comandante de la incipiente Marina Nacional (1811-1815).
Durante la Reconquista dirigida por el general Morillo, el Libertador sufre derrotas y debe refugiarse en Haití, en 1816. Sin embargo, Padilla había capturado el 9 de marzo de 1815, en el Golfo de Morrosquillo, la fragata Neptuno de España. Por ese acto, la junta suprema de Cartagena lo ascendió a Alférez de Fragata. El héroe entró en la leyenda tras las acciones navales en 1820 ya como Capitán de Navío. El comanda, junto con el Almirante Brión, la campaña del Atlántico. El 24 de julio de 1823, Padilla derrotó en Maracaibo a la Real Marina Española comandada por el segundo jefe de las Fuerzas Navales Peninsulares en el Caribe, Contralmirante Ángel Laborde. Esta victoria decisiva reforzó las fuerzas de Bolívar y su avance hacia el sur del continente.
Cuba Gooding, un ex bailarín del grupo de Lionel Richie en 1952, ganador de un Oscar como el mejor segundo actor de reparto en 1997 y ganador en 2013 del premio de la NAACP al mejor actor de un telefilme, estuvo en Colombia en 2025 como jurado del Festival Smart Film. Parece que desde entonces dijo que regresaría a trabajar en la película “más ambiciosa que se haya hecho en Colombia”.
Ninguna perita en dulce, el señor Gooding difícilmente podría darle vida en un filme a un personaje grandioso para nosotros como el Almirante Padilla. Cuba Gooding ha estado involucrado en delitos por acoso sexual. En abril de 2022, se declaró culpable de maltratar a una mujer en un club nocturno de Nueva York en 2018. También admitió otras dos acusaciones de contacto sexual no consentido, en 2018 y 2019. El abogado del actor logró que eliminaran sus antecedentes de acosador sexual a cambio de hacer una terapia de seis meses contra el alcoholismo. En el verano de 2023, antes de que comenzara otro juicio, el polémico comediante llegó a un acuerdo con una mujer que le pedía una reparación de 6 millones de dólares por haberla violado en un hotel en Nueva York. Según la agencia CNN, el productor Rodney Jones aseguró haber sido manoseado por Gooding mientras departían en un yate alquilado por Sean Combs en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Ese incidente ocurrió en enero de 2023, según CNN. Pese a todo, el presidente Petro quiere ver a ese dudoso personaje encarnar al Almirante Padilla. ¿El Almirante no es digno de respeto a los ojos de Petro? ¿Hay en esto una nueva humillación a las Fuerzas Militares de Colombia?
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(3) Controversia en el Colegio Americano de Bogotá ante la visita de Iván Cepeda
Los padres de familia del Colegio Americano de Bogotá expresaron su desacuerdo ante la decisión de permitir que el auditorio de ese centro educativo sirviera de tribuna para el candidato comunista Iván Cepeda. Consideraron inapropiado que el colegio sea asociado con actividades políticas y manifestaron su rechazo de manera inmediata.
El evento, denominado “Encuentro de Espiritualidades con Iván”, fue organizado por Javier Rodríguez Sanín, director de la Iglesia Presbiteriana de Colombia, entidad que dice ser propietaria del colegio. Sin consultar a la comunidad educativa, Rodríguez Sanín invitó a Iván Cepeda a pronunciar un discurso en el auditorio en la tarde del 3 de marzo. Esta decisión suscitó críticas y protestas por parte de los padres de familia, quienes argumentaron la inconveniencia ética y política de utilizar el colegio para fines políticos. A pesar de la oposición, el evento se llevó a cabo, ignorando las protestas razonables de la comunidad educativa.
Justificación de la rectoría y críticas de la comunidad educativa
Los padres de familia insistieron en que el Colegio Americano no debe ponerse al servicio de partidos ni campañas políticas. La rectoría del colegio intentó justificar la polémica decisión, declarando a Caracol Radio que el auditorio únicamente se alquila “en las tardes, fuera del horario escolar y sin presencia de estudiantes”. Sin embargo, los padres de familia consideran que los colegios y escuelas deben ser espacios de estudio y no de politiquería, y menos aún de adoctrinamiento político marxista. Criticaron además a la rectoría por ocultar la programación del evento hasta última hora y manifestaron su malestar por la posible vinculación del nombre del colegio con las actividades de Iván Cepeda.
Comunicado de Javier Rodríguez Sanín y debate constitucional
En un comunicado sin fecha, Javier Rodríguez Sanín intentó justificar su decisión. Prometió que los estudiantes no asistirían al evento y apeló a la norma constitucional que garantiza la libertad de cultos en Colombia. Sin embargo, dicha norma no resulta relevante en este caso, ya que Iván Cepeda no utilizó el colegio para predicar sobre religión. En cambio, Rodríguez Sanín omitió mencionar el artículo 44 de la Constitución Nacional, que protege los derechos fundamentales de los niños, incluyendo la vida, la integridad física, la salud, la educación y la cultura, entre otros derechos. La legislación colombiana protege a los menores de cualquier tipo de explotación. Para resumir, permitir que un candidato político utilice un colegio para lanzar su propaganda debe ser considerado como un acto contrario a esas exigencias de derecho.
Nadie ignora la militancia de varios años de Iván Cepeda en organizaciones que invitan a los niños y a los jóvenes a involucrarse en actividades subversivas y de lucha armada, cuando éstos no son reclutados por la fuerza para realizar con ellos las más grandes atrocidades. Por lo tanto, el “Encuentro de Espiritualidades con Iván” no guarda relación con los “valores democráticos”, ni con la “doctrina cristiana”, ni con la “promoción de la ética pública”, elementos de lenguaje que el señor Rodríguez Sanín inserta, a manera de pararrayos, en su comunicado.