
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Cada cierto tiempo reaparece, con ropaje académico y tono moralizante, la vieja prédica contra la desigualdad. Cambian los nombres, se sofistican las bases de datos, se multiplican los modelos econométricos, pero el presupuesto intelectual permanece intacto: la riqueza sería una masa preexistente, una suerte de torta gigantesca cuya distribución puede corregirse a voluntad sin alterar el proceso que la genera.
En mi artículo El espantajo de la desigualdad señalé que esa metáfora —tan arraigada en la tradición clásica y reciclada por el igualitarismo contemporáneo— es profundamente engañosa. Los ingresos no se distribuyen: se ganan. No existen al margen de los intercambios y de los precios. El campesino que vende en la plaza obtiene ingreso si alguien compra; si nadie compra, no hay “porción” que repartirle. Lo mismo ocurre con el gran empresario: su fortuna depende de millones de decisiones voluntarias de consumidores que adquieren bienes y servicios que juzgan útiles.
Sin embargo, el economista francés Gabriel Zucman propone hoy un impuesto global del 2% anual sobre las grandes fortunas. La cifra parece modesta; la implicación es colosal. No se trata de gravar un flujo de renta sino un stock de capital. Es decir, no se grava lo que el patrimonio produce sino el patrimonio mismo, año tras año, como si se tratara de una cantera inagotable.
Pero el capital no es una bóveda llena de monedas de oro. Son acciones, bonos, fábricas, centros de datos, redes logísticas, proyectos de investigación. Un impuesto permanente del 2% anual, en un mundo donde la rentabilidad real puede rondar el 4%, equivale a confiscar la mitad del rendimiento. Si la rentabilidad es menor, erosiona el capital mismo. No es un ajuste cosmético: es un desincentivo estructural a la acumulación.
Se dirá que los ricos pueden pagar. Siempre pueden pagar… hasta que dejan de invertir. Y lo que importa no es cuánto ganan los ricos sino qué hacen con lo ganado. A diferencia de los potentados del Antiguo Régimen, los ricos del capitalismo reinvierten buena parte de sus ingresos en actividades productivas. Esa reinversión eleva la relación capital-trabajo, aumenta la productividad y, a la postre, los salarios reales. El crecimiento —no la redistribución— es lo que ha reducido la pobreza en los últimos dos siglos.
La evidencia empírica, tan cara a los cruzados de la desigualdad, es incómoda para su causa. Los países con más multimillonarios no son los más pobres sino los más prósperos. Allí donde se protege el capital y se estimula la inversión, florecen grandes fortunas… y desaparece la pobreza extrema. Donde se hostiga la acumulación, el resultado no es igualdad opulenta sino igualdad en la penuria.
Tampoco resiste escrutinio la obsesión con las herencias. Las grandes fortunas rara vez sobreviven intactas más allá de dos o tres generaciones. La competencia, la innovación y la inexorable soberanía del consumidor erosionan patrimonios mal administrados. No es la cuantía inicial lo que garantiza el rendimiento, sino la capacidad de asignar capital a empresas que satisfagan necesidades reales.
En el fondo, el impuesto global al patrimonio descansa en una sospecha moral: que la riqueza, por su sola magnitud, es injusta. Pero esa sospecha ignora que la riqueza en economías abiertas es el resultado de intercambios voluntarios y que gravarla sistemáticamente es gravar la inversión futura.
Sacudir el árbol puede hacer caer algunos frutos. Sacudirlo cada año, con afán redistributivo, puede terminar por secarlo. Y sin árbol no hay frutos que repartir.
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Sencilla defensa de la libertad comercial.
Luis Guillermo Vélez A.
Para un economista educado en la tradición clásica del comercio internacional es claro como el agua que la libertad comercial aumenta el bienestar de los consumidores de todos los países que intervienen en ese comercio al aumentar la variedad y cantidad de bienes y servicios a su alcance con un menor costo para todos.
El objeto de la producción es el consumo de los individuos y su riqueza no es otra cosa que cantidad y variedad de bienes y servicios que tiene a su disposición en un momento dado. El estándar es el PIB per cápita anual.
Una nación es un territorio en el que viven, producen, consumen y comercian entre sí cierto número de individuos separados comercialmente de los demás individuos del mundo por unos impuestos llamados aranceles y una moneda nacional.
Evidentemente, con relación a los individuos que viven en el Chocó los que habitamos en Antioquia no formamos una nación. Tampoco la formamos los individuos que habitamos Medellín con relación a los demás habitantes del departamento de Antioquia. Tenemos la misma moneda y no hay aduanas ni aranceles que impidan el comercio.
Es un hecho que los habitantes del Chocó son menos ricos que los de Antioquia y los del resto de Antioquia también lo son menos con relación a los de Medellín. Así las cosas, ¿Por qué no poner aranceles al comercio entre los chocuanos y los antioqueños y hacer que entre cada grupo se comercie en su propia moneda? ¿Por qué no hacer lo mismo entre los de Medellín y el resto de Antioquia? ¿Por qué no hacerlo entre los habitantes de El Poblado y los de Guayabal? ¿Por qué no poner aranceles entre tú y yo y tener cada uno su propia moneda? ¿Por qué no volver a la total autarquía y así volvernos todos más ricos?
Estúpido, ¿verdad? Pues bien, poner o aumentar aranceles entre naciones es igualmente estúpido.
La especialización o división del trabajo y el intercambio libre y voluntario entre los individuos son dos de los cinco pilares fundamentales de ese orden espontáneo que llamamos economía de mercado. Los otros tres son la propiedad individual, el cálculo económico y la moneda. Eso es lo que en un artículo del mismo nombre he llamado la Atmósfera Económica.
No he hablado ni de empresas ni de estados. Los aranceles y la tal soberanía monetaria solo pueden defenderse desde el punto de vista de los productores y de los políticos. Productores de todas las épocas y países han siempre buscado convencer a los políticos (reyes, presidente, parlamentarios, etc.) de que la riqueza de las naciones coincide o es la de sus propias empresas. Eso es lo que Adam Smith llamó mercantilismo. Después lo han llamado nacionalismo económico, soberanía nacional, etc. Se habla de proteger el empleo nacional pero lo único que se protege son los beneficios de empresarios incapaces de competir. Y, por supuesto, el poder de los políticos que se debilita con la libertad económica.
La raíz de las dos últimas guerras civiles europeas, mal llamadas guerras mundiales, fue el nacionalismo económico. Ese es el origen último de todas las guerras.
Desde Adam Smith los economistas pura sangre nos hemos esforzado por convencer a los políticos y la sociedad toda de las ventajas de la absoluta libertad comercial y de la completa libertad monetaria. Ojalá lo logremos antes de que otra guerra acabe con la humanidad o nos condene a un brutal retroceso económico.
@LuisGuillermoVl
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