Alfonso Monsalve Solórzano
El tratamiento criminal de Petro y su ministro Jaramillo contra la salud de los colombianos, está explotando. La muerte del niño Kevin Acosta por falta de medicamentos contra la hemofilia y el intento de lavarse las manos de estos dos individuos, acusando a la mamá de la responsabilidad del fallecimiento del infante, con el infame argumento de que permitió que montase en bicicleta sabiendo que era hemofílico, y de que no había, además autorizado su operación, quedó desmentida no sólo por la madre, a quien revictimizaron, sino por las sociedades científicas expertas en el tema y por pacientes que hacen el deporte de las bielas.
Los indolentes comentarios visibilizaron la desesperada situación de otros pacientes hemofílicos, quienes no han recibido a tiempo sus fármacos, pero también puso el foco, de manera irreversible a la situación por la que pasan miles de colombianos que sufren enfermedades raras, pero también los trasplantados, los que padecen cáncer; y, en general, millones de ciudadanos del común que no reciben sus medicamentos ni tienen acceso a las citas médica ni a los tratamientos y hospitalizaciones, situación ya evidente, en los informes diarios de los noticieros de TV, en los que se ve interminables filas de adultos, incluidos muchos mayores, ante los dispensadores de las EPS
Lo diciente de este asunto, es que la inmensa mayoría, son víctimas de la ineficiencia y la desidia de la Nueva EPS, intervenida por el gobierno, así como de otras EPS que han sufrido tal tratamiento. El gobierno le echa la culpa al modelo mixto, basado en la competencia, que está acabando a como dé lugar, pero lo evidente es que no tiene idea de administrar el sistema y que sus políticas de concentración, a como dé lugar y al costo que sea, en manos del estado, de los inmensos recursos que los colombianos pagamos, ha fracasado. Como fracasó en Venezuela, en Cuba y en todos los lugares donde se ha politizado la política de la salud para imponer un modelo “socialista”, que es el capricho de Petro, sin importar los muertos que deje en el camino.
Así lo demuestran, entre otras cosas, dos investigaciones académicas de gran envergadura; una, publicada en el British Medical Journal, que señala cómo Colombia tenía, hasta 2022, “un modelo de aseguramiento mixto (que) cubría al 99% de la población y mantenía uno de los gastos de bolsillo más bajos entre los países de la Organización Cooperación y el Desarrollo Económicos. Además, once de los treinta hospitales mejor calificados de Sudamérica estaban en Colombia. Este sistema se sostenía mediante subsidios estatales y competencia de mercado, permitiendo atención médica incluso para los grupos más vulnerables”. (https://www.infobae.com/colombia/2026/01/27/segun-el-british-medical-journal-la-crisis-del-sistema-de-salud-colombiano-es-por-culpa-del-gobierno-petro/ ).
Pues bien, ese modelo ha ido cambiándose a la fuerza, utilizando la corrupción, la presión y la amenaza al congreso y a las cortes y la asfixia económica. Recordemos el famoso shu, shu, shu, con el que buscaba que las EPS cayeran como fichas de dominó, ante el ahogamiento económico al que las sometió. Y un instrumento central en esta estrategia perversa, fue el recorte dramático del valor del Pago por Capitación, UPC.
Y no lo decimos los colombianos de la oposición, ni los pacientes: la reconocida revista Health Economics Review, que investiga todas las áreas de la economía de la salud -y que está ubicada en percentil Q1 en la clasificación internacional, lo que significa que está entre el 25% más alto en el mundo de la investigación en esa área, según su impacto y prestigio- sostiene que “la decisión del Gobierno de incrementar la prima del seguro de salud apenas en 5,36 % (en 2025) —un valor prácticamente equivalente a la inflación— no se basa en argumentos técnico-científicos, sino que responde a una determinación de carácter político-ideológico. Según los autores, esta medida compromete la sostenibilidad financiera del sistema y pone en riesgo la garantía efectiva del derecho a la salud para cerca de 50 millones de personas (…) Los autores advierten que esta decisión incrementa la probabilidad de que los costos en salud superen el valor de la prima, un riesgo que ya ha sido evidenciado por estudios actuariales recientes. En la práctica, señalan, esto se traduce en efectos concretos: anuncios de cierre de hospitales, suspensión de servicios esenciales —como salas de parto— y deterioro progresivo en la calidad de la atención” (https://www.eltiempo.com/salud/un-nuevo-articulo-en-una-reconocida-revista-cientifica-internacional-cuestiona-las-decisiones-del-gobierno-sobre-el-sistema-de-salud-3532152).
Y aunque en el 2026, el gobierno subió la Unidad por Capitación, UPC, el 12.94%, (9,03% para el régimen contributivo y del 16,49% para el subsidiado) esa cifra está muy lejos de lo que debió incrementarse para darles un respiro a las EPS (que para ACEMI debía ser cercano al 17,33%) para cerrar la brecha financiera, pero, que aumenta, por los costos financieros, que han subido en el 40%, gracias al incremento de los laborales en razón del aumento del salario mínimo de este año (https://www.youtube.com/watch?v=nmzyuEOt-mk).
Así las cosas, con millones de colombianos sin acceso a medicamentos, tratamientos y demás servicios, en virtud de un sistema que se agrava sin que haya solución a la vista por parte de este gobierno, estamos, como he venido sosteniendo, frente a una verdadera emergencia humanitaria, mientras el ministro Jaramillo, entrega ambulancias, alguna ya usadas, a hospitales, mientras promueve candidatos del presidente y defiende una constituyente…
En medio de semejante emergencia, en mi sentir, los partidos democráticos colombianos y la sociedad civil incumbente, con contadas excepciones, no han hecho la tarea. Pronunciamientos aislados y en tono bajo, a lo sumo. Pareciera que estamos inmersos en el miedo a Petro o en la excesiva prudencia políticas. Estamos a quince días de las elecciones parlamentarias y las acciones masivas de protesta brillan por su ausencia, mientras el presidente, su ministro de salud y sus adláteres hacen lo que quieren.
No sé si sea posible, pero debería citarse, antes del domingo 8 de marzo, una masiva movilización nacional en defensa del derecho a la salud de los colombianos y de denuncia de la emergencia humanitaria que estamos viviendo, de manera que el gobierno y sus contratistas, así como la comunidad internacional, oigan el clamor de millones de colombianos.
Y si no es posible, esa movilización, o, además de ella, pronunciamientos sistemáticos y denuncias masivos, coordinados a nivel nacional e internacional en las plazas públicas, foros, avisos de prensa, uso de redes sociales, todo lo que sirva para denunciar esta situación.
POSTCRIPTUM
Petro siente pasos de animal grande. Ya está diciendo que habrá fraude en las elecciones. Es una manera de preparar, si puede, un gran proceso de deslegitimación de las elecciones por el muy probable triunfo de la oposición y los independientes en las parlamentarias y en las presidenciales. Y digo “si puede”, porque su capacidad de convocatoria está muy disminuida, como quedó claro en el fracaso de las marchas que convocó el 19 de febrero.
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