Luis Guillermo Vélez Álvarez
Hace ya más de ochenta años, Joseph Alois Schumpeter formuló una predicción tan paradójica como inquietante: el capitalismo no sucumbiría por su fracaso económico —como auguraba Marx— sino por su éxito. En Capitalismo, socialismo y democracia sostuvo que la prosperidad generada por el sistema erosionaría las instituciones y las convicciones morales que lo sustentan, preparando así el terreno para su sustitución por el socialismo.
No sería una revolución violenta la que lo derribara, sino un cambio paulatino en la mentalidad colectiva: una demanda creciente de subsidios, garantías, protecciones y reglamentaciones; en suma, una intervención cada vez más amplia del Estado en la vida económica. El éxito material alimentaría la ilusión de que todo derecho puede satisfacerse por decreto y de que toda escasez puede conjurarse con “voluntad política”.
Algo semejante advirtió Ronald Reagan cuando dijo que los pueblos no adoptan el socialismo a sabiendas, sino por fragmentos, bajo nombres más amables. La experiencia colombiana parece confirmar esa intuición. Desde hace décadas, gobiernos de todos los signos han ampliado el perímetro estatal, aumentado la carga tributaria y multiplicado la regulación, siempre en nombre de la equidad y la justicia social. El gobierno de Petro no hizo más repetir el libreto a escala ampliada, con la complicidad de prácticamente todos los partidos políticos.
A este proceso se suma un hecho más grave: el debilitamiento moral y político de la función empresarial. No porque hayan desaparecido las oportunidades de inversión, sino porque se ha instalado un clima de desconfianza frente al éxito económico. La ganancia es presentada como sospechosa; el balance robusto, como prueba de abuso; la acumulación de capital, como una afrenta moral.
Los gremios, llamados a defender los principios de la economía de mercado, han optado con demasiada frecuencia por una actitud pusilánime y cobarde. En el debate anual sobre el salario mínimo, por ejemplo, rara vez se escucha una defensa franca de la productividad como fundamento del ingreso laboral. Se aceptan aumentos desproporcionados por temor al señalamiento mediático; se calla ante la ficción de que el salario puede fijarse por voluntad política sin consecuencias sobre el empleo informal y el desempleo juvenil.
Lo ocurrido este año no es más que la continuación de ese proceso de claudicación con el agravante, esta vez, de añadir la infamia de haber dejado solo al Consejo de Estado que salió en defensa de la ley y la jurisprudencia que rigen la fijación del salario mínimo por el Ejecutivo y, sobre todo, en defensa del estado de derecho.
Se mendigan alivios sectoriales en los ministerios mientras se consiente el deterioro del marco institucional general. Se negocia la excepción en lugar de defender la regla. Y así, en vez de erigirse en voceros de la propiedad privada, la libre contratación y el Estado limitado, muchos dirigentes empresariales parecen resignados a administrar el declive.
Esta conducta confirma, con inquietante exactitud, el diagnóstico de Schumpeter sobre una clase empresarial incapaz de sostener intelectualmente el sistema que la hizo posible. Cuando quienes se benefician del capitalismo no creen en su legitimidad moral ni en su superioridad productiva, el terreno queda libre para los demagogos.
El resultado es un capitalismo deslegitimado, acosado por una fiscalidad creciente, por una legislación laboral rígida y por una opinión pública educada en la sospecha frente al lucro. Un capitalismo que produce riqueza, pero carece de defensores convincentes.
La defensa del orden liberal debe ser, ante todo, una defensa moral y política de la libertad y responsabilidad individuales y de la dignidad de la empresa como creadora de riqueza. Si los empresarios y los dirigentes políticos que creen en la economía de mercado no asumen esa tarea con valentía, Colombia podría comprobar que el capitalismo no muere por incapacidad de acabar con la pobreza: muere por cobardía.
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