Alfonso Monsalve Solórzano
Como todos sabemos, el Consejo de Estado ha tomado la decisión de suspender provisionalmente el alza del 23.7% del salario mínimo decretada por el gobierno de Petro y otorgarle ocho días para que presente una propuesta que se ajuste a los parámetros legales establecidos 1996, según los cuales, la propuesta debe considerar el índice de inflación, la productividad anual y el PIB del año que finaliza.
Para todo el país fue claro el uso del salario mínimo como una arma política del petrismo–cepedismo, PC, que buscaba ganar adeptos para su campaña electoral en la recta final de las elecciones presidenciales y de congreso, presentándose como el representante de los trabajadores; pero, adicional y concomitantemente, la medida era una provocación a las fuerzas democráticas y a los empresarios, también para sacar réditos electorales. Me explico: estaba destinada a buscar una reacción visceral de reclamaciones y protestas de esos sectores, que el PC aprovecharía para predicar el odio de clases y propiciar enfrentamiento con los trabajadores, en esta época de decisiones electorales.
Y la decisión del Consejo de Estado, que simplemente está actuando en derecho y preservando la constitución y las leyes, les cayó como anillo al dedo para incendiar la campaña a menos de un mes de las elecciones del congreso y las consultas y un poco más de tres meses para la primera vuelta presidencial y cuatro para la segunda, si la hay.
Pues bien, ni las fuerzas políticas defensoras de la democracia, ni los empresarios cayeron en la provocación. En efecto, candidatos y voceros de los partidos de oposición y grupos independientes, así como de los gremios más importantes del país concordaron que, independientemente de lo que decida finalmente, desde el punto jurídico el Consejo de Estado, no es bueno echar para atrás el aumento del 23.7% por una que lo rebaje, pues se trata de un hecho cumplido; y, que independientemente de las dificultades económicas que se deriven de su cumplimiento, los trabajadores no pueden verse perjudicados. De parte de los empresarios y los grupos políticos antipetristas esta posición es una muestra de realismo y sensatez. Y en los dos casos, una prueba de la convicción de que la lucha de clases no es la manera de resolver los conflictos colombianos.
Y, por supuesto, es el fracaso del PC, que no podrá aprovecharse de su perfidia para derrotar a las fuerzas democráticas y a la sociedad civil colombianas. Ahora el PC tendrá que presentar una propuesta de salario mínimo siguiendo el procedimiento establecido. Hará todo lo posible para enlodar aún más al Consejo de Estado, que, como dije, estaba simplemente cumpliendo con su deber, así como a sus adversarios políticos, pero no le funcionará.
POSTSCRIPTUM
Es repugnante que mientras Córdoba se inundaba Petro se hacía fotografiar en la Isla Gorgona, caminando, rodeado de escoltas, cogido, con su mano izquierda, de su amante y portando en la derecha, un arma; o posando en un calabozo, denostando a sus oponentes.
Y cuando por fin llega a Montería, para el colmo, al día siguiente de lo finalmente agendado al Consejo de Ministros que convocó, dice: “Tengo que confesar aquí que estaba escapándome de que me maten, por eso anoche no pude llegar. No pude aterrizar en donde debía aterrizar. Ni siquiera en donde debía aterrizar prendieron luces”, contó el jefe de Estado en la transmisión en vivo del encuentro con el gabinete. Y agregó: “Cogimos mar abierto (durante) cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar (…) escapándome de que me maten con mis hijos” (eltiempo.com/politica/gobierno/presidente-gustavo-petro-denuncia-intento-de-asesinato-en-su-contra-mientras-viajaba-en-helicoptero-hacia-cordoba-escapandome-de-que-me-maten-353134).
Parece la típica historia del pastorcillo mentiroso.
Y en ese caótico consejo de ministros en Montería acusa a un general de que quiso meterle drogas en el carro para sabotearle la reunión con Trump, y lo destituye sobre la base de un anónimo de su servicio de inteligencia de bolsillo. Y no olvidemos que ese oficial es precisamente ese que allanó la casa de Benedetti en Barranquilla por orden de la magistrada Cristina Lombana de la CSJ.
Allá, Petro habla con sus áulicos del gabinete, pero eso sí, no con los nueve alcaldes cordobeses, a los que se negó a recibir, porque ese estaba en “un consejo de ministros y no una fiesta”.
Y lo único que se le ocurre es decretar una nueva emergencia económica, destinada especialmente a Córdoba -mientras la primera está suspendida por la Corte Constitucional-, para recoger mínimo 8 billones, creando un nuevo impuesto al patrimonio. ¿Por qué mejor no utiliza los billones de pesos no ejecutados que tiene en bancos y fiducias? Porque su objetivo es esquilmar, no servir realmente a su gente.
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