Carolina Restrepo Cañavera*
“El gobierno, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, acaba de cruzar una línea que no puede pasarse sin consecuencias: ha solicitado a empresas privadas información confidencial sobre los criterios internos que utilizan para fijar precios, descuentos y márgenes de ganancia.
La SIC no está preguntando por prácticas de competencia desleal ni por abusos específicos. Está exigiendo, como si fuera legítimo, que las compañías le entreguen la lógica completa de su formación de precios, incluyendo parámetros técnicos, estructuras de costos, evolución de la tasa de cambio, márgenes mínimos, duración de listas, algoritmos internos y sistemas automatizados de decisión.
Lo llaman supervisión. Es intimidación.
Este tipo de requerimiento no solo es jurídicamente cuestionable, sino económicamente alarmante. La Constitución consagra la libertad económica y la iniciativa privada como pilares del orden económico (art. 333), y protege explícitamente la reserva comercial de la empresa. El Estado tiene funciones de inspección y vigilancia, pero no puede, ni debe, entrometerse en la médula del diseño empresarial ni exigir que se revelen estrategias comerciales legítimas bajo amenaza de sanción.
Una cosa es sancionar conductas que violen la libre competencia. Otra, muy distinta, es fiscalizar preventivamente cuánto gana una empresa, cómo calcula sus márgenes y por qué varía sus precios. El paso de la vigilancia a la sospecha estructural es el primer síntoma del autoritarismo económico.
Detrás de estas preguntas, lo que se perfila es un nuevo modelo: la judicialización de la rentabilidad. El Estado, que no ha logrado ejecutar ni el 65% de su presupuesto en inversión, ahora decide que lo urgente es controlar la manera como los privados fijan precios. No para corregir abusos comprobados, sino para, según su lógica, “vigilar el comportamiento del mercado”.
Pero la vigilancia que se mete con los precios, los márgenes y las fórmulas de cálculo deja de ser técnica. Se convierte en un instrumento de poder.
Este clima de sospecha y señalamiento a la empresa privada como culpable de todo: de la inflación, del hambre, de la pobreza, no solo es injusto. Es económicamente devastador. Porque en lugar de corregir las ineficiencias del Estado, se busca someter a quienes sí producen, sí invierten, sí generan empleo. La pregunta no es cuánto gana el empresario. Es por qué el gobierno, teniendo más de 500 billones de pesos en el presupuesto, no logra convertirlos en salud, seguridad y educación.
Cuando el Estado quiere saber cómo fija precios el privado, pero no sabe cómo ejecutar el suyo, algo está muy mal.
Y cuidado: este no es un episodio menor. Es el ensayo general del control de precios por vía indirecta. Es la preparación del terreno para intervenir el margen de ganancia como si fuera inmoral ganar.
Es el punto de quiebre donde el regulador deja de defender el mercado y empieza a disciplinarlo.
Hoy piden información. Mañana prohibirán subir precios. Y después nos dirán cuánto podemos ganar.
Esto no es economía. Es miedo.
Y cuando el miedo entra por la puerta, la inversión salta por la ventana.” (Febrero 4)
* Publicado en su cuenta de X (@carorestrepocan).
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