Eduardo Mackenzie
Señal Colombia, un medio bajo la dirección del cuestionado Hollman Morris, se dedica ahora a financiar filmes de propaganda en favor de su patrón, Gustado Petro. El inquilino de la Casa de Nariño pretende animar al Pacto Histórico, la coalición de grupúsculos que dice estar dispuesta –si gana la elección presidencial de este año–, a reforzar al extremo la obra antidemocrática y anticapitalista que dirige, desde agosto de 2021, el agonizante régimen de Petro.
El “documental” que fue pagado con dinero de los colombianos pretende instaurar un culto de la personalidad. Su título: “Petro: décadas de lucha, un pueblo decide”. Señal Colombia resume su creación así: “Un recorrido por la vida y la trayectoria política de Gustavo Petro: desde sus inicios como joven dirigente hasta su llegada a la presidencia, pasando por las campañas de 2018 y 2022 y los hechos que marcaron la historia reciente del país.” Olvida decir que el “joven dirigente” era en realidad un miembro de base del grupo terrorista M-19, autor de cientos de atrocidades contra civiles, magistrados y miembros de las fuerzas del orden. Ni jefe, ni “comandante”, ni “dirigente”, Petro fue en esos años un cruel carcelero de víctimas secuestradas por la banda que dirigía un ex miembro de las Farc, Jaime Bateman. Y ¿cuáles son los “hechos que marcaron la historia reciente del país”? ¿El llamado “estallido social” de 2021?
Señal Colombia se autodefine como un canal de TV, dedicado a la “construcción de ciudadanía”, como “un referente para el trabajo y divulgación de los valores culturales y democráticos”. Hacer apología de la violencia y de la subversión armada es un insulto a tales postulados. Señal Colombia tiene sobre todo una audiencia infantil y joven. Dice que programa “series infantiles con dibujos animados, películas y series enfocadas para jóvenes y adultos, documentales y entrevistas sobre música, danza, cultural y naturaleza.” La pseudo biografía de Gustavo Petro busca enviar mensajes perniciosos a los niños y jóvenes colombianos. La Procuraduría General de la Nación, así como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, Unicef Colombia y el Instituto de Bienestar Familiar, deberían investigar y sentar una posición ante semejante abuso de autoridad.
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