Ernesto Macías Tovar
Ante el fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la violación de topes en la financiación de su campaña, Gustavo Petro reaccionó como era previsible: despotricó del organismo y trató, una vez más, de tapar el sol con un dedo negando lo evidente. Tras una larga y dispendiosa investigación -entorpecida por obstáculos y recursos interpuestos por la misma campaña- la
autoridad electoral concluyó que el hoy presidente excedió los topes en 3.042 millones de pesos y ocultó 3.698 millones. En síntesis, hubo trampa a la ley.
Y frente a las dudas que el propio Petro intentó sembrar sobre la competencia del CNE, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado zanjó cualquier ambigüedad: ese organismo sí es competente para investigar administrativamente las violaciones a las reglas de financiación de las campañas presidenciales. Lo cierto, más allá de los alegatos, es que la campaña de Petro no fue ni limpia ni transparente en el origen ni en el manejo de los recursos. Hubo excesos y opacidades por donde se mire.
Pero reducir el problema únicamente a los topes sería ingenuo. La campaña de Petro estuvo atravesada por otros episodios que no se pueden borrar de la memoria colectiva nacional. Ahí está, por ejemplo, la videollamada de junio de 2022, en plena definición de estrategias del Pacto Histórico, en la que el principal asesor Sebastián Guanumen afirmaba que el objetivo era “trabajar una línea de defensa y ataque”, lo que implicaba “crear contenidos para bodegas” y “correr un poco la línea ética”. Ese “poco” fue, en realidad, muchísimo.
Dentro de esa misma lógica, Guanumen planteaba atacar al candidato Federico Gutiérrez vinculándolo falsamente con el narcotráfico mediante grupos de WhatsApp y Telegram. A esto se sumaron los videos filtrados desde la propia campaña, en los que el senador Roy Barreras, entonces parte del equipo estratégico, proponía operaciones para atacar y desacreditar a rivales como el mismo Fico Gutiérrez y Alejandro Gaviria. Era una ofensiva sistemática, diseñada, calculada y burda.
No puede olvidarse tampoco el tristemente célebre “Pacto de La Picota”. Fue el propio hermano del candidato, Juan Fernando Petro, quien reconoció que junto con Danilo Rueda -después nombrado alto comisionado de Paz- visitó cárceles donde estaban recluidos jefes mafiosos y políticos corruptos condenados para buscar su apoyo electoral. La operación tenía un propósito explícito: obtener votos en regiones donde Petro históricamente había sido derrotado, a cambio de compromisos con aquellos criminales. Una trampa mafiosa en toda regla.
A ello se suman las confesiones de Armando Benedetti -el otro nuevo mejor amigo de Petro- quien, pese a sus líos judiciales, continúa ocupando cargos privilegiados en el gobierno. En grabaciones divulgadas, Benedetti afirmó sin ambages que consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña en la Costa Caribe. Y están también las declaraciones, públicas y ante la Fiscalía, de Nicolás Petro, aceptando la entrada de dineros de procedencia turbia para financiar la campaña presidencial.
Estos episodios no son anécdotas aisladas: forman un patrón. Podríamos enumerar otras trampas que caracterizaron la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero el espacio no lo permite. Por eso es necesario decirlo con claridad: la violación de topes es apenas una pieza -quizá menor- dentro de un entramado mucho más amplio de irregularidades e ilegalidades. Y aunque hoy pretendan minimizarlo, lo cierto es que sí hubo trampas. Y muchas.
@ernestomaciast
5 de Diciembre de 2025
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