Carolina Restrepo Cañavera*
“Desesperados por cobrar, incapaces de ejecutar
El gobierno está desesperado. No por gobernar bien, no por ejecutar con eficiencia, no por mejorar el clima de inversión ni por reducir el déficit de confianza. Está desesperado por cobrar. Esa es la única urgencia real que los desvela.
Tras más de tres años de improvisación presupuestal, promesas grandilocuentes y una retórica de justicia social que no se tradujo en política pública efectiva, al gobierno le queda un solo recurso: recurrir a otra reforma tributaria. No para corregir fallas del sistema, ni para dinamizar el aparato productivo. Lo que buscan es oxígeno fiscal para aguantar políticamente un año más.
Y como el Congreso empieza a decir que no, porque hay elecciones, porque hay recesión, porque hay realismo, ahora acusan a la oposición de “poner en riesgo la estabilidad económica del país”. Pero la verdadera noticia es otra: hoy fue radicada la ponencia de archivo del proyecto de reforma tributaria del gobierno Petro. La presentó Katherine Miranda, la respaldó Efraín Cepeda y se sumó la mayoría de la Comisión Tercera del Senado. Ese archivo no es visceral. Es técnico. Es político. Y es justo.
La narrativa del gobierno es tan infantil como peligrosa: si no me aprueban más impuestos, no podré cumplir con los programas sociales. Pero si el país está sin ejecución, si los saldos del Tesoro son escandalosamente altos, si las transferencias no fluyen, ¿qué es lo que están protegiendo?
El propio Minhacienda reconoció en debates anteriores que tienen billones de pesos represados. ¿Y aun así quieren más? ¿Para qué? ¿Para seguir acumulando recursos en lugar de ejecutarlos? ¿Para esconder su ineficiencia detrás de discursos épicos?
No hay reforma fiscal que salve a un gobierno que no sabe ejecutar.
Una subida de cargas en este contexto estrangula a las familias formales, encarece la operación empresarial y frena la productividad. En un país donde la formalidad es frágil, seguir golpeándola desde el papel es una irresponsabilidad histórica.
Y el aumento al impuesto al carbono se traduce en un alza directa del precio de la gasolina, lo que impacta a más de 12 millones de colombianos vulnerables que usan una moto o un carro como medio de trabajo y transporte. Esa no es una política ambiental. Es una medida recaudatoria disfrazada de causa noble.
La reforma tributaria del gobierno no tiene enfoque de reactivación económica. No busca dinamizar sectores productivos, ni simplificar cargas, ni reducir la evasión real. Solo pretende sacar más plata de los mismos bolsillos. Pero esta vez, sin tener con qué prometer más allá de lo simbólico.
El problema fiscal del país no es de ingresos. Es de prioridades. Es de incompetencia. Es de un Estado que confunde recaudar con gobernar.
Y ahora que el Congreso ha hablado con hechos, no con tuits, sino con archivo formal, el Ejecutivo lanza acusaciones emocionales, como si oponerse a más impuestos fuera herejía moral. Como si cuestionar la arquitectura fiscal fuera traicionar a los pobres. Como si negarse a alimentar un presupuesto sin ejecución fuera poner en peligro la patria.
No. El peligro real es otro: un gobierno que rompe la regla fiscal, que desnaturaliza el presupuesto, que usa las transferencias como chantaje político, y que cuando se queda sin argumentos, se escuda en la retórica del hambre para justificar nuevos atropellos tributarios.
Que no vengan ahora con el cuento de que la culpa es del Congreso. La culpa es del modelo que escogieron: centralismo asfixiante, gasto sin impacto, y una soberbia que confunde justicia social con chequera estatal.
Colombia necesita responsabilidad fiscal, pero también necesita responsabilidad ejecutiva. No más reformas para encubrir fallas. No más impuestos para financiar ineficiencia. No más discursos que prometen mucho y entregan poco.
Hay un límite, incluso para la narrativa. Y este gobierno ya lo cruzó.” (Noviembre 21)
* Publicado en su cuenta de X (@carorestrepocan).
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