Alfredo Rangel
Hoy el presidente Petro reivindica las banderas del M-19 en todas sus manifestaciones.
En el asalto al Palacio de Justicia hace 40 años, el M-19 actuó de hecho como un grupo de sicarios al servicio del narcotráfico. El M-19 fue fletado por Pablo Escobar para realizar una operación de castigo y muerte contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el fin de tumbar el tratado de extradición que recientemente había firmado el Gobierno colombiano con el Gobierno de Estados Unidos.
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Los narcotraficantes de esa época, dirigidos por el criminal Pablo Escobar, le temían a la extradición más que a la muerte, según ellos mismos lo reconocieron. “Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”, era su consigna.
Hacía pocos meses, ellos habían acribillado a tiros al ministro de Justicia de entonces, Rodrigo Lara Bonilla, por apoyar la extradición. Ahora iban por el botín mayor: los magistrados de las salas constitucional y penal de la Corte Suprema de Justicia, en cuyas manos estaba tumbar o mantener ese tratado de extradición y aplicarlo. Para ello, Pablo Escobar decidió financiar el asalto a la Corte Suprema cuando el M-19 le solicitó su apoyo financiero.
Según el testimonio de John Jairo Velásquez, alias Popeye, entonces jefe de sicarios de Pablo Escobar, dos de los principales jefes del M-19, Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina, fueron a entrevistarse con Escobar para solicitarle que les financiara la operación. Según Popeye, Escobar les dijo: “Voy a darles dos millones de dólares, pero habrá otros cinco que les esperan al final de la operación”. Según este mismo testimonio, a cambio de su apoyo, Escobar le había exigido al M-19 matar a los magistrados porque ellos habían “aprobado la extradición”. Esta narración de los hechos coincide con la versión que le dio Virginia Vallejo, amante de Escobar, al magistrado Nilson Pinilla, miembro de la Comisión de la Verdad que organizó la Corte Suprema de Justicia y publicó su informe en 2020, y de la cual también hicieron parte los magistrados José Roberto Herrera y Jorge Aníbal Gómez. La hermana de Pablo Escobar, Alba Marina Escobar, también confirma que él financió el asalto al Palacio de Justicia.
Lo justo sería que los militares que todavía siguen involucrados en procesos judiciales o que fueron condenados por hechos relacionados con el asalto al Palacio de Justicia reciban también un trato similar.
Esta relación del M-19 con los narcotraficantes era continua. Vera Grave, dirigente del M-19, en su libro Razones de vida dice que había una relación “amistosa” basada en una “solidaridad de clase”. Señala que: “Cuando estábamos en dificultades, ellos nos ayudaban y nos protegían (…) nos prestaban sus casas y sus propiedades (…) donde la dirección del M-19 hacía reuniones (…) ellos nos ayudaron a transportar y a atender a nuestros camaradas heridos”. Pero no solo eran amigos, sino socios en sus ataques contra el Estado.
La Comisión de la Verdad narra cómo lo primero que hizo el M-19 al iniciar el asalto al Palacio fue subir al cuarto piso, lejos del sitio por donde entraron, y asesinar a todos los magistrados que encontraron: cuatro de la sala penal y tres de la sala constitucional. Luego, en las postrimerías del asalto, por orden de Andrés Almarales, jefe de los asaltantes, fueron asesinados a sangre fría los magistrados Horacio Montoya Gil y Manuel Gaona, autor de la ponencia que aprobaba la extradición. De esta manera, concluye el magistrado Pinilla, “el M-19 terminaba de pagarle la promesa a Pablo Escobar de matar a todos los magistrados de la sala constitucional y de la sala penal”. Esta barbarie es la que Petro considera hoy una genialidad y un acto heroico.
El M-19 fue, en su momento, beneficiario de una amnistía incondicional. Nunca reconoció la verdad de los hechos y más bien se dedicó a ocultarlos y distorsionarlos. Hoy, el presidente Petro reivindica las banderas del M-19 en todas sus manifestaciones. Como es imposible hoy retirarle al M-19 esa amnistía que le concedieron la sociedad y el Estado, lo justo sería que los militares que todavía siguen involucrados en procesos judiciales o que fueron condenados por hechos relacionados con el asalto al Palacio de Justicia reciban también un trato similar, se les suspendan los procesos y las penas, sin desmedro de la reparación que el Estado debe hacerle a las víctimas. Sería al menos un paso para cerrar tantas heridas abiertas.
06.11.2025
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