El asalto al Palacio de Justicia

Alfonso Monsalve Solórzano                                                                    

El pasado jueves se conmemoraron los 40 años del asalto del M-19 al Palacio de Justicia.  Durante todo ese tiempo esa organización ha intentado pasar de agache haciendo lo que he dado en llamar poshistoria, una variante de la posverdad, entendida esta como la “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales” (RAE).

La poshistoria sería la tergiversación consciente y sistemática hecha por un grupo, de los hechos históricos y/o su ocultamiento, para acomodar su relato, haciéndolo pasar como una verdad histórica con la finalidad de desdibujar la realidad, que es la negación de lo que afirman o la existencia de lo que omiten. Generalmente, quienes practican la poshistoria   culpan a los otros de sus horribles crímenes, muchos de ellos de guerra y de lesa humanidad; o, borran la participación de quienes deciden excluir del grupo, en situaciones dignas de exaltar en las que aparecen, para literalmente, borrarlos de la historia.

Este último caso es típico de los historiadores de la Unión Soviética y su partido bolchevique, quienes excluyeron a personajes tan influyentes como Trotsky -al que, además, Stalin ordenó asesinar en México- y a Bujarin y Kameniev, entre otros, a quienes mandó fusilar. En el plano nacional, recuerdo que un periodista borró de una fotografía en la que aparecía con el dirigente Francisco Mosquera, a un contradictor que fue expulsado del Moir.

El primero, tiene varios ejemplos asociados al nazismo, al bolchevismo y al fascismo, y aquí en Colombia, a la extrema izquierda, precisamente, con el asalto al Palacio de Justicia. Petro dijo a un magistrado que la acción era una “genialidad”, tratando de desdibujar el hecho de que fue un acto terrorista en el que esa organización cometió varios crímenes de lesa humanidad, como el secuestro masivo de civiles y el asesinado de muchos de ellos en estado de indefensión; y cuando el país protestó, afirmó que no había dicho eso; lo que, si era cierto, según él, es que el M-19 no había asesinado a ningún magistrado. Y como si fuera poco, negó que el narcotráfico al mando de Pablo Escobar hubiese financiado con dos millones de dólares el asalto a cambio de la quema de los expedientes de los extraditables, aseveración que hicieron alias Popeye y Virginia Vallejo entre otros. 

A propósito, hay en esa historia algo retorcido que habla de la catadura moral de los asaltantes, pues esta alianza se hizo a pesar de que tiempo atrás los del M-19 casi fueron exterminados por los narcotraficantes, que crearon una organización llamada Muerte a Secuestradores, cuando esa guerrilla secuestró a Martha Nieves Ochoa, por la que pedían 12 millones de dólares. El acontecimiento refleja que el M-19 de secuestrador pasó a exterminado y luego a aliado del narcotráfico. Los vínculos de la guerrilla con la mafia son de muchísimos años.

Como consecuencia del negacionismo sobre la responsabilidad del M-19 en el asalto del Palacio, del cual Petro es el adalid, esa herida no se ha cerrado:  a principios de los noventa el grupo fue amnistiado, pero militares y policías han sido investigados y en algunos casos, privados de su libertad. Hay una gran asimetría y una gran injusticia porque la verdad sobre la participación de ese grupo en el asalto, en tanto que grupo terrorista, no se ha admitido por parte de quienes hicieron parte del M-19.  En efecto, pareció acabarse después de la amnistía, haciendo tránsito a la vida civil, convirtiéndose en AD M-19 y luego diluyéndose en el PDA y Colombia Humana, sin que sus militantes hubiesen tenido que asumir responsabilidad alguna. Pero sus banderas han reaparecido durante el gobierno de Petro y hay analistas que piensan que podría existir una estructura clandestina activa; y aunque no la hubiese, existen individuos de esa organización que podrían contribuir con la verdad sobre el asalto.

Mientras tanto, el hecho es que el relato glorificante del papel del M-19 en el asalto todavía se mantiene; que, afirma que, además, es cierto; que la etiqueta de grupo heroico le ha servido al presidente para llegar a su cargo; que la ha utilizado para gobernar y que funcionarios clave en la administración del presidente han sido del M-19. Todo esto sobre la base de una falsificación de la verdad y de la historia.

Por todo eso, es importante reabrir el debate sobre la verdad del asalto al Palacio de Justicia y la vigencia jurídica de amnistías que no han cumplido, por parte de los beneficiados, con la condición de decir la verdad y reconocer su responsabilidad. Lo dice nadie menos que el actual presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez (www.eltiempo.com, consultado el 08.11.2025).  Además, porque es una amnistía sobre actos terroristas, los cuales no son amnistiables, de acuerdo con los tratados de derecho internacional que ha firmado Colombia.

Petro debe asumir su responsabilidad como miembro de la dirección nacional del M-19 que era, a pesar de que estuviese preso, porque debió participar en la nefasta decisión, en lugar de estar fomentando el odio de clases y la confrontación con las Cortes del país.

Petro ha convertido el hecho inadmisible de que Bolívar decretara en 1813, en Trujillo, el decreto de “Guerra a muerte” contra los españoles, en el que también emplazaba y amenazaba de muerte a la población criolla, bajo el leme de “Conmigo o contra mí”, decreto que produjo violencia, saqueos, ejecuciones sumarias y que se mantuvo hasta 1820 cuando firmó un acuerdo de regularización de la guerra con Pablo Morillo.

He dicho inadmisible siendo consciente de que me causará críticas. Al Libertador hay que recordarlo por su genial ideal de crear una gran nación hispanoamericana que les diese posibilidades a los territorios al sur del Rio Grande, de constituirse como independiente, fuerte y próspera. También, por su genio militar, que derrotó a España y dio luz a cinco repúblicas; no por su política de exterminio, que afortunadamente echó para atrás, ni por su manera de dividir al pueblo en dos bandos: los que están contra él y lo que no.

Ese precisamente es el legado que recoge Petro, cuando se proclama “oficial de Bolívar”. Es lo que hace, como acabo de decir, en sus discursos de odio contra las cortes a las que, incluso, ordenó asediar físicamente; es lo que hace cuando se pone el pin de la bandera de “guerra a muerte” y ataca con saña a los que le critican su política de paz total, que ni es de paz, ni es total. Y sí no, veamos los resultados de su política: 

“En lo que va del Gobierno Petro, las disidencias de las Farc pasaron de 3.275 a 9.634 hombres. El Clan del Golfo incrementó el número de integrantes de 4.061 a 8.945, y lo mismo ocurrió con el ELN, de 5.885 a 6.699. Eso quiere decir que 25.278 personas representan hoy la amenaza criminal en Colombia, según cifras oficiales conocidas por SEMANA. Llama la atención que en 2002, cuando Álvaro Uribe inició su primer mandato, esa cifra total estaba por el orden de los 20.000 alzados en armas, incluyendo a las Farc de entonces. En los últimos tres años y medio, las disidencias de las Farc se fortalecieron durante los 459 días de cese al fuego ordenados por Petro, en el caso del grupo comandado por Iván Mordisco, y de los 762 días en los que no hubo combates, en el caso de alias Calarcá.” (www.semana.com, confidenciales. Consultada el 08.11.2025).

Terminar la guerra a muerte contra los colombianos a través de su política de paz total para convertirse en un oficial de los colombianos y no del terrorismo.

 

POSTSCRIPTUM I

Los candidatos del Centro Democrático están empeñados en convertir ese partido en la cola de ratón de la consulta de marzo, donde se medirá con otras fuerzas de centro derecha para escoger un candidato de unidad para las presidenciales del 2026. De espaldas a la militancia y al país, han amarrado a esa colectividad a sus egos, inversamente proporcionales a sus posibilidades, de seguir en esa tónica. El CD podría poner presidente, pero como va, quedará de último en la consulta. El partido no les pertenece. Los votos y su prestigio son prestados, se los deben a Uribe. Sin su aval y el del CD no son nada.

El expresidente Uribe está llamado a poner orden, y pronto. Y dentro de los canales establecidos por el partido.