Carolina Restrepo Cañavera*
(1) “Cuando un presidente llama narcotraficante a otro
Que el presidente de los Estados Unidos le diga al presidente de Colombia que es un “líder del narcotráfico” no es un exabrupto. Es una acusación internacional y una ruptura diplomática de primer orden.
Donald Trump habló desde el poder, no desde la provocación. Y cuando lo hace el presidente del país más influyente del hemisferio, cada palabra tiene peso jurídico, político y financiero.
Llamar “líder ilegal de drogas” a Gustavo Petro equivale a negarle legitimidad como interlocutor y a degradar a Colombia a la categoría de Estado sospechoso.
Durante décadas, Colombia fue el aliado estratégico de Washington en la lucha contra el narcotráfico. Hoy, bajo el discurso del “fin de la guerra contra las drogas”, se volvió el país que legaliza cultivos, desmonta la extradición, reduce la erradicación y negocia con quienes controlan el negocio.
Trump no inventó nada: puso en voz alta lo que ya se comenta en voz baja en todas las cancillerías.
El impacto será devastador. Estados Unidos no necesita romper relaciones para aislar a un gobierno; basta con cerrar la cooperación, suspender la asistencia y emitir una descalificación pública.
En diplomacia, eso equivale a una sanción.
Petro podrá victimizarse, indignarse o recurrir al libreto del “imperialismo”, pero el mensaje ya quedó grabado: el presidente de Estados Unidos lo considera parte del problema, no de la solución.
Y cuando lo dice la Casa Blanca, los organismos multilaterales, los bancos y los inversionistas escuchan.
Colombia no puede pagar el precio de la torpeza ideológica de un solo gobierno.
Pero cada vez que Petro se enfrenta con medio planeta, el país pierde credibilidad, inversión y respeto.
Y cuando el presidente de Estados Unidos te llama “líder del narcotráfico”, ya no hay diplomacia que lo borre, ni retórica que lo maquille.” (Octubre 19)
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(2) “El CNE y la farsa de la revocatoria anticipada
¿Qué es esta payasada? ¿Cómo puede un organismo como el Consejo Nacional Electoral prestarse para semejante absurdo jurídico y político? El CNE acaba de decretar la apertura de una indagación preliminar para “revocar la inscripción” de la candidatura de Álvaro Uribe Vélez, cuando ni siquiera hay listas inscritas, ni calendario electoral abierto, ni decreto de convocatoria expedido. ¿Revocar qué, exactamente? ¿Una aspiración hipotética? ¿Un rumor? ¿Un titular? Esto no es un error técnico: es una farsa institucional. Un acto jurídicamente imposible, procesalmente anticipado y políticamente dirigido.
Según el propio auto del CNE, firmado por el magistrado Alejandro Baquero, se “avoca conocimiento” y se “decreta la apertura de indagación preliminar” por una supuesta causal de revocatoria de inscripción. Pero el art 179 de CN, que regula las inhabilidades para ser congresista, solo puede aplicarse después de una inscripción formal, no sobre intenciones. Y el calendario electoral ni siquiera ha sido expedido. No existe el hecho jurídico que justifique la actuación. No hay inscripción, ni acto administrativo, ni registro en firme. Por tanto, no hay materia sobre la cual el CNE pueda pronunciarse.
El Consejo, que debería ser guardián de la legalidad electoral, terminó vulnerando el principio más elemental del derecho administrativo: el de competencia temporal. Ninguna autoridad puede anticipar actuaciones fuera del marco procesal vigente. Lo que hizo el CNE equivale a abrir una investigación penal antes de que ocurra el delito. El art 29 de la CN es claro: nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Aquí no hay acto ni momento jurídico que active la competencia del CNE. Hay, en cambio, una voluntad política de interferir en el debate público.
No es la primera vez que un organismo de control fabrica un proceso para titular una noticia, pero pocas veces se había visto una desfachatez tan evidente. El CNE no abrió una indagación: montó una escena. Lo que busca no es resolver una inhabilidad inexistente, sino sembrar en la opinión pública la idea de que la candidatura de Uribe está “en revisión”. Es la misma lógica con la que se ha intentado convertir la persecución judicial en argumento electoral. El mensaje es simple: no importa si la norma lo permite o no; lo importante es que quede la duda.
El CNE no es un foro de opinión, sino una autoridad constitucional. Su función, según el art 265, es garantizar la transparencia del proceso electoral. No dice propaganda. No dice espectáculo. Si puede abrir indagaciones antes de que existan candidaturas, mañana podrá hacerlo contra cualquier ciudadano que exprese intención de aspirar. Eso equivale a instalar un régimen de sospecha previa, contrario al artículo 40 de la CN, que consagra el derecho fundamental a participar en la conformación del poder político.
Si un magistrado puede anticipar el calendario electoral por cuenta propia, el principio de legalidad se convierte en papel mojado. El CNE no está administrando justicia electoral: está administrando conveniencia política. Se usa una autoridad del Estado para construir un relato en contra de un ciudadano antes incluso de que exista un hecho que lo vincule. El Estado de Derecho no puede convertirse en herramienta de propaganda.
El CNE no abrió una indagación. Abrió un boquete en el Estado de Derecho. Violó el principio de legalidad y el debido proceso. Y lo hizo en nombre de una ficción: investigar algo que todavía no existe.
Así que sí, preguntemos con toda razón: ¿dónde está el sentido común? ¿Dónde está la institucionalidad? ¿Y hasta cuándo vamos a permitir que los órganos del Estado se presten para montar espectáculos políticos con apariencia de legalidad? Colombia no puede acostumbrarse a que el poder público se use como herramienta de manipulación. Porque cuando eso pasa, se destruye la igualdad ante la ley.” (Octubre 18)
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* Publicado en su cuenta de X (@carorestrepocan).
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