Carolina Restrepo Cañavera*
“Otra vez la escena: encapuchados lanzando flechas a la Policía en la Universidad Nacional. Otra vez el Estado ausente. Otra vez la autoridad mirando desde el andén, con miedo de ejercerla.
Y uno se pregunta: ¿dónde está el alcalde? ¿Dónde está el presidente?
Pero ya ni siquiera vale la pena preguntar.
El presidente anda desvariando.
Porque no está gobernando: está usando a los indígenas, igual que usa cualquier causa que le sirva para distraer, dividir o encubrir su propio desgobierno.
Lo que ocurre en la Universidad Nacional y frente a la Embajada Americana no es un hecho aislado. Es la radiografía de un país donde la autoridad se volvió un adorno.
La sede diplomática más vigilada del país tuvo que suspender sus actividades porque manifestantes atacaron a la fuerza pública con flechas. Cuatro policías resultaron heridos. Y la Universidad Nacional, que debería ser un centro de conocimiento, terminó convertida en la sede de descanso de quienes promueven la violencia.
Porque ahora resulta que el campus universitario es el albergue oficial de quienes bloquean calles, agreden policías y llaman a eso “resistencia”.
Y el Gobierno, lejos de poner orden, aplaude.
Le da vuelito a los violentos mientras desampara a los uniformados.
Lo que llaman “resistencia” es un negocio.
Un puñado de supuestos líderes vive de la culpa ajena. Han convertido la narrativa de la deuda histórica en una licencia para hacer lo que les da la gana. Y mientras las ONG y los políticos reparten privilegios, contratos y discursos, las verdaderas comunidades —las que viven sin vías, sin agua, sin salud, sin educación— siguen igual o peor.
Porque la miseria se volvió rentable.
Y la rabia, un activo político.
Cada piedra, cada incendio, cada bloqueo y cada ataque se traduce en más plata, más contratos y más poder para los mismos de siempre.
Mientras tanto, la autoridad se evapora.
El alcalde no aparece, el ministro no asume, y el presidente juega a encender hogueras donde debería apagar incendios. Prefiere posar de víctima antes que ejercer poder.
Nuestra fuerza pública está sola.
Los soldados que defienden este país deben pagar de su propio bolsillo la defensa jurídica de cada acción de servicio, mientras los violentos —y los “no tan víctimas”— cuentan con colectivos enteros de abogados militantes, como el famoso Colectivo Alvear Restrepo, financiados con recursos públicos o internacionales.
En Colombia, los que cumplen la ley son los únicos que no tienen quién los defienda.
Y eso explica por qué la ilegalidad avanza: porque sale gratis. Porque tiene abogados, presupuesto, narrativa y protección política.
El país se acostumbró a confundir autoridad con autoritarismo, y permisividad con compasión. Pero una nación que no respeta a sus policías, que abandona a sus soldados y que celebra a los violentos, no está construyendo justicia: está destruyendo Estado.
Colombia está al revés.” (Octubre 17)
* Publicado en su cuenta de X (@carorestrepocan).
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