Carolina Restrepo Cañavera
“No se combate la corrupción con relatos. Se combate con pruebas.
Acusar a toda la justicia de haber sido cooptada por Cambio Radical, de vender sentencias y proteger parapolíticos, sin aportar una sola condena que respalde esa generalización, no es una denuncia: es una construcción política interesada.
El cartel de la toga no lo denunció usted. Lo desmanteló la propia Corte Suprema. Y fue durante los gobiernos de Uribe cuando se procesó y condenó a más de 60 congresistas por parapolítica, incluyendo miembros del propio uribismo. ¿Eso es impunidad o es justicia funcionando?
La narrativa en la que usted se presenta como único denunciante, único perseguido y único salvador del pueblo colombiano no solo es falsa: es peligrosa. Borra el rol de las instituciones y lo reemplaza por el mito de un redentor.
Pero lo más grave no es el relato del pasado. Es la amenaza al presente. Deslegitimar a las cortes, a los fiscales, a los jueces y a la justicia que no se le arrodilla es el paso previo a pretender reemplazarla por una que sí lo haga.
Una cosa es cuestionar decisiones. Otra muy distinta es intentar someter todo el aparato judicial al relato oficial del Ejecutivo. Eso no es justicia. Es captura.
Colombia no necesita épica. Necesita instituciones fuertes. No necesita mártires. Necesita jueces independientes. Y no necesita más discursos. Necesita verdad.
No, usted no lo denunció. Así de simple.
Lo denunció la justicia.
El escándalo estalló en 2017 por investigaciones de la Corte Suprema y la Fiscalía.” (Septiembre 7)
(Cita de Gustavo Petro, @petrogustavo, de septiembre 7: “El cartel de la toga fue construido desde abogados militantes de Cambio Radical para impedir que los procesos de parapolítica en la justicia avanzaran y tocaran a su jefe.
El cartel es un mecanismo de enriquecimiento ilícito vendiendo sentencias y doctrinas judiciales.
¿Por qué…”)
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“Dice un viejo y conocido refrán: más rápido cae un mentiroso que un cojo.
El mismo que en campaña juraba no buscar una constituyente, hoy declara que su objetivo es “una lista proconstituyente” y que espera que el nuevo magistrado “lo ayude” a sacar la reforma pensional. No lo insinúa: lo dice. Espera cortes funcionales y congresos obedientes.
No es un proyecto de país. Es un proyecto de control total.
El Estado de derecho no puede depender de la voluntad de un mandatario, ni la Constitución puede cambiarse porque a un gobierno no le aprueban su agenda. Eso no es democracia. Es chantaje institucional.
Los poderes públicos están para controlar al Ejecutivo, no para facilitarle el camino. Si una reforma no pasa, se archiva. Lo que no puede hacerse es declarar ilegítima a la Corte, inútil al Congreso y luego decir que la salida es otra Constitución, hecha a su medida.
Y lo más grave: intenta que sea el pueblo, con sus firmas, el que ponga la cara por un proyecto que no nace del pueblo sino del poder. Un poder que quiere más poder.
Así comienzan las rupturas constitucionales: con pretextos nobles, reformas urgentes y enemigos útiles.
Pero en Colombia, todavía hay Estado. Y todavía hay ciudadanos que saben la diferencia entre gobernar y reescribir las reglas del juego para quedarse con todo.” (Septiembre 7)
(Cita de Gustavo Petro, @petrogustavo, de septiembre 7: “Con un congreso como el que eligió el pueblo en el año 2022, no es posible reformas más avanzadas. Alcanzó con la reforma laboral y pensional y creo que fué un gran éxito.
Pero la forma de elección del congreso de tipo clientelar, lo limita para asumir más retos democráticos. x.com/wilsonariasc/s…”)
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* Publicados en su cuenta de X (@carorestrepocan).
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