Eduardo Mackenzie
Desde el pasado 7 de junio, con el atentado a bala en Bogotá contra el precandidato conservador Miguel Uribe Turbay, muerto el 11 de agosto, los colombianos caímos en la cuenta, con no poco asombro y mucha rabia, que en la campaña electoral de 2026 habrá más sangre que discursos, más intoxicación informática que propuestas sanas para regresar a la democracia.
Ayer 21 de agosto, un camión bomba en Cali y un helicóptero derribado en Amalfi por drones artillados, dejaron un saldo de 18 militares y policías muertos y 74 heridos en un solo día, algo no visto nunca antes. ¿Fue eso un aviso lanzado por las bandas narco-comunistas? No tengo dudas al respecto. Todo indica que la defensa de esos sucios intereses durante la campaña electoral, de hoy hasta junio de 2026, llegará a niveles de horror que no habíamos visto en décadas, si no son combatidos por las fuerzas armadas del país, cuya misión constitucional es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional (artículo 217 de la CN).
Tal degradación de la civilización tiene una doble explicación: el debilitamiento de las fuerzas armadas que ha impulsado el gobierno del presidente Gustavo Petro desde el primer día que llegó a la Casa de Nariño y la alianza cada vez estrecha entre Bogotá y Caracas, que ha llegado a crear en estos días una “zona binacional” de alcances geopolíticos.
La política subversiva de Petro que está generando tantas muertes y desgracias en Colombia se llama “paz total”. Las escuadras criminales que embistieron ayer en Cali y Amalfi son precisamente las mismas que Petro dejó prosperar con la disculpa de que “humanamente” es mejor llevarlas a “negociaciones de paz”, con órdenes a las fuerzas del orden de cesar los combates, que trazar una línea para derrotarlas militar y judicialmente.
Dos días después de la matanza de 18 uniformados, Gustavo Petro no ha dicho una sola palabra que permita pensar que el modelo desastroso de la “paz total” será reemplazado por otro, como el refuerzo de la fuerza pública y de las fuerzas especiales. Pedirle al Estado colombiano y al mundo declarar como “organizaciones terroristas” a dos facciones de las FARC y al Clan del Golfo, el mayor cartel productor de cocaína de Colombia, como hizo Petro, es irrelevante: todos los gobiernos del mundo saben eso desde hace años. Decretar la conmoción interior por 90 días, otro anuncio de Petro, le permitirá a éste suspender leyes y crear decretos legislativos. ¿Usará lealmente él esas atribuciones?
Si el contexto actual no cambia, el desamparo de las mayorías se acentuará. Si los electores sufren nuevos atentados de castigo, el panorama electoral de hoy, de hostilidad militante y de movilización optimista contra la destrucción del país, será desviado. ¿En qué sentido? El proceso de aplastamiento psicológico de los organismos de control y de las direcciones de los partidos –mediante la combinación de calumnias, falsas informaciones, condenas judiciales lunáticas, agresiones, asesinatos selectivos, derrotas militares y desorganización de la policía–, abrirá las puertas a actitudes de resignación. Ese tipo de masaje terapéutico invertido y violento termina casi siempre en fenómenos derrotistas y abstencionistas.
Así, las minorías de gobierno lograrán llegar, con poca resistencia, a la primera (o segunda) vuelta sin contendor, o con un contendor de opereta, e imponer la última palabra en la Registraduría Nacional. Lo hemos visto en Colombia en 2021-2022 y en otros países.
La fase de las medidas tóxicas, de las agresiones físicas contra la oposición, comenzó con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, que estremeció a Colombia, y siguió con la condena del expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria, con la orden grotesca de captura inmediata. El hecho de que la detención domiciliaria del expresidente haya sido levantada por el Tribunal Superior de Bogotá no disipa la tensión: no sabemos qué dirá la segunda instancia. Y la investigación del atentado del 7 de junio sufre intentos de desvío y congelamiento.
En consecuencia, el motivo de los atentados en Bogotá, Cali y Amalfi, no es tanto una venganza del Bloque Occidental de las FARC por la operación Perseo II en la que el Ejército desmanteló un bastión logístico y depósito de cocaína destinada a la exportación sino desorganizar las actividades de proselitismo político de los candidatos de oposición. Pues de los resultados de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 dependerá la expansión o la ruina de las narco-bandas en los próximos cuatro años.
Lo curioso es que varios de los 75 precandidatos, unos de “izquierda”, otros “independientes”, y otros de “centro-derecha”, no ven las cosas así. Discuten, lanzan ideas en las redes sociales, como si la transición política de 2026 estuviera ya asegurada. Asisten a coloquios, critican la “paz total” como si ésta fuera un “error” del confundido Petro. Otros proponen sin sonrojarse “sanar a Colombia” con las recetas del Pacto Histórico y hasta hacer la “unidad dentro de la diversidad” con el petrismo.
Aunque el terror de Estado está ahí, el debate técnico continúa. Unos precandidatos exigen una “reducción presupuestal”, otros prometen “reducir la inflación”, otros “aumentar la inversión”, como si la continuidad del proceso democrático del país no fuera el punto, como si eso estuviera asegurado.
“¡Los gremios no actúan!” se quejan otros, sin sospechar que esa frase es propaganda mamerta para aislar a la clase empresarial. No hay que esperar que “los gremios” sean la vanguardia. El factor dirigente debe ser político: los líderes y las formaciones de oposición, los verdaderos luchadores, los que recorren el país y son agredidos por cada palabra que pronuncian, los que ponen los muertos, los que pierden sus hijos, como Miguel Uribe Londoño, son los que deben hacer parte de la lista de precandidatos presidenciales del Centro Democrático, no los aparecidos a último momento.
Luego de la muerte de Miguel Uribe Turbay era claro que la campaña con 75 precandidatos, cada uno predicando por su lado, debería cambiar de rumbo. Era el momento de hacer un aggiornamento, un gran ajuste, una búsqueda de consensos, para avanzar hacia definiciones claras, sin capitular ante las ideologías que inspiran al petrismo. A una escala más amplia, de la centro-derecha, nadie debe sentirse excluido, todos tendrán una misión en un futuro gobierno. Para ellos habrá un espacio institucional y gubernamental después de junio de 2026 pues ganar la presidencia será sólo el primer paso hacia el combate mayor: la reconstrucción del país, a nivel institucional, económico y espiritual y la derrota ideológica, social y política del petrismo. Tales desafíos necesitan miles de recios cuadros, mujeres y hombres, y de millones de ciudadanos audaces y de buena voluntad.
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