Carolina Restrepo Cañavera*
(1)
“904 páginas para desmontar una sentencia construida sobre arena… y hoy la marea empieza a llevársela
La absolución de Diego Cadena, el abogado señalado como operador directo del supuesto soborno de testigos en el caso contra Álvaro Uribe, golpea el corazón de la condena. La acusación siempre sostuvo que Cadena actuó por determinación de Uribe.
En derecho penal, ese eslabón es decisivo: si el supuesto autor material es inocente, el autor intelectual no puede ser culpable. El artículo 29 del Código Penal es categórico: el determinador solo responde si el hecho determinado es punible. Si el hecho no existió o no fue delito, no hay determinación posible.
La figura de autoría mediata, usada contra Uribe, exige que el intermediario actúe dolosamente y ejecute el acto ilícito. La absolución de Cadena implica que eso no ocurrió. Mantener la condena en estas condiciones no solo contradice la lógica jurídica: vulnera el principio de coherencia que debe regir toda sentencia. Nadie puede ser condenado por inducir un delito que no existió o que no cometió la persona a la que supuestamente indujo.
Esto, además, derrumba el estándar probatorio de certeza más allá de toda duda razonable. Si el juez que examinó el caso concluye que Cadena no cometió delito, surge una duda objetiva y determinante sobre la materialidad de la conducta y la participación de Uribe. Esa duda, según el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, debe resolverse a favor del acusado.
La consecuencia es inevitable: la defensa de Uribe tiene ahora un argumento demoledor para la apelación y la casación. No se trata de tecnicismos: se trata de la columna vertebral del caso. Si el ejecutor es inocente, el determinador no puede ser culpable sin convertir la justicia penal en un ejercicio de ficción.
Lo dije ayer y lo repito hoy: esta historia no ha terminado. Y el castillo de arena ya empezó a desmoronarse.” (Agosto 15)
———–
(2)
“Lo que pasó en Nicaragua no es un episodio menor, es un escándalo de Estado.
Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, está prófugo y requerido por la justicia colombiana por presuntos actos de corrupción.
Sin embargo, el 21 de mayo de 2025, la Embajada de Colombia en Nicaragua envió un oficio oficial al Ministerio de Migración y Extranjería de ese país solicitando:
“El apoyo para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero Carlos Ramón González”.
Ese oficio existe. Está firmado por la Primera Secretaria de la Embajada, enviado con membrete oficial, y recibido formalmente por la autoridad migratoria nicaragüense.
El presidente Gustavo Petro, en cambio, declaró el 13 de junio:
“El Gobierno no ha solicitado residencia para ninguna persona que sea requerida por la justicia”.
La entonces canciller, Laura Sarabia dijo en la misma línea:
“No existe registro de solicitud de residencia para el señor González por parte de nuestra Cancillería ni de ninguna embajada de Colombia”.
El problema es que la evidencia documental contradice las negaciones oficiales. El oficio no es un rumor ni una filtración sin soporte: es un documento oficial, fechado, firmado y enviado a un gobierno extranjero. Un documento así no se redacta solo, ni se envía solo, ni viaja a través de los canales diplomáticos sin que exista una instrucción.
En cualquier democracia seria, un acto de este calibre, gestionar un beneficio migratorio a favor de un prófugo por corrupción desde una embajada, tumbaría a un presidente. Aquí, en cambio, se pretende que pase de agache, enterrado entre titulares y desmentidos.
No estamos ante un simple error administrativo. Estamos hablando del uso indebido de la representación internacional del país para proteger a un fugitivo. Es un hecho con implicaciones políticas, diplomáticas y penales.
La pregunta es simple y devastadora: ¿quién dio la orden? Porque no basta con negar. El documento está ahí, con sello y con firma. Y mientras no se responda con nombres, cargos y consecuencias, el mensaje que queda es que el Estado colombiano puede ser utilizado para blindar a sus propios prófugos.
Y ahora la pregunta es para todos: ¿la prensa va a seguir inflando titulares dos o tres días para después callar, o va a cumplir su función real de presionar, presionar y presionar hasta obtener respuestas?
¿Y los ciudadanos inconformes, vamos a dejar pasar esto como si nada, o vamos a entender que permitirlo es renunciar a cualquier expectativa de legalidad en este país?” (Agosto 15)
———–
“Petro, el “innovador” que solo copia.
Gustavo Petro se vende como un visionario. El hombre que llega a “revolucionar” el país con ideas disruptivas, supuestamente inspiradas en nuestra identidad y nuestras raíces. Pero basta rascar un poco para descubrir que muchas de esas “novedades” son reciclajes de manual, importados directamente de la izquierda latinoamericana.
Por ejemplo, su ocurrencia de la exaltación de la medicina ancestral. No me malinterpreten. Reconocer el valor cultural y algunos aportes de prácticas tradicionales es válido. Lo que no es válido es presentarlo como una política de Estado sin criterios claros, sin control científico y sin medición de impacto, como si por ser “ancestral” fuera automáticamente seguro y eficaz.
Petro no inventó nada. Está copiando lo que Claudia Sheinbaum y el gobierno mexicano ya vienen impulsando. Y allá, donde esta política lleva un par de años en marcha, se están viendo las consecuencias: proliferación de prácticas sin regulación, riesgos sanitarios para pacientes vulnerables, uso político de comunidades indígenas como estandarte electoral y un debilitamiento del sistema de salud formal.
En México, la medicina ancestral se incorporó oficialmente al sistema público bajo la narrativa de “rescatar la sabiduría de los pueblos originarios”. La consecuencia inmediata fue la asignación de presupuesto a programas de terapias alternativas sin evidencia científica sólida, mientras hospitales públicos siguen enfrentando escasez de insumos básicos. En algunas regiones, médicos formales han denunciado que pacientes con enfermedades graves interrumpen tratamientos médicos para acudir a rituales o remedios sin sustento clínico, llegando incluso a casos de muerte por abandono de terapias efectivas.
Este patrón es claro: se toma una causa legítima, se viste de símbolo identitario y se utiliza para fines políticos, sin un diseño serio que minimice riesgos ni un sistema de evaluación que mida resultados reales.
No se engañen: Petro no es un pionero, es un copietas. No sería raro que pronto aparezca con otra idea “original” calcada de México: la elección popular de jueces. Ese proyecto, que allá ya se hizo bandera política, es una receta segura para politizar la justicia y someterla al vaivén del populismo. Una justicia en campaña es una justicia debilitada, y eso parece encantarle a quienes necesitan impunidad a la carta.
Este no es un plan de transformación propio. Es una agenda importada, diseñada para consolidar poder y disfrazada de “rescate cultural” o “democratización”. Mientras en México ya hay voces advirtiendo que la elección de jueces y la oficialización de la medicina ancestral están erosionando la independencia judicial y debilitando el sistema de salud, aquí pretenden vendernos la copia como innovación.
La verdadera innovación en política pública no está en mirar de reojo lo que hace el vecino y replicarlo sin filtro, sino en crear soluciones propias, ajustadas a la realidad del país, con sustento técnico y evaluaciones serias. Petro, en cambio, prefiere la comodidad de copiar lo que otros ya probaron y fracasaron.
Y lo hace con la esperanza de que aquí nadie se dé cuenta.
Pero nos damos cuenta.” (Agosto 12)
* Publicados en su cuenta de X (@carorestrepocan).
Leave a Reply