Alfonso Monsalve Solórzano
Uribe es un mártir de la democracia.
No voy a repetir todas las tropelías violatorias de los derechos humanos a las que acudieron, porque ya han sido suficientemente analizadas por los expertos. Ni exponer la manera como a juez leyó el veredicto, con una arenga al mejor estilo petrista: “La justicia no se arrodilla ante el poder”, como si el expresidente hubiese ejercido algún tipo de presión indebida durante el juicio que fue transmitido en directo con el país de testigo. Basta con citar el trino de Tomás Uribe para darse cuenta de la dimensión de la canallada:
“Pido ayuda al activismo ciudadano para ejercer vigilancia e investigar autoria de la sentencia.
El archivo de la sentencia contra @AlvaroUribe NO es el original. Los metadatos muestran que solo transcurrió un minuto y 11 segundos entre creación y edición. Es imposible que la juez haya escrito 1115 páginas en 15 días. La teoría del caso es idéntica a la del magistrado Reyes. Cita además la sentencia de la sala de instrucción AE10047 que NO fue publicada en la web de ésta.
Participaron el magistrado Reyes o el ministro de justicia de Petro dr Montealegre en la elaboración de la sentencia? Mantuvieron contacto con la juez Heredia o mantienen contacto con jueces de otras instancias relevantes para el proceso?
Por favor, enviar la información por DM”
Y es que la pregunta y la petición de Tomás Uribe son muy pertinentes: si no hubiese habido algo obscuro en la redacción de ese documento, la juez debió haber escrito durante 15 días un promedio de 74,3 páginas diarias. Y lo de los metadatos es contundente. La investigación de estos hechos debe formar parte de lo que considerará el Tribunal Superior de Bogotá. Pero, además, lo sentenció a doce años de prisión inmediata -más de los nueve que había solicitado la fiscal- alegando, increíblemente, riesgo de fuga, de una persona que cumplió con todas las citaciones y que cuando salió del país, regresó siempre. Esto, mientras son prófugos de la justicia Carlos Ramón Gonzales y Cesar Manrique, por el escándalo de corrupción de la UNGRD.
Y, adicionalmente, lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas, que, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 734 de 2002, priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales.”
Se trata de una venganza en toda la línea. Veamos quienes han querido pasarle una factura por haberlos derrotado militar y políticamente: Cepeda, el perfecto camarada de las FARC, que por lo pronto, ya sería un precandidato muy opcionado en el Pacto Histórico, debido a su papel en este proceso.; Timochenko y sus amigos del secretariado de las FARC, celebran, mientras ponen tutelas a la JEP para que no los sanciones por esclavismo (que es lo que cometieron contra los niños reclutados y su sometimiento a abusos sexuales); Montealegre, el mal lector de Habermas; y, por supuesto, Petro, que lo odia por lo que Uribe representa para Colombia en seguridad, democracia, desarrollo económico y cooperación social -todo lo contrario de lo que el actual mandatario es- a pesar de que fue el expresidente el que presentó el proyecto de indulto, del que, en su momento, se benefició Petro. Igual puede decirse de algunos elementos del poder judicial -que, de ninguna manera representan a la rama judicial- educados para destruir el estado de derecho y la justicia desde el interior de esta; o, en el peor de los casos, practicar la corrupción, o ambos (Ver, por ejemplo: https://www.legadouribe.com/persecucion-de-la-csj/). Y por supuesto, los paramilitares a los que extraditó, los narcotraficantes a los que sometió; los Gaos y los jefes de las bandas urbanas, que ahora están envalentonados.
Y al listado, agréguenle a Maduro, declarado por Estados Unidos como el jefe del Cartel de los Soles, Maduro: Jefe del cartel de los Soles, y su secuaz Cabello, a quienes Uribe les ha estorbado desde la época de Chávez y ahora apoya al presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González y a esa heroína que se llama María Corina Machado.
Todos esperamos que, en la segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá, cumpla a cabalidad y con imparcialidad su fallo sobre este juicio. Los colombianos respetamos la justicia y acatamos lo sentencias, salvo Petro y el petrismo que las desconocen todas si no son favorables.
Ahora bien, la confianza hacia el sistema judicial, que pide la Corte Suprema de Justicia y que ahora reclama Petro, no es un atributo per se, sino el resultado de una trayectoria en la que se demuestra que los fallos son imparciales, siguiendo las reglas del derecho. La justicia colombiana en sus altas cortes ha venido demostrando independencia, imparcialidad y respeto al estado de derecho en este gobierno, y por tanto se ha estado ganando la confianza y el apoyo de los colombianos que no son petristas porque estos pretenden controlarla para su beneficio. Por eso, los colombianos esperamos que el Tribunal Superior actúe en derecho, de manera imparcial, apegado a los códigos y sin más interés que un fallo justo.
Hay que confiar en la justicia por lo que hace, no por lo que dice el catecismo, según el cual fe es creer lo que no vemos porque el funcionario judicial lo ha revelado. Y tengo motivos para confiar. En el pasado fue víctima de los terroristas del M-19 y del Cartel de Medellín por juzgar a los mafiosos; muchos jueces, también han sido atacados por las antiguas FARC, los paramilitares, los GAOS y las bandas criminales.
Pero, también tengo una dosis de escepticismo, pues han sido notorios los casos de jueces parcializados por ideologías de izquierda. Y también ha habido épocas, como durante el gobierno de Uribe, en la que la CSJ fue politizada o tuvo integrantes corruptos, como señalé más arriba; y en este juicio, antiguos magistrados jugaron un papel muy discutido en el proceso, antes de pasar a la justicia ordinaria. Y el rol de la actual fiscalía ha sido claramente politizado: sacó a dos fiscales que habían pedido la absolución de Uribe para poner una que lo llevó a juicio a pesar de las evidencias en contra. Y eso es muy relevante ahora. Por eso es absolutamente legítimo, que los ciudadanos acaten los fallos judiciales y sigan los canales judiciales para controvertir sus decisiones; pero también estamos en nuestro derecho de discutirlos públicamente, porque la justicia es un bien público al servicio de los ciudadanos y no de los intereses particulares de tribunales y jueces.
No obstante, la venganza es sólo una parte de este entramado. La lista de los que se alegran deja ver que hay en marcha un complot para destruir la democracia colombiana. No es que sea de ahora -algunos, entre ellos yo, lo hemos dicho desde hace tiempo- es que en este período cercano a las elecciones y al fin constitucional del mandato de Petro, la combinación de todas las formas de lucha para conservar y consolidar el poder en Colombia se está exacerbando por parte de los petristas.
Una parte esencial de la estrategia es sacar de la política al principal opositor al socialismo del siglo XXI de Petro. Intentar callar a Uribe, luego de haber atentado contra el precandidato del Centro Democrático que mayores probabilidades tenía, es un indicativo de que la alianza entre Petro y el Pacto Histórico, los GAOs, la Primera Línea y las bandas urbanas, está intentando mantener y consolidar el poder, al costo que sea, sin escrúpulos ni consideraciones. Y lo están haciendo, debilitando el proceso electoral que está previsto para el año entrante, a como dé lugar, para acabarlo, aplazarlo o controlarlo totalmente.
Pues, bien. Con las elecciones en peligro, la prioridad es que estas se realicen y que sean plurales, masivas y con garantías para la oposición, tanto para el congreso como para la presidencia. Es la única manera institucional de evitar que el petrismo acabe con nuestra democracia. Para logarlo, hay que considerar, además del programa común que incorpore la defensa del estado de derecho, seguridad, fin a la zona binacional con Venezuela, restaurar el sistema de salud, entre otros, es un punto de unión básico:
La seguridad de los candidatos y dirigentes de la oposición y de los independientes, punto esencial, porque los que están detrás de los gatillos, los de la alianza petrista que están armados, harán todo lo posible por crear caos y terror. La UNP es una organización nada confiable. La seguridad debería prestarla la policía y el ejército, bajo la supervisión de cada candidato y su partido y el monitoreo de la comunidad internacional.
La vigilancia del sistema nacional electoral es primordial. Hay que conservar la independencia del poder electoral. Por ningún motivo puede ser reformado por el gobierno
Se viene desarrollando, afortunadamente, un proceso de unidad, especialmente para las presidenciales. Y un jugador central es el Centro Democrático. Por eso, exigir que se investigue lo pedido por Tomás Uribe en su trino y que se presione por un fallo absolutorio, es básico para determinar la verdad del complot contra Uribe.
El punto es que el expresidente estará unos dos meses y medio, hasta mediados de octubre, si gana la apelación, como todos esperamos, ocupado en su apelación y, simultáneamente tendrá toda clase de dificultades para comunicar su pensamiento político a su partido, a la oposición y a los ciudadanos. Esa es una de las cosas que busca el petrismo, porque ese tiempo es crucial con elecciones a la vuelta de la esquina. Conociendo su personalidad, hará todo lo posible para continuar al frente del Centro Democrático y mantendrá su comunicación con los líderes de la oposición y los independientes, pero esta no será fácil ni fluida. La ausencia de Miguel Uribe por un tiempo desconocido pone otra gran dificultad a la estrategia del CD. Si se llegase a recuperar pronto, sería el candidato ganador de las elecciones; pero no hay indicios de que sea así. El expresidente Uribe debería ordenar en este corto tiempo abrir los canales del partido para que otras candidaturas puedan competir dentro del CD y decidir ese punto, muy, muy pronto. Porque esta decisión no da espera, si quiere tener candidato propio y con opciones de ganar en la consulta interpartidista y, adicionalmente, asuma la codirección real del partido.
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