Eduardo Mackenzie
(1) ¿Cómo salir del embrollo creado por la justicia politizada contra el expresidente Uribe?
1 de agosto de 2025
Más que el injusto fallo de la juez Sandra Heredia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que más me sorprende es la estrategia exclusivamente jurídica que parece haber adoptado el partido Centro Democrático.
La sentencia en primera instancia de la juez 44 penal del circuito de Bogotá que condena al expresidente Uribe por presuntos delitos de soborno y fraude procesal, no es aceptable, no por la absurda conclusión que contiene sino por la investigación parcial de los hechos y la vulnerable argumentación que ella finalmente presenta.
Estamos –y esta es mi íntima convicción–, en la culminación de un juicio que comenzó hace 13 años, en el cual la instrucción y la decisión respondieron a un instinto puramente político. El fallador no tenía alternativa diferente a la de pronunciar una condena que el poder ejecutivo esperaba obtener al precio que fuera. Los cargos del demandante, el senador comunista Iván Cepeda, fueron demolidos por los testimonios, pruebas y raciocinios jurídicos presentados por los abogados del expresidente (muchas audiencias del proceso fueron bien mediatizadas) y, sin embargo, la juez se inclinó ante la argumentación derrotada de Iván Cepeda.
El documento leído por la juez el 28 de julio pasado, durante nueve horas ante los micrófonos de un medio audiovisual, es el resultado de una catástrofe: Colombia ha dejado de ser un Estado de Derecho. En su lugar, ha emergido ilegalmente un poder ejecutivo de nuevo tipo que dirige o pretende anular la división de poderes y regir todos los órganos del poder público, en violación flagrante de la Constitución de Colombia.
La respuesta a tal veredicto y destrucción del Derecho no puede dejar de ubicarse en el terreno político, ya que el debido proceso, y la argumentación jurídica contradictoria ante magistrados profesionales –es triste decirlo–, ha dejado de ser una vía en la Colombia de hoy y esa vía debe ser reconstruida lo antes posible.
¿Pero dónde está el análisis que hace el partido Centro Democrático sobre la situación creada por la sentencia del 28 de julio? ¿Qué conclusiones políticas saca para responder a los sectores sociales que ven el horror que contiene esa sentencia? ¿Cómo orientarlos para que puedan expresar su descontento legítimo? ¿Decirles que esperen el fallo de segunda instancia y que haya un cambio de gobierno gracias a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 bajo control de Petro?
La citada condena no puede ser combatida únicamente con argumentos jurídicos. Estos no pesan nada en un régimen arbitrario y altamente corrupto como el actual. El elemento político –movilización de masas, huelgas, campañas de agitación y deliberación pacífica, desobediencia civil, es lo que puede crear una dinámica de recuperación del terreno y de reconstrucción del Estado de Derecho.
¿Qué protestas pacíficas está convocando el CD para impedir ya mismo que el jefe histórico del Centro Democrático, y de franjas que van más allá del uribismo, sea humillado, encarcelado y borrado de la escena política? ¿Qué iniciativas ha tomado el CD para derrotar el arbitrario andamiaje montado por el gobierno de Gustavo Petro que constituyó el marco final de hierro de la sentencia de la juez Heredia?
Hoy el presidente Petro es, de hecho, quien imparte justicia y deshace lo que otros edificaron en todas las esferas, sobre todo en economía nacional, salud pública, seguridad y defensa nacional. Si el país se somete a la horrible regla el sistema democrático que los colombianos construyeron a pesar de la violenta oposición armada comunista de 50 años (2), terminará enterrado definitivamente.
Una primera respuesta a lo ocurrido el pasado 28 de julio tendría que ser la realización de grandes manifestaciones de protesta pacífica en cada ciudad del país, exigiendo la aceleración de los procesos contra Petro por sus violaciones a la legislación electoral, y en favor de una revisión del proceso de Uribe y contra la deriva autoritaria que trata de consolidar cada día el presidente Petro.
Una segunda iniciativa podría ser la conformación de un tribunal ad hoc integrado por magistrados norteamericanos y europeos de probada honestidad y equilibrio que acepten reabrir el expediente, examinar los cargos y descargos, recabar pruebas si lo consideran necesario, y producir un nuevo veredicto.
El contexto internacional favorece esta opción. Altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, como el secretario de Estado Marco Rubio, su subsecretario Christopher Landau y varios congresistas republicanos, han llamado la atención sobre la posible “instrumentalización del poder judicial” en Colombia y piden la revisión del fallo del 28 de julio.
En la noche del lunes pasado, terminada la audiencia de lectura del fallo de la juez Heredia, Marco Rubio declaró: “El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”. Esa instrumentalización fue confirmada cuando Gustavo Petro respaldó, horas después, el fallo de la juez a pesar de las protestas de millones de colombianos y de personalidades extranjeras. Furioso, Petro calificó esos comentarios de “intromisión de Estados Unidos” y gesticuló: “Este país es soberano”. ¿Soberano? Horas antes, Petro entregaba la soberanía de amplias regiones de Colombia al dictador de Venezuela pues éste quiere disponer de una “zona binacional” que cubra más de la mitad de la frontera entre los dos países.
No sería la primera vez que un tribunal especial es reunido en el mundo libre para combatir el uso criminal del aparato judicial que hacen los regímenes autoritarios y/o totalitarios contra sus adversarios.
(1).- Una decisión judicial debe tener una extensión razonable, no un mamotreto pseudo técnico interminable cuya sola lectura toma 9 horas, como es el caso de la decisión contra el expresidente Uribe. Tal profusión de páginas parece que tuviera la intención de ocultar su debilidad argumentativa y dificultar su lectura tanto para el justiciable como para los abogados y la ciudadanía.
(2) Las FARC cometieron ellas solas más de 100.000 asesinatos en 30 años. En Colombia cuatro otras organizaciones narco-comunistas no menos vioentas han atacado la población civil y la fuerza pública durante más de 50 años.
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(2) El verdadero delito que le imputan a Uribe
Julio 30 de 2018
Eduardo Mackenzie*
Que a la querida colega María Isabel Rueda no le quede duda alguna: en ninguna parte está probado que el presidente Álvaro Uribe ha manipulado testigos. María Isabel dice que no sabe “en qué parte se encuentra probado que Uribe estuviera manipulando directamente testigos”.
No es cuestión de saber. Es cuestión de constatar. Eso no lo puede verificar nadie pues no hay prueba, ni principio de prueba, de tal delito. Los magistrados que estructuraron el texto más reciente de 11 páginas destinado a provocar un interrogatorio del acusador de Iván Cepeda, el expresidente Uribe, texto que redactaron hasta con faltas de redacción, de ortografía y de puntuación, no tienen pruebas de eso.
Lo que tienen son conjeturas, alegaciones, teorías, decires. Tienen las acusaciones de un fanático jefe comunista que trata de imponer sus visiones. Tienen montajes tan burdos que son inservibles, pues no resisten un examen. Y tienen, sobre todo, una creencia: que con la muletilla “al parecer”, se puede fabricar una acusación creíble, una realidad, un mundo. Cuentan, además, con una sutil confusión aceptada por las personas distraídas: creer que un hecho no probado pesa tanto jurídicamente como un hecho cumplido.
Estamos muy lejos de los niveles de validación de las pruebas en un Estado de Derecho. Pues la Colombia de Juan Manuel Santos no es, desgraciadamente, un Estado de Derecho. Por eso es que Colombia está en vilo en estos instantes: todos tememos que esa justicia monstruosa, truculenta, sin rigor lógico, construida mediante amenazas y corrupción desaforada, logre sus objetivos de meter a un expresidente, a un ciudadano inocente, en una cárcel.
Seamos realistas. El presidente Uribe ha sido acusado por el juez Luis Barceló del delito de contra-revolución. Eso es lo que está en juego, en realidad, tras las bambalinas de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia (que en otros países es una instancia última). Ese es el enunciado no escrito de su verdadero delito: la contra-revolución.
Es un delito político, que no está en ningún código colombiano. Pero lo están tratando de aplicar en esos momentos. Ese delito sí figura en el código que el grupo de Iván Cepeda sigue a rajatabla: el código penal de la URSS, redactado en 1927 por los “juristas” bolcheviques. Varias veces reformado para hacerlo más opresivo, ese texto constituía, con el arsenal de órdenes y decretos de Lenin y con la famosa Constitución de Stalin, la base legal del terror del Estado soviético.
Esa historia de unos “testigos” que acusan a Álvaro Uribe de reunirse con paramilitares en el obscuro rincón de una finca, hace 30 años, es pura basura. Eso lo sabe el señor Barceló. Es pura construcción artificial, pura fiebre vengativa. Cepeda no adopta su pose de justiciero rabioso contra Uribe porque éste haya violado los derechos humanos de alguien, o dado órdenes a testigos como los que Cepeda dice tener. ¡Qué va! Lo que alimenta su cólera, su rebote biliar, su fanatismo bubónico, desde hace más de 20 años, es que Uribe es un luchador de la libertad. Es, en efecto, un político y un jefe de Estado que combatió con todo su ser a las Farc y su programa de destrucción de Colombia. En eso Colombia no se equivoca. Colombia ve en Álvaro Uribe un salvador de la Patria. Cepeda y sus cómplices ven en Uribe un muro contra las Farc. Y quieren hacerle pagar eso. Utilizando un código oculto.
Dejémonos pues de tomar en serio las acusaciones y los argumentos de los jueces que se pusieron al servicio de Cepeda, en acto bochornoso que termina siendo una deshonra para quienes lucharon durante 198 años para hacer de Colombia un Estado de Derecho. En otras épocas, Colombia logró eso y tuvo juristas y jueces de gran altura que se merecían el adjetivo de magistrados.
Lo de ahora es distinto: postura, decorado, farsa, gesticulaciones, torva ciencia jurídica, códigos penales furtivos, dineros bajo la mesa, y no sé qué horrores más.
No es sino ver la lógica de lo que Luis Barceló llama “abrir investigación en contra del senador Álvaro Uribe Vélez y del representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada Artunduaga”. Todo el asunto está en eso de abrir “investigación en contra”. En un sistema democrático la investigación judicial tiene una meta: averiguar y establecer la verdad objetiva. Aquí, en la acción de Barceló, al abrir la investigación, el acusado ya está condenado, su defensa es inútil, pues la investigación es “en contra”, cuando debería ser una investigación imparcial, sobre unos hechos probados. Hay una regla de oro en estas materias, que Barceló conoce pero que no utiliza: el juez instructor debe investigar a cargo y descargo, pues en eso consiste el debido proceso. En el caso que nos ocupa, no hay investigación. Lo que trata de hacer el juez es confirmar por los medios más variados y hasta por los medios más dudosos, que el investigado es un culpable. ¿No han visto como el senador Uribe explica que pruebas de descargo allegadas por sus abogados no fueron tenidas en cuenta o han desaparecido?
Esto es puro derecho soviético.
El derecho soviético al menos tenía una cierta coherencia. “El tribunal es un instrumento de poder del proletariado y de la clase rural trabajadora”, escribió Lenin. La ley soviética era un instrumento de la revolución. El tribunal no era un poder independiente, era un instrumento de terror contra la población. Su objetivo es eliminar el enemigo del proletariado, etc. Así, el régimen comunista rompió con el principio “burgués” de la independencia de la justicia respecto de los gobiernos y de que toda sentencia es construida sobre la base de principios objetivos formulados por las leyes. Y de que el juez es quien debe dar al acusado la prueba o las pruebas de su delito y no lo contrario.
Concebir el tribunal como un instrumento de poder, como un garrote para defender un Estado, o unos intereses revolucionarios, es el abominable derecho comunista. Ese es el derecho que quieren aplicarle al expresidente Uribe bajo una capa cosmética. Pues él es un culpable, un enemigo de la revolución. Otro signo confirma esa triste forma de impartir justicia.
Barceló/Cepeda le reprochan a Uribe “desviar la atención de la justicia”. Lo acusan de “tratar de desmentir” una serie de embustes. Creen que, en ese expediente, antes de que termine la investigación, está ya “tipificado el delito de soborno” y el “fraude procesal”. ¿De dónde sale eso? ¿Qué es lo que los molesta tanto? Les molesta que el senador Uribe y sus abogados, en un acto totalmente necesario, legal y legítimo, traten de responder a los acusadores, traten de defender su honorabilidad, de derribar las falsas denuncias. Uribe se hace culpable de acudir a las vías de derecho para pedir justicia y para mostrar la venalidad de sus detractores. Eso lo ven como un acto inaceptable. Es la lógica invertida que está en juego. Uribe pide justicia, pide la protección del derecho, y eso es un delito pues su acción podría destapar la acción oculta y los intereses de un senador comunista.
¡Eso está ocurriendo hoy en Colombia!
Ese tipo de derecho es aplicado en Cuba y quizás en Venezuela. Y en Colombia, por el momento. Ese tipo de derecho podría consolidarse y transformarse en un bloque de hormigón, si los ciudadanos no nos oponemos. Si Santos y su pupilo Petro hubieran ganado la elección presidencial de mayo, ese derecho soviético habría aparecido a la luz del día.
Pero ellos perdieron la presidencia de la República. Y el proceso contra Uribe debe tener, según ellos, una consecuencia brutal, rápida, la privación de libertad de un ciudadano central para la democracia, la muerte política de éste, para que esa justicia abyecta siga creciendo en la sombra. Esa justicia debe ser, por el contrario, derribada del todo y cuanto antes, para que las libertades, las leyes, las garantías y los principios de derecho vuelvan a Colombia.
* Publicado en julio 30 de 2018. 360 Radio, Medellín. https://360radio.com.co/el-verdadero-delito-que-le-imputan-a-uribe/33836/
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