Alfonso Monsalve S.
El pasado 4 de julio nuestra Constitución, que definió nuestro ordenamiento como un estado social de derecho, cumplió 34 años.
Se trató de un cambio, para bien, de las reglas de juego que rigen la vida política de los colombianos, pactado por los partidos históricos en el gobierno y el M-19, como un acto de paz y reconciliación, en cuanto era su condición para incorporarse a la legalidad. El cambio de Carta se dio en un doble contexto: el internacional que marcaba el fin de la Guerra Fría y la consecuente derrota del bloque socialista encabezado por la Unión Soviética, que ponía fin al socialismo marxista: y el nacional, caracterizado por la consolidación del narcotráfico como el mayor factor entrópico de nuestro país, generador de la nueva violencia con el dinero a chorros que permitió a los grupos guerrilleros prosoviéticos, como las FARC y el ELN, proseguir en la lucha armada a pesar del fin del apoyo económico y político de la URSS, usando rentas que terminarían por desdibujar cualquier elemento ideológico y político de izquierda insurgente y los igualó con los grupos de autodefensa que, en realidad, fueron (y son) bandas de narcotraficantes que invocaban (e invocan) la lucha contra la insurgencia como excusa para mantenerse organizados y armados.
He dicho que la Constituyente fue un acto de paz y reconciliación porque el M-19 había cometido numerosos crímenes y actos de violencia, entre los más destacados, el asesinato del sindicalista José Raquel Mercado y el asalto al Palacio de Justicia, financiado por Pablo Escobar, según dicen muchos analistas -y la propia hermana, Alba Marina, en entrevista que le hizo la revista Semana el 17 de abril de este año-. El compromiso era tal que fueron constituyentes, entre otros, los prominentes líderes Carlos Lleras Restrepo, del Partido Liberal y Álvaro Gómez Hurtado de Salvación Nacional, a la cabeza de las listas de sus partidos, junto con los elegidos suyos junto con los elegidos por el Partido Conservador, compartiendo asientos con Antonio Navarro Wolff, del M-19, Lorenzo Muelas de Autoridades Indígenas de Colombia y Aida Abella de la Unión Patriótica.
Su aplicación en su corto tiempo de vigencia -34 años son poca cosa en el tiempo histórico- ha permitido que el país sobreviva a situaciones muy difíciles que lo han tenido al borde del precipicio; pero no ha sido nada fácil, de hecho ha sido necesario un proceso de aprendizaje tanto de las autoridades como de los ciudadanos, que se han ido apropiando de su filosofía democrático – liberal para mantener las instituciones a pesar del embate de los violentos cabecillas del narcotráfico y de políticos inescrupulosos, como Samper y Petro y para identificar los errores que la aplicación de la norma ha producido.
En efecto, Constitución abrió la puerta no sólo al goce ciudadano de los derechos civiles, introduciendo elementos como la tutela, que puso al alcance de cualquiera una herramienta para que pueda exigir cualquier tipo de derecho consagrado en el texto, inmediatamente, lo que repercutió en la posibilidad de obtener, casi de forma inmediata, acceso a derechos de todo tipo.
La Carta pactó un sistema electoral basado en el pluralismo, la periodicidad de los comicios y su reglamentación y control. Además, expandió los derechos políticos, ampliando la democracia, al establecer la elección popular de gobernadores (los alcaldes lo fueron desde 1998) y estipular mecanismos de democracia directa como los plebiscitos, las consultas populares, referendos, revocatorias de mandato e iniciativas legislativas y normativas y cabildos abiertos, así como a los derechos colectivos de las minorías étnicas.
En este último punto, precisamente, la experiencia muestra que la manera como las comunidades indígenas, o mejor, los dirigentes que actúan en su nombre, ha sido contraproducente para la unidad, la paz del país y los propios indígenas, porque se han constituido en una especie de repúblicas independiente con propiedad colectiva de la tierra y guardia propia, a las que no se les puede aplicar la ley y cuyos líderes someten a las comunidades que rigen a su voluntad política, atados como están, a la propiedad colectiva. Los resguardos bajo su dirección se han convertido en agentes de apropiación de tierras que pertenecen a las comunidades negras. No se nota mejora en sus condiciones de vida ni en la producción económica que se concentra en la coca y la marihuana al servicio de los grupos armados ilegales; los dirigentes terminaron por ser contratistas del gobierno de Petro para llenar plazas públicas y amedrantar a los ciudadanos a cambio de apoyo mercenario a sus políticas. Hay que modificar las normas referentes a la propiedad colectiva.
Bajo ese marco se han efectuado las elecciones desde 1991 a la fecha y salvo la elección de Samper, que fue la primera que hubo con esta Constitución, en donde no existió legitimidad de origen, el sistema electoral ha funcionado, incluidos los comicios que llevaron a Petro al poder.
Y lo mismo hizo con los derechos sociales al universalizar el derecho a la salud y el uso de la tutela para garantizarlo cuando ha sido vulnerado, y ampliar de manera impresionante el derecho a la educación, con cobertura de aproximadamente del 55% en el segmento de jardín infantil, de casi universal en educación básica y media; del 55% en la educación superior (IA de Google). La pobreza sigue siendo alta, pero ha disminuido, según la misma fuente (En 2023, la pobreza monetaria en Colombia se ubicó en 33.0%, lo que representa una disminución de 3.6 puntos porcentuales respecto a 2022 (36.6%) y 6.7 puntos porcentuales por debajo de 2021 (39.7%). La pobreza multidimensional, que considera múltiples privaciones (educación, salud, vivienda, etc.), también ha disminuido. En 2020, la tasa de pobreza multidimensional fue del 19,1%, mientras que en 2022 se redujo al 12,1% y en 2023 al 11,5%. la pobreza extrema, que se refiere a la incapacidad de cubrir necesidades básicas como alimentación, también ha mostrado una tendencia a la baja. En 2022, la pobreza extrema se ubicó en 13.8%, y en 2023 descendió a 11.4%.).
La Constitución del 91, y esto es muy importante, también definió la estructura de los tres poderes, sus funciones e interrelaciones, consagrando la independencia de cada uno de ellos, independencia que ha funcionado, manteniendo lejos el espectro de la dictadura del ejecutivo de Petro.
Y, por último, pero no por ellos menos cardinal, su Artículo 216 dice: “La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas (…”) En Artículo 217 se establece que “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”. Las fuerzas del orden han cumplido un papel crucial en el mantenimiento de la soberanía interna y la seguridad ciudadana,
Pues bien, esa es la Constitución que Petro quiere cambiar radicalmente por un adefesio del socialismo del siglo XXI y hasta podría, incluso, balcanizar al país. Petro, miembro del M-19, militante del partido la aprobó en una constituyente que fue su iniciativa, como dije más arriba. Y acelera sus planes a medida que el tiempo se le agota. Y para hacerlo, no cesa de violarla.
Ya he hablado en otras columnas de que su política de paz total está entregando la soberanía interna del país a los GAOs, mientras debilita a pasos agigantados a las Fuerzas Armadas y de policía, violando los artículos 216 y 217 o de que ataca de manera feroz a todo aquel que ose criticarlo violando la libertad de expresión, criticándolo de HP, golpista y oligarca. También he señalado que destruye el sistema de salud y de que niega crédito educativo a aquellos que lo necesiten.
Intenta cooptar o desautorizar el control de las Cortes cuando no le funcionan. Y ya va en que el Consejo de Estado no debe ser su juez de tutela. Y avanza, junto con Montealegre, Saade y ahora, Jaime Araujo, en su proyecto de modificar la constitución: Araújo del comité promotor de la Asamblea Constituyente Popular pidió a “la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional Electoral y a las instituciones del Estado que se garantice la provisión de los “medios técnicos, logísticos, materiales y organizativos” para asegurar la viabilidad de la convocatoria constituyente. Establece que estos recursos son indispensables para organizar los eventos electorales necesarios. Entre las fechas sugeridas, resalta el 8 de marzo de 2026, cuando se pide realizar la refrendación ciudadana respecto a la convocatoria, y el 31 de mayo del mismo año, cuando se propone elegir a los delegados constituyentes, sujeto a la aprobación popular previa (Infobae, 03,07.2025))
Y no es casual que Petro hable de que no tiene garantías electorales: “Qué garantía podemos tener en las próximas elecciones, si el exregistrador, registrador, y el consejo electoral han actuado contra nuestros derechos. El golpe de estado se venía fraguando, Leyva no estaba solo”. ¿Qué tal? Trinó para acusar a Leyva de golpista para desviar la atención de su visita a Manta, donde fue, según él a escribir un capítulo de un libro, pero, dicen fuentes ecuatorianas y colombianas, presuntamente a hablar con Fito, el jefe de la banda los Choneros de ese país, para hacer un quid pro quo: hablar a favor de Fito para que no lo extraditasen a USA a cambio de que este persuadiera a Mordisco de que siga negociando la paz total petrista. Porque necesita a estos GAOs para generar caos en las elecciones del año entrante y luego hablar de la falta de garantías del ¡presidente! para intervenirlas.
La clave de defensa de la Constitución del 91 y evitar una terrible constituyente alucinante, está en hacer que las elecciones presidenciales se cumplan, con garantías, en este caso sí, para la oposición. No me cansaré de repetirlo.
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