Carolina Restrepo Cañavera*
“La verdad, no entiendo qué es lo que están celebrando con la reforma pensional. Cualquier jurista que conozca mínimamente el proceso legislativo, el control constitucional y la jurisprudencia sobre vicios insubsanables sabe que este trámite está gravemente viciado y que la Corte Constitucional, si respeta sus precedentes, no puede avalar un proyecto que viola principios esenciales del procedimiento legislativo.
El defecto no es de consecutividad ni de legislatura; es mucho más profundo: la reforma se saltó un debate obligatorio en la Comisión Séptima de la Cámara, que según el artículo 157 de la Constitución es un requisito sine qua non para la validez de cualquier ley. Sin este debate preceptivo, el proyecto incurrió en un vicio insubsanable porque se vulneró el principio democrático que exige deliberación completa en las instancias constitucionalmente previstas.
La Corte ha sido absolutamente clara al respecto. En sentencias como la C-760 de 2001, la C-754 de 2004 y más recientemente la C-131 de 2023, ha reiterado que la omisión de un debate obligatorio constituye un vicio que no puede corregirse ni en la misma legislatura ni en sesiones extraordinarias. Esto se debe a que el debate es un elemento esencial para garantizar el principio de publicidad, el derecho de participación de los congresistas y la formación democrática de la ley. Intentar “subsanar” el error mediante una proposición aprobada en plenaria —como acaba de hacerse— es jurídicamente inane: un debate que no existió en su momento no puede suplirse con un simple acto declarativo posterior.
Además, la doctrina constitucional establece que estos vicios afectan la validez del trámite en su conjunto y no admiten convalidación posterior. Pretender lo contrario es desconocer lo más básico del derecho parlamentario colombiano y del control de constitucionalidad sobre los actos legislativos.
Por eso resulta preocupante que varios congresistas celebren la supuesta aprobación como un triunfo político, sin entender que este trámite ya nació muerto jurídicamente. Esa celebración solo demuestra el desconocimiento del proceso legislativo y del precedente de la Corte Constitucional, o, peor aún, el intento de engañar a la opinión pública haciendo creer que el vicio puede corregirse cuando en realidad es insubsanable.
Si la Corte actúa en coherencia con su jurisprudencia —como lo ha hecho de manera consistente— la reforma pensional será inexequible. Y más allá de la posición que cada quien tenga sobre el contenido de la reforma, lo que está en juego es la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a las reglas democráticas que garantizan la legitimidad de las leyes.
Yo me niego a pensar que quienes estaban en el recinto desconocen estos aspectos básicos del trámite legislativo y de la jurisprudencia constitucional. Y eso es lo que más me preocupa: si la Corte Constitucional, como debe hacerlo conforme a su propia línea jurisprudencial, declara inexequible la reforma pensional por el vicio insubsanable en su trámite, ¿qué pasará después? Porque si algunos —que claramente saben que este resultado es previsible— comienzan a usarlo como argumento para afirmar que “los están bloqueando” o que “no los dejan gobernar”, se avivarán aún más los ánimos de polarización en el país.
Y creo que ahí radica la verdadera intención: generar un escenario donde el fracaso jurídico se convierta en un discurso político de victimización. Porque jurídicamente este gobierno ha demostrado un desconocimiento alarmante de los procedimientos constitucionales y legislativos, y varios congresistas han evidenciado que no comprenden cómo se hacen correctamente las leyes en Colombia. La gran pregunta, mirando más allá del trámite puntual, es: ¿qué busca el gobierno impulsando una reforma que, desde el primer momento, sabían que era insalvablemente inconstitucional? Esa reflexión es urgente para entender la estrategia política detrás de este caos jurídico.” (Junio 28)
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“El artículo de El País confirma que Álvaro Leyva, excanciller de Petro y uno de sus hombres de máxima confianza en los primeros años de gobierno, habría buscado respaldo de asesores cercanos a Trump y congresistas republicanos para propiciar la caída de Gustavo Petro, promoviendo un supuesto acuerdo nacional que incluyera a actores armados como el ELN y el Clan del Golfo. Según los audios y testimonios citados, Leyva presentó acusaciones graves contra el presidente, incluyendo problemas de drogadicción, y ofreció evidencias que —según él— lo inhabilitarían para seguir en el cargo.
Lo clave jurídicamente es que:
•Leyva no es un opositor tradicional ni de derecha; fue el canciller de Petro y su aliado, lo que desmonta la narrativa de que se trata de una conspiración exclusivamente “uribista” o de “la derecha”.
•La Corte Suprema o la Fiscalía deberían abrir una investigación seria: los audios sugieren que Leyva buscaba involucrar a actores armados ilegales para presionar la caída de un presidente elegido democráticamente, lo que podría configurar delitos como sedición, concierto para delinquir o traición.
•El involucramiento de la vicepresidenta Francia Márquez, según los audios, plantea un gravísimo escenario institucional: si se demuestra su participación, Petro perdería confianza en su sucesora constitucional, lo que abriría un choque interno que podría paralizar el Ejecutivo.
•El trasfondo político muestra que Leyva, tras ser suspendido por la Procuraduría por el escándalo de los pasaportes, se sintió traicionado por Petro. Esa frustración personal parece haberlo llevado a un plan desesperado para recuperar relevancia o vengarse.
En definitiva, el caso revela fracturas profundas dentro del petrismo y confirma que las pugnas internas pueden ser más peligrosas para el gobierno que la oposición externa. Lo más preocupante es que, según El País, la Casa Blanca no tomó en serio la propuesta, pero si lo hubiera hecho, el daño institucional para Colombia sería incalculable.
La pregunta que queda es: ¿actuarán las autoridades judiciales para esclarecer si hubo delitos o solo se quedará en un nuevo escándalo mediático?” (Junio 29)
(Cita de EL PAÍS, @el_pais, de junio 29: “El excanciller colombiano Álvaro Leyva, según unos audios y testimonios cercanos a la Casa Blanca a los que ha tenido acceso EL PAÍS, recababa apoyos para hacer caer a Gustavo Petro, presidente de Colombia, y colocar en su lugar a Francia Márquez https://elpais.com/america-colombia/2025-06-29/alvaro-leyva-busco-en-estados-unidos-la-complicidad-de-trump-para-tumbar-a-petro.html?ssm=TW_CM&utm_source=tw&utm_medium=social”)
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“Manta: el verdadero escándalo que quieren tapar
Mientras varios discuten los audios de Álvaro Leyva —que curiosamente se filtraron solo después de que saliera a la luz el explosivo artículo de Mauricio Vargas sobre Manta—, nadie habla de lo que realmente debería estremecer a Colombia: el viaje del presidente Petro a Manta, Ecuador, justo dos semanas antes del atentado que hoy tiene entre la vida y la muerte a Miguel Uribe Turbay.
Manta no es cualquier ciudad: es el epicentro de alias Fito, líder de los Choneros, la banda más poderosa del crimen organizado en Ecuador. Fito acaba de ser recapturado y será extraditado a Estados Unidos, pero en mayo aún estaba libre y controlaba desde Manta una red criminal vinculada al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
El artículo de Mauricio Vargas plantea que en esa visita “privada” Petro habría estado en una mansión de un familiar de Fito, y que habría buscado convencer a las disidencias de las FARC, a través de los Choneros, de regresar a la mesa de negociación de su fallida “paz total”. Si esto es cierto, el presidente de Colombia habría recurrido a uno de los capos más peligrosos del continente como intermediario político.
Aquí es donde la cortina de humo se vuelve evidente: los audios de Leyva, que el propio Petro reconoció conocer hace tiempo, se revelan al público justo cuando el artículo Sobre Manta empieza a circular y amenaza con abrir el debate sobre un posible contacto del gobierno colombiano con redes narco internacionales.
¿Por qué el gobierno no denunció los audios de Leyva cuando supuestamente los conoció? ¿Por qué los deja explotar justo ahora? ¿Es una jugada para distraer al país y evitar que se hable del verdadero escándalo: la visita a Manta y sus posibles implicaciones con redes criminales que hoy están relacionadas con un intento de magnicidio en Colombia?
Esto no es menor: el atentado contra Miguel Uribe Turbay no solo involucra sicarios y bandas locales, sino que, según pistas de la investigación, conecta con las mismas estructuras criminales que ejecutaron el asesinato de Villavicencio en Ecuador.
Si Colombia quiere verdad, la pregunta no es qué dijo Leyva en unos audios: es qué hacía el presidente en Manta, con quién se reunió y qué acuerdos o promesas surgieron de esa visita. Hasta que no se aclare este episodio, todo lo demás es puro humo para tapar un escándalo que podría sacudir la institucionalidad de Colombia.
La extradición de Fito y su llegada a Estados Unidos podrían revelar muchas cosas que hoy pretenden ocultarse.” (Junio 30)
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* Publicados en su cuenta de X (@carorestrepocan).
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