Alfonso Monsalve Solórzano
La movilización popular para rechazar el vil atentado contra Miguel Uribe Turbay, precandidato a la presidencia por el Centro Democrático, marca un punto de inflexión: Petro ha perdido el apoyo a su gobierno; la gente no resiste más la violencia y caos que el presidente ha producido y lo rechaza de manera creciente e irreversible. Su figura y su gobierno, políticamente, están llegando a su fin. Su intención de hacer la revolución para instaurar un régimen dictatorial está colapsando. No obstante, aún conserva alguna capacidad de hacer daño gravísimo a nuestras instituciones.
En el artículo de hace ocho días, hice un perfil de Petro, que explica en gran parte su fracaso y su expectativa de sobrevivir políticamente. Hoy, subrayo algunos puntos de mi diagnóstico.
Uno, la corrupción lo alcanza todos los días ya desde antes de iniciar su gobierno, crece a ritmo sostenido e imparable, y la ciudadanía es cada vez más consciente de ello y está harta, de una manera definitiva e irreversible, y mucha de su energía se va en tratar de contenerla en la opinión, pero también en los tribunales.
Dos, con su mente brumosa es incapaz de establecer una línea estratégica clara en su accionar, por lo que resulta dando golpes a diestra y siniestra, según el fracaso del día. Esa es una característica muy grave para él, porque una cosa es tener una idea general de lo que hay que hacer -desestabilizar el país promoviendo reformas como la pensional, laboral, de la salud, electoral, de la justicia, por ejemplo, y, generar a partir de ellas polarización y tensión social crecientes; y, una muy otra, definir claramente cuáles son los objetivos y contenidos de estas en proyectos perfectamente estructurados, con quienes hacerlas y en qué tiempos, así como planificar cuidadosamente las acciones correspondientes que perturban a la sociedad, evaluando su impacto, apoyo o rechazo.
Así ha sucedudo con su fatal política de paz total, que todo mundo sabe, entrega los territorios a los GAOS narcotraficantes mientras debilita la fuerza pública. La combinación de ideología y falta de planeación ha convertido esa estrategia en una verdadera amenaza para la seguridad de Colombia y la de los ciudadanos, que se encuentran acorralados y desesperados por el accionar de los violentos y la pasividad del gobierno frente a estos.
Por otra parte, el país recuerda cómo inició su gobierno con los ministros provenientes del santismo, como Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo y Cecilia López, y al cabo de unos meses los echó, para poner sus propios alfiles. Con esta acción golpeó la alianza con los liberales y el partido de la U y fracasó; entonces optó por negociar con cada parlamentario, multiplicando enormemente el número de acuerdos de burocracia.
Pasó, pues, a gobernar con sus correligionarios; recuerden a Márquez, Bolívar, Muhammad, etc., pero los despidió por ser demasiado “radicales”, para regresar otra vez al santismo, con Roy Barreras y otros, sólo que esta vez con el protagonismo del corrupto Benedetti como estratega para recuperar a los congresistas “maltratados” para aprobar las reformas, en este caso, la laboral, que según ellos los catapultarían nuevamente al poder. Pero su pésimo manejo de los partidos independientes y su terrible relación con las cortes llevó al hundimiento de dicha reforma. Petro y Benedetti, entonces, idearon el decretazo de la consulta popular para pasar por encima del legislativo. Ellos sabían que era un verdadero intento de golpe de estado, una acción claramente inconstitucional, pero que pondría al país a discutir su agenda y les permitiría confrontar al congreso y a las cortes y ponerlas, si no cedían a la intimidación, para enfrentarlos a eso que ellos llaman “el pueblo”.
Pero Petro no entendió que estaba perdiendo las calles, si alguna vez lo tuvo de manera contundente, que el atentado contra Uribe Turbay, como dije más arriba, lo había terminado de debilitar. Aunque no todo es coser y cantar para los defensores de la institucionalidad democrática, porque, la verdad es que Petro se arrogó una victoria parcial, pues el decretazo sirvió como palanca para chantajear al senado, que terminó, por miedo a la consulta popular espuria, aprobando, en las líneas gruesas, la reforma del gobierno. Ese temor impidió que se glosaran los puntos inconvenientes de esa reforma, a pesar de que lo hubiesen podido hacer y, si no había consenso, dejarlo para la otra legislatura, asumiendo la andanada que se hubiese venido encima, confiando en su propia fortaleza y en la sabiduría de las cortes. Así las cosas, el presidente está reclamando un triunfo.
Digo parcial, porque el registrador, funcionario clave para unas elecciones transparentes y libres en el 2026 y para la votación de cualquier tipo de consulta, declaró que esperaba el pronunciamiento del Consejo de Estado para ejecutar la consulta citada por el presidente a pesar de la negación de la misma en el Senado, y el presidente de la Corte Constitucional y el Procurador hablaron del respeto a la independencia de los poderes, con lo que marcaron una férrea línea roja en defensa de la Constitución.
Cuando percibió que el decretazo se le estaba esfumando, supo que lo que necesitaba era llevar a cabo la maniobra de revivir la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, esta vez asesorado por Luis Eduardo Montealegre. La idea es la presentación de la “octava papeleta” para citar a una, citada por el presidente, que “asegure “la profundización” de la democracia” en el próximo mandato, dicen, porque existe un “malestar” popular producido por el formato actual de la constitución del 91.
Petro quiere que la nueva 2constitución” permita su reelección, destruya el estado de derecho y lo cambie por una “democracia popular que él controle, como en Cuba, la que se cursa en Venezuela y la que el pueblo chileno le rechazó a Boric (algo que este, en buena hora, terminó por aceptar); con una composición estamentaria -representaciones por grupo étnico y de clase, con votos ponderados, etc-.
Esto, desde el punto de vista legal es imposible: una constituyente en el marco de la Constitución del 91 debe ser aprobada en el congreso por mayoría, fijando el número de asambleístas, el tema, el sistema de elección y la fecha. Luego debe ser firmada por el presidente y sometida a control constitucional por parte de la Corte.
Ni el congreso, ni la Corte, ni los organismos de control, ni la ciudadanía, en esta coyuntura de nuestra historia, aprobarían un esperpento; más todavía, cuando la retórica violenta de Petro produjo el atentado contra el senador Uribe Turbay. Un verdadero crimen de estado, no sólo porque su discurso político está incitando al exterminio de los oponentes del régimen -basta con preguntarnos a quien favorece este crimen- , sino porque la Unidad Nacional de Protección, en manos de un petrista pura sangre proveniente del M-19, se negó a aumentar la seguridad de un precandidato que era uno de los más críticos del gobierno, a pesar de que aquel pidió en 25 ocasiones que se la reforzaran, dado el peligro inminente que tenía por ser un crítico agudo a la política de seguridad de Petro y su actitud frente al narcotráfico. Y porque, me entristece decirlo, su seguridad era compartida con la Policía Nacional y, a pesar de ello, el día del atentado, tenía menos escoltadas de los asignados, algo que, claramente, es muy sospechoso.
El nivel de connivencia de Petro queda patente en el hecho de que, a pesar de que el director de la UNP reconoció que hubo fallas en el esquema de protección del senador, ni ha renunciado, ni ha sido destituido. Y lo mismo se puede decir del director de la Policía, quien dio unas lamentables declaraciones ayer en la Revista Semana, en las que no dice nada esclarecedor, no asume la responsabilidad de ese cuerpo en el crimen, en ocasiones no responde las preguntas que se le hacen y solo habla de resultados futuros altamente inciertos.
Petro en este panorama lo que necesita es generar hechos que le permitan hacer unas elecciones amañadas donde gane su candidato; o declarar la imposibilidad de realizar elecciones por factores de orden público que él mismo ha causado, según como se vayan desarrollando los acontecimientos políticos.
En ambos casos cuenta con su primera línea, el apoyo de los GAOs a los que les conviene que el actual estado de cosas caótico se profundice, y el de Maduro, con sus grupos de inteligencia y fuerzas de choque que ha infiltrado en Colombia. Y, además, tendrá dinero a chorros, producto del endeudamiento al que someterá nuestra economía, al correr la regla fiscal, para comprar lealtades.
Pero lo tiene muy, muy difícil, porque cualquiera de esas alternativas causaría una reacción sin precedentes en Colombia en las cortes, en el congreso, en los organismos de control, en los partidos políticos, casi sin excepción; en la sociedad civil y en los ciudadanos de a pie. Y porque estoy seguro de que las Fuerzas Armadas y la Policía, a las que todavía no ha podido destruir y controlar, estarán al lado del pueblo todo ( y no la caricatura que de este hace Petro) y de la Constitución que juraron obedecer.
Resistir esas intenciones no es gratis. Será difícil y pueden ocurrir nuevos hechos de violencia. La democracia no se defiende sola. La unidad en el propósito y la unidad de acción para derrotar a Petro son la salvaguarda de nuestra democracia. Necesitamos garantizar unas elecciones libres y transparentes y que respeten el resultado en las urnas, con el objetivo de elegir un candidato único del antipetrismo colombiano y un congreso que resulte mayoritario para esa tendencia, así como rechazar activamente la “octava papeleta” citada por Petro, que no debe tener ninguna posibilidad de conteo electoral, manteniendo todo el tiempo la presión sobre Petro. Eso dicta esta coyuntura. Que el paso del tiempo no diluya la indignación nacional y el espíritu de unidad. A eso le apuestan Petro y sus secuaces.
POSTSCRIPTUM
La Corte Constitucional, al devolver a la Cámara la reforma pensional para que se subsane el vicio de forma, ha enviado una señal importante en defensa de las instituciones. Al ordenar a ese organismo, que tramite el debate que faltó, es una indicación sobre que las formas son esenciales en la democracia representativa. Esto no elimina la discusión sobre el contenido, una vez el proyecto se apruebe, si es que eso ocurre, sobre asuntos como el presupuesto requerido para las excepciones (de minorías negras e indígenas, la edad de pensión, etc.). falta un largo trecho.
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