Una semana crucial para el Estado de derecho

José Obdulio Gaviria*                                                                                            

“Una semana crucial para el Estado de derecho:

1. Consejo de Estado podría anular elección de la Fiscal General de la Nación.

2. Consejo de Estado posiblemente admitirá demanda de nulidad del “decretazo” de Benedetti y Montealegre.

3. Consejo de Estado podría decretar suspensión provisional de la consulta popular que da inicio a la campaña electoral de Petro.

4.  Juez de garantías negó rebaja de pena del testigo al servicio del senador amigo de las FARC.

5.  Juez del caso Uribe admite esa decisión como prueba sobreviniente sobre la mendacidad sistemática del testigo manipulado contra Uribe por el senador amigo de las FARC.” (Junio 16)

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“https://ambitojuridico.com/sites/default/files/2025-06/DEC-0639-25.pdf

Los autores del “decretazo” se suman al ranking de juristas infames de la historia. Son cómplices serviles del caos, como el fiscal Vishinsky bajo Stalin, el juez Freisler de Hitler o Carl Schmitt, el ideólogo del “constitucionalismo” nazi. Siempre habrá quienes presten su pluma para justificar el desorden. Schmitt, por ejemplo, diseñó la “coordinación” forzada de las instituciones alemanas bajo el control nazi, eliminando la independencia judicial y purgando a los opositores, mientras proporcionaba a Hitler una base teórica para centralizar el poder y suprimir toda disidencia.

En Colombia, el ministro de Justicia de Petro redactó una parodia de decreto que es realmente una demanda de nulidad contra la decisión del Senado que rechazó la consulta popular. En el mismo documento, el gobierno se autoproclama juez y anula los efectos de esa decisión, invocando una arrevesada “excepción de inconstitucionalidad”.

Benedetti y Montealegre, actuando como juristas del horror, sostienen que el Senado violó los principios constitucionales que regulan el procedimiento deliberativo de la consulta popular. En otras palabras, dos ministros del Ejecutivo emiten una providencia que declara “inexistente” el acto del Senado y, de manera arbitraria, convocan la consulta popular.

Es evidente que ninguna institución —Registraduría, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Senado u otras autoridades— validará o ejecutará este decreto. Petro y sus ministros enfrentarán consecuencias judiciales por los delitos que este acto implica, tanto en su autoría intelectual como moral.” (Junio 16)

* Publicados en su cuenta de X (@JOSEOBDULIO).