Alfonso Monsalve Solórzano
Buscando ponerle orden conceptual a la entropía que vive el país, es necesario encontrar el hilo conductor que permita encajar los hechos de los últimos días con lo que ha ocurrido esencialmente en el gobierno de Petro.
Desde mi punto de vista, lo que viene acaeciendo es la expresión del fracaso del presidente como gobernante, como ciudadano y como persona. Es un hombre que vive del y en el caos, obsesionado con destruir la democracia liberal. Tiene alma de dictador. Quiere concentrar todo el poder en sus manos. Ese es su proyecto de fondo.
Detesta a todo aquel que representa lo contrario a su confusa ideología: practica un irracional odio a la gente rica, a pesar de que él pertenece a ese grupo y lo hace con ostentación, y habla a nombre de un pueblo al que no pertenece; instiga siempre a la confrontación y a la violencia para imponer sus criterios y miente sin escrúpulos para difamar a gente inocente o para esconder sus propósitos ocultos; no soporta a la gente decente; en cambio, es tolerante y ciego ante los desmanes de los delincuentes armados. Sólo tiene lealtad consigo mismo, hasta el punto de desechar como basura a todo aquel se atreve a contradecirlo o simplemente ya no le sirve para sus propósitos en un momento dado.
De esos ha habido muchos en la historia. Pero este es peculiar: enredado en el vicio, ha hecho de la corrupción su forma de vida política. Embebido por la imagen que cree ver en el espejo, en medio de su conciencia alterada y su ego superlativo que lo hace tener delirios de grandeza, se cree un genio único e irrepetible, poseedor de la verdad, poeta excelso, defensor de la humanidad y mártir, invocando el sacrificio como su destino, aunque tiene el valor de un conejo que huye ante la menor señal de lo que considera peligro (y que, en el colmo del cinismo combina la cobardía con la mentira, como cuando justificó recientemente sus ausencia de sesenta horas en la red X, con el argumento de que el silencio mediático descoloca a sus enemigos que están planeando un atentado inminente).
Con su conciencia alterada, confunde la realidad con sus entelequias y, además, es incapaz de planificar y, mucho, menos, ejecutar. Actúa, generalmente, de manera contestataria; eso sí, amenazando a los poderes constituidos y a la sociedad civil.
Una excepción ha sido su política de paz: ha sido consistentemente tolerante y cómplice con los grupos armados narcotraficantes, convencido de que son sus instrumentos para generar el caos que necesita, mientras destruye y maniata a las fuerzas armadas y de policía constitucionales.
Sus propuestas legislativas, que no desglosaré aquí, han sido un desastre por inconvenientes y han marchado a ritmo de amenazas e intentos de golpe al legislativo y a la rama judicial,a los periodistas y a los gremios, en la medida que le han ido fracasando.
La cereza del pastel fue la reforma laboral. Con la discusión de esta, el país entró en una etapa de crisis final de la que estamos viendo sus primeras fases. El tono de las amenazas aumentó y la embestida contra el estado de derecho pasó de la amenaza verbal a los hechos: impulsó el decretazo que desconoce el trabajo y las funciones del legislativo y pretende descalificar el papel del Consejo de Estado y la Corte constitucional, con la estrategia de asegurar que un acto administrativo no es competencia de aquél y buscando que esta falle sobre el hecho consumado de la consulta popular, negando la función de control previo que desde hace un tiempo ha sido jurisprudencia de esa Corte; todo contando con el asesoramiento de Eduardo Montealegre, quien tirándoselas de sabio, cita a Habermas de manera improcedente, pensando que nadie aquí lo ha leído. Y peor aún, amenazando al país con citar una asamblea nacional constituyente si no se avala su propuesta.
Muchos analistas dicen que Petro y Montealegre saben que la consulta no pasará el examen en la Cortes y que es una estrategia para mantener al país agitado en esta etapa preelectoral. Como lo ha sido la violencia verbal y el acoso petrista en contra senadores y representantes de partidos independientes y de oposición, contra las altas cortes, contra los gremios y la prensa no capturada por el régimen.
Este hostigamiento llevó a la violencia física contra uno de los más reconocidos opositores al gobierno y que se había pronunciado poco antes contra el decretazo, el senador y precandidato del Centro democrático Miguel Uribe Turbay, al que acababa de insultar en un trino detestable. No hay claridad todavía sobre los autores -ojalá se consiga y pronto, aunque hay altas probabilidades de que los determinadores queden impunes- pero lo que es un hecho es que el atentado fue contra un connotado líder de la oposición con una carrera ascendente que podría llevarlo a la presidencia y cuya propuesta principal es recobrar la seguridad del país.
Lo que sí es claro es que se trata de una agresión contra la democracia, que sólo sirve a Petro y sus aliados de los GAOs, ya se autodenominen guerrillas o autodefensas, con el objetivo de impedir el debate electoral o llevarlo a cabo en condiciones de terror que sólo a él le sirvan. Pero, otra vez, la estrategia de odio y violencia le está saliendo mal a Petro.
La reacción del país político, distinto al Pacto Histórico, y de la sociedad civil ha sido de rechazo total a la violencia. La Marcha del Silencio que se realizará el día de hoy es una respuesta nacional contra la que proviene del petrismo.
Espero que sea una demostración de fuerza gigantesca que le notifique al gobierno que no podrá arrodillar a Colombia, porque nadie sensato quiere un regreso al pasado, mucho menos si la sangre y el dolor son impulsados desde el gobierno.
Pero sólo es un punto de partida. La lucha por la democracia en este período preelectoral será amarga e intensa porque Petro es una fiera herida. Hay que arropar al parlamento y las altas cortes para que no sean pisoteados por el ejecutivo. Además de la amenaza del decretazo y la constituyente, está la manera descarada con la que el petrismo tira por la borda la regla fiscal y anuncia que va a presentar una reforma tributaria por diez y nueve billones de pesos con el fin de llenar las arcas para los subsidios y contratos con los que aceitará su posible campaña electoral o el apaciguamiento de muchos clientes en caso de que no haya elecciones.
Por eso, el paso siguiente, es consolidar una alianza entre políticos antipetristas y sociedad civil para defender el estado de derecho y sus instituciones democráticas con acciones concertadas y contundentes que paren la ola de violencia y los intentos de golpe de estado y cambio de constitución. Habrá, por supuesto, niveles de acuerdo, según la proximidad ideológica de los integrantes de esta alianza, pero es indispensable que todos coincidan en dos puntos esenciales: garantizar elecciones libres y votar finalmente por un candidato que represente todo lo que Petro no es. Porque los colombianos nos dimos cuenta de que el problema central del país es Petro y que el objetivo es derrotarlo y sacarlo del poder por los medios constitucionales de los que disponemos.
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