Eduardo Mackenzie
Tiene mucha razón la oposición al condenar el nombramiento, este 5 de junio, de Eduardo Montealegre Lynett como ministro de Justicia del agónico régimen de Gustavo Petro. Ese nombramiento es una provocación y una amenaza más para el país. El exfiscal ha recibido la misión de profundizar el caos: blanquearle la cara a la “consulta popular por decreto” un paso más hacia el desmonte del Congreso de la República. Pues sin Congreso Colombia no será Colombia.
El nuevo nombrado no será un servidor del Estado: es sólo un asalariado de Petro. Según Radio Caracol, él ha recibido un total de 495.040.000 pesos anuales por asesorías jurídicas en favor de la agenda petrista. Como nada es estable en el tinglado de Gustavo Petro, el doctor Montealegre probablemente entrará en conflicto con el presidente y/o sus alfiles, como fueron los casos, entre otros, del ex ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva –quien ya va por su tercer desgarrador testimonio sobre el estado moral y físico del actual mandatario– y de la ex ministra de Justicia Ángela María Buitrago, quien ha soltado algunas perlas sobre cómo maneja Petro los asuntos oficiales y los actos de “injerencia” del ministro del Interior, Armando Benedetti. Ambos exministros eran de la cuerda petrista desde hace varios años.
Los métodos de Montealegre exacerbarán la guerra judicial contra la oposición y sus partidos, como hizo en el pasado. Es obvio que él ha sido puesto allí para que le dé un cariz legal a la peligrosa aventura golpista que están fraguando Gustavo Petro y el Pacto Histórico. Tenga pues cuidado, señor Montealegre: está metiendo un pie en un campo de arenas movedizas.
Eduardo Montealegre tiene una habilidad particular que explica por qué fue llamado a servir: triturar la lógica y el sentido de la argumentación jurídica para derrotar medidas administrativas justas y fundadas en derecho contra justiciables de izquierda.
Esta vez, Montealegre deberá acometer dos enormes hazañas: 1. darle forma de verdad a un enorme embuchado y 2. pisotear de nuevo la Constitución Nacional. El embuchado es utilizado todos los días por Gustavo Petro. El dice que él, Petro, es “el pueblo” y que “el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia” y que “no hay otro dueño del poder político”.
Esa frase no es una necedad del inquilino de la Casa de Nariño. Es la bandera de una dictadura que no le dará respiro a nadie y que no le rendirá cuentas a nadie. Montealegre está en ese paseo. Le han pagado muy bien para que le dé visos jurídicos a esa monstruosidad y la “socialice” como un paso más hacia la libertad.
La segunda pirueta no será menos audaz. Es convencer a las Cortes, a la prensa y a la misma oposición que el presidente Petro sí puede convocar una consulta popular destinada a modificar la Constitución Nacional, “por decreto”, a pesar de que el Consejo de Estado ha reiterado que eso es un imposible jurídico. El mensaje de las instituciones es, sin embargo, claro: firmar ese decreto sin concepto previo y favorable del Senado, equivale a violar el artículo 104 de la Constitución, dejar sin piso al Senado y cerrar el Congreso de la República, tal como hizo, en Perú, el triste Pedro Castillo, por lo que fue inmediatamente capturado en la calle por el poder público.
El máximo éxito de Montealegre había consistido en contribuir al derribo, en abril de 2014, de la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, sanción tomada por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en noviembre de 2013 tras el colapso de las basuras de la capital, y confirmada en marzo de 2014 por el Consejo de Estado.
Para lograrlo, Montealegre tiró a un lado la Constitución colombiana y se agarró de una norma de la Corte interamericana de derechos del hombre (CIDH) que le retira a la Procuraduría la facultad de vigilar y sancionar las conductas de los funcionarios públicos, incluso los de elección popular. Esa norma, no aprobada por voto alguno en Colombia, descansa sobre un principio detestable: poco importan las leyes nacionales, ahora valen más las normas que emanan de tratados y cortes supranacionales. En noviembre de 2009, el fallecido magistrado Augusto Ibáñez sentó cátedra al respecto (Montealegre es un buen discípulo de aquel) al admitir ante la prensa que las decisiones de la CSJ se apoyan cada vez más “en tratados y en la jurisprudencia de las cortes supranacionales”. Para Ibáñez, la vida política debía ser judicializable como cualquier otro tema ya que la Constitución colombiana no era ya la carta fundamental sino apenas una guía, un modo de empleo, un catálogo supletorio, que no incluye sino los “requisitos mínimos” del orden jurídico (1).
Eduardo Montealegre, por su invisible imparcialidad, había perdido terreno y salido del sector público. Su proyecto de la Universidad de la Fiscalía nunca levantó cabeza a pesar de haber recibido una dotación de 31.245 millones de pesos.
Antimilitarista afirmado, militante comunista en su juventud, Montealegre fue una de las eminencias grises del presidente Juan Manuel Santos y hoy es partidario de la reelección de Petro. Sus intrigas cargadas de odio contra el expresidente Álvaro Uribe y su familia lo llevaron a cometer injusticias y crear dramas familiares.
En 2015, el fiscal general proclamaba que iba a encarcelar al general (r.) Mario Montoya Uribe, ex comandante del Ejército. No logró hacerlo pues no encontró pruebas. Montealegre ayudó, como fiscal de bolsillo, a la cacería contra el expresidente Álvaro Uribe y llegó a poner en la cárcel injustamente a miembros de su familia, como su hermano Santiago Uribe y a su primo Mario Uribe, y a un exministro, Andrés Felipe Arias, quien pasó 17 años en prisión bajo intensa persecución por haber anunciado que sería candidato presidencial. El narco-comunismo llegó a fabricar crímenes imaginarios contra él para darle muerte civil.
Tras la aparición de un supuesto “libro de Tirofijo” donde la prensa creyó ver la confesión definitiva sobre el asesinato en Bogotá del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, el fiscal Montealegre trató de proteger la espalda de alguien: inventó el pretexto de que “los algoritmos” de esos textos “no correspondían con otros de Tirofijo” y la investigación volvió a la situación inicial: la obscuridad total. Hasta hoy nadie ha sido sancionado por ordenar ese magnicidio (2).
En estos días dijo que el presidente Petro sí puede, según él, relanzar su “consulta popular por decreto” y que el voto del Senado de rechazo al respecto fue “inconstitucional”. Pero su argumentación de fondo está lejos de ser racional. No aborda el problema, sino que se limita a especular sobre las narraciones sin prueba del petrismo: que ellos ganaron pero que les contaron mal los votos, etc.
Aunque él dice estar de acuerdo con el jurista Hans Kelsen en su histórico debate con Carl Schmitt y otros para determinar si la fuerza (el poder) que precede a la norma crea la autoridad o si, por el contrario, la norma es la que crea la autoridad para ejercer coactivamente el poder –discusión que toca también el punto de saber sobre quién recae la responsabilidad de preservar la Constitución, si a un órgano constitucional o a un ente político–, Montealegre alega hoy lo contrario.
En un texto del 1 de junio de 2025, concluye, tras una serie de digresiones dudosas, como aquella del control de “la forma posterior de la norma”, que la protección de la Constitución no recae exclusivamente “en la Corte Constitucional” y que, en el plano colombiano, lo dicho por la Constitución sobre la consulta popular no prevalece y se impone más bien la voluntad política, es decir el poder de hecho, la fuerza, la ambición de Petro.
Y agrega: “Ante el bloqueo institucional del Senado, proyectado en actos inconstitucionales, no queda otra salida que ‘El Decretazo’. El balón está en la cancha del presidente.” Lo mejor, lo más cuestionable, es su apología velada de la violencia minoritaria: “En la postmodernidad, los grandes cambios sociales son producidos por los movimientos de ciudadanos y las herejías constitucionales.” Leamos bien: la Constitución, el pacto republicano, la separación de poderes, todo eso carece de sentido, es un chiste reaccionario. Lo que cuenta es la revuelta violenta y el juridismo de pacotilla.
Contra tal bufonería solo queda la unión de los hombres y mujeres libres, de sus partidos, sindicatos, gremios y asociaciones y la resistencia firme en todas sus formas.
(1).- Ver Eduardo Mackenzie, Justicia ¿Misión imposible? (Editorial Carrera 7ª, Bogotá, 2011, página 65).
(2).- Ver Eduardo Mackenzie, El terror nunca fue romántico (Cangrejo Editores, Bogotá, página 228.
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El decreto 572 no tiene un móvil únicamente económico
Eduardo Mackenzie
Yo no sabía que Colombia fabrica naves espaciales y aviones, así como barcos, locomotoras y computadoras. Parece que sí. En todo caso, Gustavo Petro lo cree. En el decreto 572 del 28 de mayo de 2025, él y sus eminencias grises incluyeron esos rubros, tal cual, y decenas de otros, para darle un nuevo golpe a la empresa privada colombiana.
Mediante un simple decreto, Petro pretende modificar las tarifas de retención en la fuente y anticipar el recaudo de impuestos a los colombianos. Es decir, las empresas grandes, medianas y pequeñas, si el decreto no es abrogado (como debería serlo) tendrán que aumentar las sumas que trasladan al Estado por concepto del recaudo anticipado dentro del mismo año gravable, y acelerar ese trasvase al Estado de ciertos impuestos que el contribuyente aporta al presupuesto nacional.
El decreto de Petro es de una malignidad extraordinaria. Su móvil no es únicamente económico: es político, es un paso más hacia la economía dirigida, aquella que, como dice Hayek, sólo puede ser administrada por medios totalitarios.
Sin entrar en detalles, podemos decir que esa maniobra es brutal: aumentará la retención del impuesto de renta del 1,1 % al 3,5 %. Su objetivo es golpear a los trabajadores y a las empresas, fábricas, talleres y laboratorios que manejan esas sumas para crear valor agregado para el mercado interno y externo. La obligación de anticipar la entrega de esos recursos al Estado, y aumentarlos, reducirá aún más el flujo de caja disponible de los sectores productivos.
Esa desfinanciación es torpe: debilita a todos, a las empresas, a los trabajadores y golpea, al mismo tiempo, los ingresos de la nación, pues debilitar la iniciativa privada y provocar una crisis empresarial nunca es buena para el tesoro público. Aquí lo que hace Petro es dar un masivo refuerzo del Estado-expropiador y patrón-monopólico-glotón, conocido por su incapacidad creativa y administrativa. El horizonte es, pues, la agravación de un miserable Estado socialista que pierde dinero a diario en condiciones opacas, por el que nadie votó en 2022 y sin que una insurrección chavista haya vencido en las calles a los colombianos, partidarios de la libertad y la transparencia.
¿Nos parece extraño eso? No. Petro está en lo suyo: en la destrucción de lo que contribuya a la creación de riqueza y al bienestar de los colombianos. Para él y la clique que opera tras bambalinas, la libertad de exploración, investigación, innovación y crecimiento debe ser sofocada. Y lo está logrando mediante instrumentos de baja categoría en la jerarquía de las normas de derecho.
Una decisión de esa importancia exige, por lo menos, la estatura de una ley. El artículo 154 de la CN dice que solo mediante una ley el gobierno puede ordenar las “transferencias” que conciernen las rentas nacionales. Los redactores del decreto 572 no quieren discusiones al respecto.
¿Qué dicen los empresarios? Critican el decreto, claro está, pero estiman que están ante un artilugio técnico, puramente económico. “Es un decreto equivocado, crítico para las finanzas y el sector empresarial”, sostiene José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, afirma que esa medida “no es la solución para los problemas de caja del gobierno y pone en aprietos a las empresas grandes, medianas y pequeñas”. “Esto generará menos disponibilidad para invertir, para generar actividad productiva y tendrá un impacto negativo en materia de crecimiento”. “Es como si un asalariado le pide a su empleador que le adelante el salario del 2026 para financiar sus gastos de 2025”. Mejía reconoce que “algunas empresas tendrán que endeudarse” para cumplir la nueva carga. Sin embargo, concluye: eso “no es una expropiación”.
Guillermo Herrera Castaño, presidente de Camacol, explica: “Es una medida que afecta la inversión” y que “prolongará el mal momento que vive el sector” de la construcción. Petro dice que ese cambio servirá para aliviar el déficit fiscal que está alrededor del 7% del PIB. El expresidente Álvaro Uribe le responde: “El decreto para anticipar 7 billones de pesos en impuestos es otra indicación de que el gobierno quiere el exterminio del sector privado para sostener su derroche y abultada nómina burocrática”.
¿Cómo frenar esa nueva medida del gobierno extremista hacia la decadencia del país? ¿Con “llamados” respetuosos a una clique aventurera, depredadora y corrompida? Los gremios no quieren ver la realidad. ¿Están dispuestos a acomodarse? Sus datos son correctos pero sus actitudes son retóricas: así reaccionaron cuando comenzó el desmonte de Ecopetrol y del sector minero-energético (mientras que la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia denunciaba que Gustavo Petro “está obsesionado en acabar con todos los sistemas y empresas que funcionan en el país”). Y cuando comenzó el asedio al sector agropecuario, para volver al pasado con el modelo fariano de la “agricultura familiar”. Y deploran la “reforma laboral” sin oponerse a ese instrumento, y piden esperar hasta la elección presidencial de 2026, sin advertir que ésta será la terrible “ofensiva final” en la que el petrismo empleará todas sus “formas de lucha” para seguir en la Casa de Nariño.
Cuando algunos eminentes juristas vieron que era posible destituir al presidente por la violación de los topes de financiación de su campaña electoral en 2021-22, otros desviaron eso con aquello de “desconocer” al jefe de Estado, en lugar de respaldar la vía de la destitución, cuyas causales aumentaron por sus frecuentes actos de abandono del cargo y su pisoteo constante de la Constitución.
Parece que los gremios y la oposición moderada están ante un fantasma: un presidente razonable, honrado y patriota que los escucha y enmienda sus errores. ¿Cuánto nos costará esa ceguera?
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