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Gobierno propone legalizar dosis mínima de drogas sintéticas

  • Lunes, Feb 04 2013
  • Escrito por 

 

Paradójicamente no fue el Ministerio de Salud sino el de Justicia el que hizo el anuncio. Dentro del proyecto de Estatuto Nacional de Drogas, que prepara para presentar al Congreso, ha decidido incluir la “regularización” –así la ha llamado la ministra Ruth Estela Correa- de la dosis personal de drogas sintéticas. 

La ministra Correa ha explicado a los medios que no se trata de despenalizar, pues en Colombia no está penalizado el consumo, sino de acogerse a la filosofía de que éste es un problema de salud pública y no penal. La propuesta concreta es que la dosis mínima que puede portar una persona sin ser acusado de tráfico de drogas, sea de 200 miligramos de dichas sustancias (popper, éxtasis, anfetaminas, LSD, PCP y otras), o el equivalente a tres pastillas.

La polémica no se hizo esperar. El presidente Juan Manuel Santos salió al paso de las críticas e indicó que eso no significa promover el consumo. En Cartagena el primer mandatario utilizó un símil para responder: “Si a mí -Dios quiera que nunca suceda, yo tengo dos hijos y una hija-, si a ellos la Policía les encuentra una dosis mínima de cualquier droga, ¿qué prefiero? ¿Que los metan en la cárcel o qué los podamos llevar a un centro de rehabilitación? Yo prefiero y a la sociedad le conviene mucho más que los lleven a un centro de rehabilitación. Ese es el dilema de fondo"”

Algunos congresistas han respaldado la idea. Sin embargo otros han sido enfáticos en rechazarla. El mismo presidente del Senado Roy Barreras no se mostró muy de acuerdo con la medida. En el conservatismo se nota un rechazo más vehemente. El ex presidente Uribe a través de su Twitter replicó de inmediato señalando que “para llevar a los adictos/enfermos al hospital no necesitan legalizar drogas que crean más sicarios alienados” y que “legalizar drogas sintéticas conducirá a legalizar más de 2 mil, a esclavizar más juventud y a drogar más sicarios para asesinar más personas”.

El centro de la argumentación oficial es que por norma constitucional está despenalizado el consumo y hay que manejarlo como un problema de salud pública. Sin embargo, en opinión de algunos comentaristas, la normatividad no establece eso exactamente. El Acto Legislativo 02 de 2009 dispone con claridad que no está permitido el consumo: “El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica.” Antecedido de un preámbulo muy significativo: es un deber de todas las personas procurar su salud integral y la de “la comunidad”. El texto siguiente señala una cosa de Perogrullo: a los enfermos y adictos hay que darles tratamientos terapéuticos, profilácticos y pedagógicos. Pero de ningún modo la Constitución avala el consumo, esgrimen.

Colombia se ha convertido poco a poco de país productor y exportador de cocaína y marihuana sobre todo, a país consumidor de esas mismas drogas, lo mismo que las de origen químico. No pocos adjudican el fenómeno al fallo de la Corte Constitucional de 1994, cuya autoría correspondió al magistrado Carlos Gaviria, que despenalizó la dosis mínima de cocaína y marihuana con el argumento de respeto al “libre desarrollo de la personalidad”.

Aunque el gobierno asegura que mantendrá su política de combate al tráfico de drogas, varios expertos han coincidido en afirmar que la nueva medida será un estimulante de la demanda y por ende del comercio de las sustancias ilícitas. Con todas sus graves secuelas para la salud de miles y miles de colombianos, y para la seguridad. Es conocido que Santos ha propiciado, tanto a nivel local como internacional, un debate para evaluar la eficacia de las estrategias actuales de combate al narcotráfico, conducente a buscar alternativas, bien sea despenalizar o legalizar parte o toda la cadena de este negocio. Hay quienes relacionan la medida propuesta por la ministra Correa con esa revisión de la política anti-drogas que auspicia el primer mandatario.

En las próximas semanas la polémica crecerá sin duda. Hay una variedad de criterios enfrentados que será necesario dilucidar ante una propuesta tan riesgosa. Entre los mismos especialistas no hay consenso en cuanto a la gravedad de los traumas que provocan las drogas de origen químico. Mientras Augusto Pérez, de la fundación Nuevos Rumbos, sostiene que no son adictivas y sus efectos menos letales que la cocaína o la marihuana, un epidemiólogo, Ernesto Patarroyo, asevera que es al contrario, y que las sustancias sintéticas producen mayor daño que las biológicas.

Lo que sí está claro, porque así lo ratifican numerosas encuestas realizadas los últimos años, es que más de un 80% de la población colombiana se opone a la legalización de la droga. Ahora que el proyecto de Estatuto Nacional de Drogas va a llegar al Congreso, sería conveniente que los legisladores auscultaran la voluntad del “constituyente primario”. 

 

Publicado en Salud

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