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Thierry Ways          

El artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”, principio que respetan todos los países serios del mundo. Por ese motivo, la izquierda de tendencias colectivistas ya no puede valerse de la expropiación común y silvestre para imponer su ideología económica, como habría hecho hace 50 años. Para ensayar sus modelos productivos –que, hasta el día de hoy, han fracasado– se vale de nuevos mecanismos, astutamente disfrazados de nobles intenciones.

Uno de ellos es la eufemísticamente llamada ‘democratización de la economía’. Tiene como ventaja que nadie sabe exactamente qué quiere decir, por lo que cada quien la interpreta a su manera. Gustavo Petro, en su muy difundida entrevista radial de esta semana, no ayudó a clarificar el término, pero dio algunas pistas. Hay que subir “sustancialmente” el impuesto predial a la tierra improductiva, dijo, para que tenerla sea “costosísimo” y el poseedor tenga “que vender[la] a un menor precio”. Es decir, una expropiación indirecta, a plazos.

Cobrar impuestos a la tierra para financiar a la nación está bien y muchos países lo hacen, pero esos tributos deben ser razonables y consonantes con la capacidad económica del país. Lo que propone Petro es muy distinto. Como él mismo explica, se trata de usar un instrumento fiscal para desvalorizar la tierra y luego comprarla más barata: una operación masiva de destrucción patrimonial.

La expropiación de tierras o de cualquier otro activo –sea esta fulminante, al estilo Chávez, o por goteo, al de Petro– debe ser excepcional y prudente. Hacer de ella una taimada política de Estado es riesgoso y venal. En Estados Unidos, por ejemplo, se aplica solo en casos de evidente interés común, como la construcción de un ferrocarril o una central eléctrica. Los afectados están amparados por la quinta enmienda de la constitución, que les garantiza una “justa compensación”. Las cortes de ese país han dicho que esta debe ser tasada, como mínimo, a precios de mercado.

Sin esas cortapisas, se corre el riesgo de espantar a la inversión. Nadie quiere invertir en un lugar que no hace respetar la propiedad privada con toda la fuerza del Estado. Hasta la China otrora maoísta entendió que tenía que hacerlo para superar la pobreza. Por la misma razón, el poder expropiatorio del Estado debe ser severamente acotado y vigilado, no expandido. El potencial de abusar de él es demasiado alto. Cuando se habla de “tierras improductivas”, por ejemplo, ¿quién decidirá cuáles son productivas y cuáles no? ¿En manos de qué impoluto comisario quedará esa mayúscula decisión?

Petro dice preocuparse por los pobres, por el pueblo. No lo creo, pues ahuyentar la inversión privada es una fórmula insuperable para empobrecerlo más. No me sorprendería que ante estos anuncios, aunados a la popularidad del candidato en las encuestas, ya haya gente contemplando salir de sus propiedades rurales al precio que se las paguen. Habrá logrado Petro su primera hazaña sin ser todavía presidente. 

@tways

EL Heraldo, Barranquilla, 11 de febrero de 2018.

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