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Alberto Velásquez Martínez                                        

Nuevamente el gran protagonista de este 2017 fue la corrupción.

El año se abrió con los escándalos de la firma brasilera Odebrecht que contaminó las campañas presidenciales de 2014. Y como aquí “todo nos llega tarde, hasta la muerte”, apenas en este año estalló la bomba que destruyó la poca honradez institucional que ha ido quedando en la política nacional.

En el transcurso del año reventaron escándalos a granel. Reficar y Ecopetrol. Electricaribe y el cartel de la Toga. Los célebres Papeles de Panamá, sociedades de cartón para evadir impuestos, en donde hay encopetadas figuras de la sociedad colombiana, que parecen gozar de impunidad. No había día en que el país dejara de conmoverse –así tenga ya copada la capacidad de asombro– por escándalos y más escándalos. Estos se han sucedido sin solución de continuidad. Hubo, es cierto, detenciones y procesos pero aún están en lista de espera numerosas investigaciones que caminan hacia la prescripción, como camina la lisiada justicia colombiana.

Las últimas desvergüenzas para enmarcar este cuadro dantesco de la corrupción, tienen que ver con los sobrecostos pagados en 2012 en la Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena. La Cancillería, según la Fiscalía, es la gran sindicada del despilfarro. Y en escena también aparece la reconstrucción de Gramalote en donde muchos “comieron” a costa del dolor humano. Aquí el reato de conciencia hace mucho tiempo desapareció de la ética nacional.

La mermelada oficial se volvió hostigante. Por pailadas la produjo el Ejecutivo. Quedaron los congresistas tan hastiados que al final muchos le dieron la espalda al Gobierno. Ya los altos niveles de diabetes abren diagnósticos como de amputar miembros vitales al cuerpo político que dejen en riesgo las posibilidades de reelección parlamentaria.

Ante tanta corrupción, la gente se pregunta ¿para qué más reformas tributarias como las que anuncian economistas alcabaleros, con el objeto de que no descertifiquen la Nación aquellas instituciones de riesgo país, si esos dineros se van prioritariamente a oxigenar la corrupción y el despilfarro? ¿Para qué más reformas impositivas con estas manipulaciones inescrupulosas del gasto público, cada vez más irracional?

Mientras no haya un mínimo de honradez, mientras la pulcritud en el manejo de los recursos públicos siga siendo una planta exótica, mientras los gobiernos propicien el derroche, toda reforma fiscal se irá por las alcantarillas del despilfarro.

¿Hasta cuándo la corrupción seguirá siendo la palabra/personaje del año? ¿Cuándo habrá un gobierno austero y pulcro en el manejo del gasto del Estado? ¿Cuándo tendrá Colombia un gobierno que opere bajo sistemas de transparencia moral en sus decisiones y respetuoso de la independencia y equilibrio entre los órganos del poder público para no someterlos a la compraventa de conciencias que origina erogaciones cuantiosas en las débiles finanzas oficiales?

Y por último, ¿cuándo será que dentro de este pomposo y “cacareado” estado de derecho, prime más la corrección en la aplicación de las normas éticas que la vigencia de lo fáctico como factor de alcahuetería, de sometimiento y enriquecimiento ilícito?

Cuando todas estas lacras morales por lo menos se aminoren, podremos decir que tenemos democracia transparente y no democracia turbia.

El Colombiano, Medellín, 20 de diciembre de 2017

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