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Vicente Torrijos                                            

En apariencia, claro está, las Farc andan absolutamente consternadas por las decisiones tomadas hace pocos días en la Corte Constitucional y el Senado.

De poco ha servido la tradicional obsecuencia del oficialismo en la Cámara para atender sumisamente sus reclamos y los de un Presidente solidario con la causa, porque, como es apenas obvio, la intención no es otra que esgrimir, de ahora en adelante, la falacia de que “el Estado” ha incumplido los acuerdos, que la implementación es un desaguizado y que, por ende, ellas no pueden permanecer con los brazos cruzados tolerando semejantes estropicios.

Sea como sea, lo cierto es que las Farc van al cielo y van llorando.  

Han gozado de un gobierno sumiso y complaciente, de unas mayorías parlamentarias genuflexas y de varios medios de comunicación dadivosos y reverentes.  Pero ante su insaciable apetito de poder, nada es suficiente.

En la práctica, eso significa que si la Corte Constitucional consideró exequible el acto Legislativo 001, eso, para las Farc, no es más que un formalismo y en vez de generosidad y favorecimiento, lo que ellas ven allí no  es otra cosa que mezquindad y complot.

Con airada vehemencia, el secretariado y su comandante en jefe se despachan en suspicacias y temores porque, a su juicio, se “desvertebra” aquello que (a pesar del rechazo popular del 2 de octubre), negociaron entre cuatro paredes y firmaron luego en el Colón.

Lloran desconsoladamente porque, según su oscura conciencia, el sistema “de justicia” especial ha pasado a ser aplicable tan solo a las Farc, con lo cual, ahora se les dificultará ejercitar la venganza, empezando por el hecho de que “sólo podrán ser magistrados los defensores de la impunidad estatal”.

Ilusionadas con desterrar para siempre a la justicia ordinaria creando un aparato de poder suprasistémico, les aterra pensar que esa justicia siga existiendo y afecte sus pretensiones hegemónicas, que la Corte tenga que ver con las tutelas y que los flamantes abogados extranjeros afines a la causa ya no gocen de los privilegios con que tanto habían soñado.

Asimismo, lloran sin consuelo porque ministros o congresistas no podrán caer en las garras de esa maquinaria y, sobre todo, no logran concebir que “los terceros” (la gente común) haya quedado a salvo de la represión de esa justicia paralela que, en sus delirios chavistas, solo puede estar destinada a condenar a todo aquel que se aparte del ‘absolutismo pacificador’.

Continuará.

El Nuevo Siglo, Bogotá, 28 de noviembre de 2017

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