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Editorial                                       

Con la aprobación de la ley estatutaria de la JEP aplazada otra vez, los parlamentarios deben estudiar y atender las serias advertencias hechas por el fiscal General sobre “micos” en esa norma.

Ayer fue aplazada otra vez en la Cámara de Representantes la votación de la aprobación de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Aunque esta nunca ha sido materia de consenso, sí ha tenido más tropiezos y dificultades que las que previó el Gobierno. Para el próximo lunes quedó citada la plenaria. El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara Restrepo, dijo ayer que le quisieron “meter un gol” al incorporar en un grupo de artículos que iban a ser votados en bloque, algunas disposiciones que se había definido serían objeto de discusión especial.

Tanto el ponente en la Cámara, Hernán Penagos, como el mismo Lara, advierten que si el lunes no es aprobado el proyecto, este quedaría prácticamente hundido. Previendo esto y quizás como mecanismo de presión a los parlamentarios, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo ayer en la radio que el Gobierno no ha descartado acudir a la declaratoria de conmoción interior para expedir mediante decretos legislativos lo que debió haber sido tramitado en el Congreso mediante el fast track.

Sería esta una medida desesperada, por completo forzada y ajena al espíritu constitucional, aunque con los precedentes que ya se han marcado en todos los temas que giran alrededor de los acuerdos de paz, no sería descartable que fuera convalidada por la corriente jurisprudencial que sostiene que “el derecho a la paz” justifica cualquier medida, incluso las que haya que adoptar forzando la hermenéutica constitucional.

En cuanto al trámite de la ley estatutaria de la JEP, no han sido pocos los inconvenientes, unos acumulados y otros añadidos, como la expedición de un segundo comunicado como “Fe de Erratas” de la Corte Constitucional, sobre el acto legislativo que reformó la Constitución para darle cabida en el ordenamiento jurídico a la JEP.

Pero otro campanazo de alerta fue la carta enviada el pasado martes al ministro del Interior por parte del fiscal General, Néstor Humberto Martínez. Éste, con acuciosidad que incomoda al Gobierno y molesta en grado sumo a las Farc, cumple impecable papel desde su responsabilidad institucional al señalar los “micos” que se han metido al articulado. Por ejemplo, los párrafos que dejan en duda las disposiciones que, de forma clara, estipulan que quien en lo sucesivo cometa delitos o los haya cometido después del 1° de diciembre de 2016, pierde los beneficios de la JEP y debe ser procesado por la justicia ordinaria. Denuncia el fiscal que algún sector quiere imponer “una tesis minimalista del principio de No repetición”.

Y no deja de ser inquietante que esta denuncia se conozca al mismo tiempo que el propio vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, reconocía ayer en entrevista en W Radio que Estados Unidos tiene en la mira a un jefe de las Farc por narcotráfico. Si se entregan pruebas de que ha incurrido en narcotráfico después de diciembre de 2016, el Gobierno lo extraditará, aseguró el vicepresidente. ¿Por qué, entonces, al mismo tiempo se quieren meter subrepticiamente normas en la ley de la JEP que “salvarían” a los reincidentes en el narcotráfico?

Ojalá de aquí al lunes los representantes a la Cámara estudien bien el documento del fiscal Martínez y obren en consecuencia, atendiendo esas advertencias así como los límites fijados por la Corte Constitucional. No se trata de desmontar la JEP, sino de hacerla coherente y compatible con las obligaciones del Estado de investigar, juzgar y condenar a los responsables de graves crímenes.

El Colombiano, Medellín, 24 de noviembre de 2017

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