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Editorial                                       

El Cauca se convirtió en despensa de la marihuana en Colombia, en especial de la variedad “cripa”, que es ilegal (no de uso médico) y que enriquece a mafias del microtráfico en las capitales del país.

No se entiende que frente a una zona geográfica ubicada con claridad y con rutas rastreables de transporte a las principales ciudades de Colombia, donde poderosas redes del microtráfico la distribuyen y obtienen rentas millonarias que alimentan la ilegalidad y el crimen organizado, la llamada marihuana “cripa” abunde en el departamento de Cauca y que no haya medidas, efectivas y decididas, de combate a su cadena de producción y distribución.

Genera preocupaciones inmensas un reportaje de este diario que mostró, de primera mano, las amenazas de seguridad y salud pública que se derivan de un “mercado a cielo abierto” en las montañas de esta región del país, donde indígenas y campesinos son instrumentalizados, utilizados, por bandas delincuenciales lideradas desde Cali, el Eje Cafetero, Bogotá y Medellín.

Hay una distancia abismal entre el mercado formal y medicinal del cannabis —que está en desarrollo y que puede incluir desde industrias de alta tecnología hasta cooperativas indígenas y campesinas— y esta proliferación de cultivos y traficantes que inundan de droga las calles del país y que, según constatan los organismos que monitorean el problema, han disparado el uso recreativo (y la adicción), las finanzas y los ambientes criminales en que se expenden los alucinógenos resultantes de los cultivos ilícitos y su economía mafiosa.

En las zonas rurales y semirrurales de Cauca hacen presencia hoy emisarios, narcos y sicarios de bandas de Bello, Envigado y la ladera nororiental de Medellín. Los informes oficiales constatan que el 90 por ciento de la marihuana que se vende en la capital antioqueña proviene de ese departamento. Y a su vez, el 90 por ciento de los pobladores de Cauca vive directamente de este cultivo y el 10 por ciento restante también recibe beneficios indirectos.

La desmovilización de las Farc trajo allí la reorganización de grupos armados y nuevos fenómenos (disputas de territorios y comercios) que dan combustible a una explosión social que puede traer efectos muy graves.

Mientras tanto, las bandas se lucran de un comercio con leyes mercenarias y despreciables. Los jefes de las organizaciones celebran con fiestas extravagantes la llegada exitosa de sus cargamentos: un kilo de marihuana cripa se lo compran a campesinos e indígenas por $15.000 y lo ponen en Cali a $150.000, en Medellín a $300.000 y en Bogotá a $700.000. En el exterior, por ejemplo en Trinidad y Tobago, alcanza los $2.000.000.

El Gobierno Nacional está en mora de deslindar allí, con claridad, las fronteras de las prácticas ancestrales, culturales y medicinales, y las de un negocio billonario asociado a las estructuras criminales del narcotráfico nacional y trasnacional. Si ello no ocurre, si continúan las señales difusas frente a quiénes delinquen y quiénes tienen objetivos medicinales válidos, las comunidades rurales seguirán penetradas por los intereses mafiosos, las ciudades del país inundadas de drogas ilícitas y la Policía maniatada para actuar.

Con los destellos por miles de las bombillas que titilan de noche en los cultivos hidropónicos de marihuana, con carteles de forasteros que controlan la producción y con la violencia habitual que regula el tráfico del cannabis y la coca, el de Cauca es el panorama desolador de un departamento dejado a su suerte. Y es el retrato de lo que pasa y puede pasar en extensas regiones de Colombia.

El Colombiano, Medellín, 22 de noviembre de 2017

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