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Mauricio Botero Caicedo                                              

Las erróneas lecturas de la realidad colombiana le han causado, y muy posiblemente le van a seguir causando, a éste y a los próximos gobiernos, serios obstáculos para implementar y consolidar una paz duradera.

Un primer eslabón en esta cadena de errores es haber asumido, con una ingenuidad rayana en la demencia, que el hacerse el de la vista gorda ante la multiplicación explosiva de los cultivos ilícitos no iba a tener mayores consecuencias. Un eslabón adicional en la cadena de errores fue el haber aceptado en La Habana que las siembras de coca se limitaban a ser “cultivos de uso ilícito”. Para el Gobierno y las Farc, la ilicitud de los cultivos como la coca se centra en su uso y no en su siembra, con lo cual se cimentaron las bases para su artificiosa legalización. Otro eslabón más en esta cadena de errores fue la suspensión de la erradicación en las zonas controladas por las Farc para disminuir el riesgo de recrudecer el conflicto armado durante los cinco años que duró la negociación.

Las Farc, por su lado, como recientemente menciona Andrés Espinosa en Portafolio, “incitaron a los cultivadores de coca para que plantaran más coca, motivados por la creencia –aparentemente cierta– de que la inversión pública y los subsidios oficiales se concentrarían en las zonas con mayor cantidad de droga”. Para señalar la gravedad de la situación, basta trascribir las recientes declaraciones del fiscal general: “De 180.000 hectáreas de narcocultivos existentes a comienzos de año, se decidió erradicar apenas la mitad. El 50 % de manera forzosa y el otro 50 % mediante acuerdos con las comunidades. Y ¿cuál es la verdad de lo que ocurre? Mediante intervención de la Fuerza Pública se han logrado erradicar 39.000 hectáreas, aunque Naciones Unidas puntualiza que solo ha auditado a la fecha 1.000 hectáreas. Pero en lo que definitivamente vamos perdiendo la asignatura es en materia de erradicación voluntaria: de las 50.000 hectáreas previstas solo llevamos 3.000 a la fecha”. Rafael Pardo, el ministro del Posconflicto, resumió con admirable síntesis el laberinto: “Mientras que haya coca, no habrá paz.”

El otro enorme error del Gobierno es haber asumido, basado en las apreciaciones de unos economistas despistados y un Departamento de Planeación aún más despistado, que la firma de la paz traería enormes dividendos al país, reflejados en un crecimiento adicional del PIB de entre un 1,1 y un 1,9 % anual, y expansiones del 20 % del comercio minorista y la industria, del 30 % del turismo y del 12 % de las exportaciones. Muy poca atención se le prestó a Francisco Rodríguez, economista para los países andinos del Bank of America, quien argumentaba que si bien el dividendo de la paz en Colombia era significativo, este ya se venía recibiendo desde la administración Uribe como resultado de la política de seguridad democrática y que, por lo tanto, la incidencia del acuerdo de La Habana sería modesta, y le daría un modesto crecimiento adicional a la economía del orden del 0,3 por ciento anual. Basados en la errónea creencia de mayor crecimiento, el Gobierno no le puso el freno de mano al gasto y negoció con las Farc todo tipo de dádivas y prebendas cuyo costo será casi imposible de financiar. Las consecuencias de este otro monumental error se reflejaron en una reforma tributaria apresurada, torpe y poco oportuna, reforma que a su vez ha desacelerado aún más el crecimiento económico.

El Espectador, Bogotá, 11 de noviembre de 2017

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