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Miguel Ceballos                                              

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, tiene como una de sus funciones constitucionales “participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal”, por ello deben ser oídas sus advertencias frente al proyecto de ley del gobierno que terminaría legalizando los cultivos ilícitos.

En los acuerdos firmados en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016 entre el gobierno y las Farc, se incluyó el Plan Nacional Integral de Sustitución -PNIS-, como parte de Reforma Rural Integral (RRI). En este contexto, cualquier proceso de formalización de la propiedad de la tierra para los campesinos cocaleros, está sometido al “cumplimiento previo de los compromisos que garanticen que el predio esté libre de cultivos de uso ilícito y a la no resiembra de este tipo de cultivos.” Estos compromisos también incluyen “la sustitución voluntaria y concertada… el compromiso pleno de no cultivar ni estar involucrado en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito, ni de participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de estos¨.

Es desde esta lógica que debe ser analizado el proyecto de ley que acaba de presentar el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, con el cual busca el establecimiento de un tratamiento “diferenciado” destinado a beneficiar a los campesinos cocaleros, el cual básicamente tiene dos componentes: un plazo de un año para que los “pequeños” cultivadores de coca dejen de sembrarla, y, que para obtener beneficios legales evitando la cárcel, “solamente” tengan cultivos hasta de 38.000 metros cuadrados, es decir 3,8 hectáreas de coca.

El primero en reaccionar frente a esta propuesta fue el propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien, de acuerdo con el artículo 251 de la Constitución, tiene la función de “participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal”, razón por la que sus afirmaciones y criterios son más que “opiniones”. El fiscal considera que más allá de un trato de diferenciado, se trata de un trato “arrodillado” del gobierno, pues la propuesta del ministro Gil Botero, implicaría un crecimiento exponencial de los cultivos, un beneficio para los financiadores de los cultivos, y la creación de un periodo de tiempo en el que los cultivadores estarían autorizados para cometer un delito.

Razón tiene el fiscal en alarmarse pues los campesinos y los oscuros financiadores de los cultivos, quienes son los verdaderos dueños del negocio, aprovecharán la regulación para sembrar más coca durante un año, terminado el cual, no solo obtendrían los frutos del cultivo, sino que podrían pedir la formalización de la propiedad de los predios a su favor. Es decir, se quedarían con el pan y con el queso.  

Cuando se mira la dimensión de los terrenos dentro de los cuales se daría una verdadera legalización de la coca, estamos hablando de extensiones que pueden llegar hasta 3,8 hectáreas, es decir, 38.000 metros cuadrados. Como bien lo ilustró el senador Iván Duque, estaríamos hablando de 5 canchas de fútbol del estadio El Campín. En efecto, de acuerdo con la información que está en internet, el estadio tiene 105 metros de ancho, por 68 metros de ancho, o sea 7.140 metros cuadrados, que multiplicado por cinco equivale a 35.700 metros cuadrados, casi 5 veces la cancha de El Campín.

Difícil de explicar para una persona asalariada que gana apenas el sueldo mínimo en una ciudad colombiana, que en su vida soñaría tener un terreno de 35.700 metros cuadrados, que a otro colombiano se le considere “pequeño cultivador” no obstante poseer una extensión de 35.700 metros cuadrados repletos de coca y además se le adjudique la propiedad sobre el mismo a pesar de estar cometiendo un delito. ¿Cuándo un obrero, una empleada de un almacén, un conductor de un taxi, un mensajero, podrían siquiera soñar con tener 35.700 metros cuadrados? Y si los tuvieran, ¿acaso el Estado les ayudaría a trabajar esa tierra con productos legales?

No puede desconocerse la dura y triste realidad que deben vivir las 100.000 familias de campesinos cocaleros, para ellos deben implementarse programas de desarrollo alternativo y sustitución en cuyo diseño e implementación el país ya tiene mucha experiencia, pues fueron realmente exitosos en las épocas del Plan Colombia, lo cual ha sido reconocido hasta por el propio presidente Santos. En todo caso, así se diseñe la política perfecta de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo, si los cultivadores y las mafias que los usan y manipulan no están dispuestos a dejar de verdad el negocio ilícito, no habrá poder humano que acabe con la coca. Ojalá el fiscal sea exitoso en su cruzada y el presidente haga caso a sus válidas preocupaciones, de lo contrario “a comprar rodilleras”.

*Exviceministro de Justicia. Decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.

Semana, Bogotá, 27 de octubre de 2017

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