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Andrés Espinosa Fenwarth                                           

Resulta paradójico que la administración del ‘buen gobierno’ sea un paradigma del desgobierno en asuntos agrarios.

La Contraloría General de la República publicó el informe de la última auditoría fiscal realizada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuya ‘desfavorable’ calificación le impidió fenecer las cuentas correspondientes al año 2016. Pese a que la entidad oficial que rige los destinos del agro colombiano pasó de un ‘dictamen negativo’ en el 2015 a una ‘opinión con salvedades’ en el 2016, la auditoría de la Contraloría estableció 40 hallazgos administrativos, de los cuales 5 tienen presunta incidencia fiscal y otros 16 conllevan probables consecuencias disciplinarias, cuyo control interno fue calificado de ‘inefectivo’.

Para ambientar la auditoría, la Contraloría menciona que el presupuesto de inversión asignado al Ministerio de Agricultura presentó una disminución del 50 por ciento en el 2016 respecto del 2015, y luego reducción adicional del 40,5 por ciento en el 2017 frente al año anterior. Al hacer un análisis comparativo de estos tres años, la Contraloría muestra cómo el presupuesto de inversión del agro se desplomó en 70 por ciento en este periodo, al pasar de 2,8 billones de pesos en el 2015 a 841.725 millones de pesos en el 2017. La brutal reducción del presupuesto de inversión del Ministerio se tradujo en el aplazamiento de pagos, recorte de programas y merma de beneficiarios del campo, testimonio incontrovertible del abandono oficial de la institucionalidad agrícola colombiana. 

En materia de hallazgos fiscales, la Contraloría destaca la diferencia en los saldos, a finales de 2016, de los recursos entregados en administración a Finagro, con sobrestimaciones por 88.721 millones de pesos y subestimaciones por 89.178 millones de pesos, causadas por las deficiencias en el control y seguimiento de convenios y contratos; fallas en la selección y la supuesta idoneidad de la ONG italiana, Il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, por valor de 71.107 millones pesos, habida cuenta de que su experiencia internacional en materia social no tiene relación alguna con el objeto de los convenios suscritos relativos a las estrategias productivas rurales del sector agropecuario; carencia de presunta idoneidad de la ONG estadounidense, Pan American Development Foundation –Fupad, por sus siglas en español– en un convenio por 80.000 millones de pesos, que subcontrató con otras sociedades denominadas ‘cooperantes’, con lo cual se confirma que Fupad no contaba con la capacidad técnica requerida, pese a la certificación de competencia expedida por el Ministerio; presunta vulneración de la selección objetiva en la contratación directa de CMI Televisión por 5.579 millones de pesos, derivada de las deficiencias y ausencia de análisis previos a la firma del contrato, que a la postre descartaron otros canales de televisión, sin mediar soporte documental ni estudios de mercado; glosas a varios gastos no relacionados en los convenios firmados con Unaga, con probable incidencia disciplinaria, patrimonial y fiscal. 

En paralelo, la Contraloría identificó un presunto detrimento patrimonial por 8.995 millones de pesos por irregularidades en la remodelación de la sede principal del Banco Agrario en Bogotá. 

Así, pues, resulta paradójico que la administración del ‘buen gobierno’ sea un paradigma del desgobierno en asuntos agrarios. 

Portafolio, Bogotá, 24 de octubre de 2017

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