Facebook

     SiteLock

Última hora
Todos los profetas fracasan - Miércoles, 22 Noviembre 2017 06:58
¿Por qué debemos votar en el 2018? - Miércoles, 22 Noviembre 2017 06:58
El cinismo de las Farc - Miércoles, 22 Noviembre 2017 06:58
Demandas reconvencionales de Colombia - Miércoles, 22 Noviembre 2017 06:57
‘Timochenko’, reclama pero no repara - Miércoles, 22 Noviembre 2017 06:57

Fernando Velásquez Velásquez                                          

Culminado el proceso de selección de los magistrados de la Justicia Especial para la Paz que sesionará los próximos quince años, con la satisfacción de algunos y las tirrias de otros, el avance del proyecto de acto legislativo en el Congreso que le da vida a la misma no ha tenido la celeridad de las propuestas legislativas anteriores, como fruto de la desbandada producida en las toldas del Ejecutivo en la célula legislativa.

No obstante, en ese contexto es necesario hacer algunas precisiones sobre lo dispuesto por el Nuevo Acuerdo Final de 2016 en esa materia. En ese pacto –tornado en norma constitucional contra la voluntad popular– se clasifican de tres maneras los futuros clientes de esos jueces: los delincuentes políticos o rebeldes (los así autoproclamados miembros de las Farc), los criminales de Estado (servidores públicos como los miembros de la Fuerza Pública) y los malhechores particulares (financiadores, paramilitares, etc.). Para cada uno de ellos, a su turno, se dispone una especie de castigo diferente con base en dos criterios: si aceptan responsabilidades y dicen la verdad; o si no lo hacen.

En efecto, se habla de sanciones propias para quienes (se supone: los “rebeldes”) reconozcan verdad exhaustiva, detallada y plena en la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidades, dotadas de actividades restauradoras y reparadoras en zonas rurales y urbanas que “en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes”. En la práctica imponibles a los pocos dirigentes ya condenados por la justicia ordinaria quienes, de esta manera, pueden lavar sus condenas.

Ellas, adviértase, no son aplicables a los cerca de seis mil ochocientos “sometidos” o soldados rasos que amnistiará la Sala respectiva ni tampoco a los siete mil cuatrocientos ya amnistiados de iure (ley 1820 de 2016). La duración inicial de la sanción es de cinco a ocho años comprendidos los concursos de delitos, pero puede ser solo de dos a cinco para quienes “no hayan tenido una participación determinante en las conductas más graves y representativas, aun interviniendo en ellas”.

Así mismo, se prevén sanciones alternativas para los que (delincuentes de Estado y terceros) digan la verdad y reconozcan su responsabilidad, por primera vez, en el proceso contradictorio adelantado por la Sección de Primera Instancia del Tribunal para la Paz, antes de dictarse sentencia: penas privativas de la libertad de cinco a ocho años de prisión, con una función “esencialmente” retributiva (sin descartar el componente restaurativo y reparador); y que asimismo, como en el caso anterior, pueden ser entre dos y cinco años de privación de libertad para quienes no tuviesen “participación determinante”.

También, aparecen sanciones ordinarias para los que (delincuentes de Estado y particulares: financiadores y paramilitares) no digan la verdad y asuman su responsabilidad en el proceso contradictorio ante la Sección de Primera Instancia del Tribunal para la Paz y resulten declarados culpables por éste; cumplen las “funciones previstas en el Código Penal” (art. 4º: prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado) y consisten en la privación de la libertad entre quince y veinte años, incluidos los concursos delictuales. De este modo, las finalidades restauradoras y retributivas se suman a las concepciones mixtas de la pena y se desemboca en una construcción compleja que no se puede entender como una mera adición de fines.

El tratamiento diferencial es, entonces, marcado: a los “rebeldes” no se les imponen las penas propias del derecho penal, a lo sumo sanciones calificables de administrativas que se cumplen en las “zonas de ubicación” y, a los demás, según que confiesen o no (una justicia penal que extorsiona), penas privativas de libertad –benignas si se las compara con las previstas en el Código Penal–, incluida la responsabilidad por cadena de mando solo para estos últimos. Una verdadera justicia de vencedores como diría Danilo Zolo, al calificar la impartida por los tribunales internacionales tras la posguerra.

El Colombiano, Medellín, 16 de octubre de 2017

Publicado en Otras opiniones

Compartir

Opinión

Nuevos videos

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Ingrese su dirección de correo electrónico:

Nuestras Redes