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Alberto Velásquez Martínez                                            

Preocupantes los vaticinios del gerente del Banco de la República cuando expresa que “se vienen tiempos inciertos y por eso es necesario pedirles a los ciudadanos cautela a la hora de adquirir deudas”. Este clarinazo se escucha al mismo tiempo de los presagios de la agencia calificadora de riesgos Standar & Poors, que coincide con el Emisor al prever que el PIB solo crecerá, calcula, este año un 1, 6 %.

Simultáneamente con tan sombrías perspectivas, aparecen en escena expertos hacendistas que en un seminario convocado por el Ministerio de Hacienda sostienen que los ingresos fiscales de los próximos años se van a quedar cortos frente a los requerimientos más apremiantes del gasto público. Un gasto que en los últimos años se ha desbordado, para acentuar el déficit, dada la irresponsabilidad y la irracionalidad de un gobierno que le ha dado prelación más al derroche que a lo necesario.

Concuerda este diagnóstico de los hacendistas con el reciente informe de Fedesarrollo, en donde estima que el déficit fiscal va a permanecer bastante alto en los próximos años, “y que no va a ser posible disminuir la brecha, que va en aumento, entre ese déficit y el que exige la regla fiscal”.

Pero ese déficit fiscal, consecuencia de la imprevisión oficial de no haberse preparado en épocas de vacas gordas para enfrentar el ciclo de vacas flacas, deja una deuda económica y social que habrá que pagar. Por eso aquellos expertos hacendistas abren la posibilidad, no lejana por cierto, de que debido a la estrechez fiscal para atender el gasto público, “se requiere una nueva reforma tributaria”. Ignoramos si los candidatos presidenciales tendrán el valor de apoyar desde ahora tan desafiante salida o tendrán propuestas diferentes como las de buscar la austeridad y mayor eficiencia del gasto, eliminando el despilfarro heredado y combatir con decisión la ola de corrupción que se traga los recursos públicos.

Agrava aún más la penosa coyuntura fiscal la situación del régimen pensional. El informe de Anif es devastador: 42 billones de pesos requerirá el próximo gobierno para pagar las pensiones del año entrante. Con el agravante de que “el 77 % de las personas en edad de jubilación no tengan acceso a una pensión de vejez” como lo ha denunciado el decano de Economía de Eafit.

El exdirector de Planeación Nacional, Armando Montenegro, alerta: “El próximo gobierno heredará una situación fiscal muy delicada”. Rudolf Hommes le hace la segunda: “la economía no da señales de recuperación a corto plazo”. Y un antiuribista visceral como Ramiro Bejarano, redondea la faena: “casi nada le funciona a este gobierno”. Felipe Zuleta, nieto de Alberto Lleras, da la estocada final: “Colombia atraviesa por uno de sus peores momentos y la crisis institucional es profunda y difícil. Reina el caos, el desánimo y el pesimismo”. Por todos lados se cuestiona la acción del actual régimen.

Mientras tanto, ¿deben poner a remojar las barbas los contribuyentes para llevar en el próximo gobierno sobre sus espaldas la carga de nuevos tributos originados en la irresponsabilidad fiscal de dos cuatrienios, en los que ni se pudo, ni se supo, ni se quiso purificar y racionalizar el gasto público?.

El Colombiano, Medellín, 11 de octubre de 2017

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