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Darío Ruiz Gómez                                              

La actitud  más generalizada hoy en Colombia frente al llamado Proceso de Paz parece consistir en dejarse llevar por la ceguera propia de la sociedad del espectáculo, tal como si se quisiera pasar rápidamente la página de los terribles acontecimientos que se han vivido, para  disfrutar de la frivolidad que supone entregarse al gran espectáculo semanal de algún evento. 

Pero quienes vuelven a circular por las carreteras o caminos  y  se atreven a verificar el estado de la sociedad agredida,  encontrando  a su paso el terrible resultado de una desmedida agresión terrorista, no pueden  cerrar los ojos ante las ruinas de un proyecto de modernidad destruido con una saña casi diabólica,  en la  asonada de unos  bandoleros  de película de Robert Rodríguez, ya que no dejaron de ser ante los ojos de un ser civilizado, una parodia tropical con figurones cantinflescos, guerrilleros de mostacho y comparsas de película barata.

Pero la fuerza de los hechos es siempre de tal magnitud que la verdad comienza  a aparecer, inevitablemente,  tal como está sucediendo con el caso de corrupción de la justicia,  gracias al cual  comenzamos  a unir las piezas del rompecabezas  para conocer  por fin la estrecha relación entre justicia, grupos de presión, narcotráfico, una  compleja trama delincuencial, disimulada detrás de la fachada de un gobierno que ha contado desde un comienzo con el soporte mediático  y la debida  escenificación de estas  “conversaciones”, para que el verdadero escenario geográfico y social permanezca  ausente y para que las víctimas  continúen sin representatividad.

Precisamente la ceguera moral conduce a la desidia moral, y la llamada verdad posmoderna, como una fábrica de mentiras, se continúa utilizando  para encubrir a medias la corrupción que se desató, como consecuencia de esta relajación de las costumbres y de la justicia, a través de jueces y magistrados cuya única ambición consiste en acceder a  un  prestigio social, y cuyo resentimiento político  es  consecuencia del fracaso del  aventurerismo de extrema izquierda. ¿Quién, bajo estas ambigüedades jurídicas  respecto al  Derecho universal, puede  estar calificado para juzgar los crímenes de guerra,  de lesa humanidad, si ya el más alto Magistrado dictaminó que para lograr  la Paz era necesario  olvidarse  del Derecho? ¿No es un sofisma de distracción decir que “todos somos culpables”?  Lo condenable es un proyecto totalitario que sólo trajo miseria y asesinatos de inocentes. ¿Quién podría seguir defendiendo el uso de  la violencia contra la población  como arma política a “nombre de la historia”?

En  Nuremberg se hizo el  juicio a una ideología perversa, a altos personajes, supuestamente seres civilizados, que justificaron  la eliminación de seis millones de judíos, de dos millones de católicos, gitanos. ¿Cuántas vidas de seres inocentes eliminó el proyecto de calcar aquí un régimen bolchevique? ¿Estamos teniendo en cuenta  el sufrimiento de  esos seres humanos,  o lo que preocupa solamente  es hacernos  creer que la justicia reside  en la milimetría –lo “políticamente correcto”-  con que se han nombrado los Jueces en la JEP  y no en la promesa de que esto no se volverá a repetir? “Una atrocidad es un acto de terrorismo que no obedece a un genuino propósito militar” recuerda Orwell,  lo que lleva a la disyuntiva de  brutalizar más la política, o construir civilización  construyendo democracia, que sería el objetivo  de una nueva cultura.

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