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Marta Lucía Ramírez                                   

Después de dos intentos fallidos de reforma a la justicia, el Gobierno dice –en el ocaso de su mandato– que apoyará la propuesta del procurador Carrillo de promover un referendo. La propuesta es poco realizable, especialmente por el poco tiempo que queda a este Gobierno y la falta de legitimidad y de capital político del Presidente. Después de siete años de absoluto desinterés en sacar adelante esta reforma indispensable, el anuncio, estando el Presidente en Nueva York, muestra oportunismo, descoordinación gubernamental y otra vez improvisación.

La paz y el progreso de Colombia son inviables si no hay una pronta y cumplida administración de justicia. Los jueces deben resolver los conflictos en función de la ley y de los acuerdos celebrados de buena fe entre ciudadanos. La supremacía de la ley expedida por los representantes del pueblo en función del bien común, debe solucionar las diferencias de una sociedad y evitar que las personas tomen la justicia por su propia mano.

La reforma a la justicia que necesita el país no compete solo a la clase política. Hace un mes propuse un pacto entre todos los precandidatos, la academia y la magistratura, para consensuar desde ya las reformas indispensables a la justicia. Quien llegue a la Casa de Nariño en el 2018, debe hacerlo con la reforma ya preparada para su trámite inmediato y sepa que va a contar de entrada con el apoyo político de la totalidad de los candidatos. En la actualidad, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla, y la presidenta de la Corporación Excelencia por la Justicia Gloria María Borrero, se encuentran ayudándonos a hacer una convocatoria amplia de los sectores involucrados para afinar la propuesta.

Colombia debe dar señales inequívocas de acabar la tolerancia con la corrupción, la impunidad y la ineficacia en la administración de justicia. Debemos desarrollar un Servicio Civil profesional e idóneo en el cual las personas que ingresen a la Justicia y la administración del Estado en general, lo hagan exclusivamente por sus competencias y calidades y no por la maquinaria de la cual dependen y eliminar toda injerencia política en la elección de jueces y magistrados para privilegiar criterios de ética, idoneidad moral, experiencia y formación intelectual. Solo así se garantizará que el mérito sea criterio preponderante para el acceso y ascenso a la administración de justicia.

Sin leyes justas que se apliquen para todos por igual, no hay democracia. El fortalecimiento de la justicia no puede ser una “moda” cuando explotan grandes escándalos. Es la necesidad esencial de una sociedad que está perdiendo el rumbo. La justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz no solo para casos mediáticos sino para todos los ciudadanos.

La reforma a la justicia debe ser estructural y no cosmética y a la carrera. La justicia es otra de las muchas tareas pendientes que deja Juan Manuel Santos, pero nos ocuparemos de ella y de darle la debida prioridad. Tanto la paz como la justicia y la ley son partes indivisibles de una misma ecuación.

Precandidata presidencial.

El Colombiano, Medellín, 22 de septiembre de 2017

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