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Editorial                                  

No por unilateral que sea la calificación se va a remediar la posible “descertificación” con declaraciones sobre sacrificios pasados o promesas futuras. Trump advierte y, usualmente, cumple.

Aunque “certificación” o “descertificación” no son los términos técnicos exactos para referirse a esa competencia unilateral que el gobierno de Estados Unidos usa en la actualidad para listar los países que, según sus parámetros, cumplen las expectativas de las autoridades norteamericanas sobre el combate al narcotráfico, sí se pueden usar en lenguaje llano para designar la realidad a la que Colombia se enfrenta.

El Memorando Presidencial al Secretario de Estado, del 13 de septiembre de 2017, cita los 15 Estados que para las autoridades norteamericanas son los mayores productores o lugares de tránsito de narcóticos, entre ellos Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Honduras, Panamá, Perú, Haití y Venezuela. Este último y Bolivia son los que quedan en la “lista negra” como aquellos que no cumplen las obligaciones internacionales en materia de política antinarcóticos.

Y a renglón seguido dice que Colombia, por sus malos resultados en los últimos tres años, también debería estar etiquetada allí. Y que si no lo está, es porque consideran que las Fuerzas Armadas de Colombia aún son garantes en la aplicación de las leyes, además de que Colombia “es socia de seguridad de los Estados Unidos en el Hemisferio Occidental”. Pero avisan de que en cualquier momento pueden ejercer la opción de la ley interna estadounidense e incluir a Colombia en esa categoría, lo cual tendría efectos no solo políticos y diplomáticos, sino económicos, por fuerza de la reducción de ayuda y cooperación financiera.

Cualquier cosa podrá decir el gobierno colombiano, menos que no hubiera recibido avisos y advertencias desde hace meses. Comenzando por la referencia directa y sin florituras del mismo presidente Trump ante Juan Manuel Santos, en su visita a la Casa Blanca en mayo pasado: “Espero que resuelvan este problema pronto”, refiriéndose al aumento de cultivos de coca y al de la exportación de cocaína hacia el norte.

William Brownfield, ex embajador de Estados Unidos en Colombia y actual Subsecretario de Estado para Asuntos de Narcóticos, ha sido más que claro en dos comparecencias suyas ante comités del Congreso americano. Hace apenas tres días fue más explícito: Colombia (el Gobierno, se entiende) desatendió la lucha contra el narcotráfico para poder avanzar en sus negociaciones con las Farc. Fue justo en ese período cuando más creció el narcotráfico, y no por casualidad, sino por causalidad.

En entrevista a este diario (16 de julio de 2017), el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, dijo también sin ambigüedades que el Congreso de su país estaba muy preocupado con los malos resultados en materia de siembra de narcóticos y que estaban estudiando medidas. El gobierno colombiano, como lo reiteró ayer, prefiere pegarse de expectativas y prometer que con el acuerdo de paz con las Farc el narcotráfico disminuirá.

Es verdad que estos mecanismos de designaciones unilaterales son antipáticos, y generan profundas molestias en los países afectados. Es evidente que el principio de corresponsabilidad por el cual Colombia clama desde hace décadas en cuanto foro existe, es desatendido por los países consumidores.

Sin embargo, el Memorando de Trump no deja de ser un golpe en la mesa que deja mal ubicado al gobierno colombiano, que pensaba que con declaraciones y promesas la actual administración americana se iba a dar por bien servida. Grave equivocación. Y si algo ha demostrado Trump, por chocante que sean sus posiciones, es que cumple lo que dice. Y Colombia, pésele a quien le pese, sigue siendo para ese gobierno un país cuyo signo distintivo es el narcotráfico.

El Colombiano, Medellín, 15 de septiembre de 2017

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