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Lionel Moreno                                       

Poca, casi ninguna, ha sido la divulgación que los medios colombianos ha dado a la visita al país de la fiscal la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, quien llegó el lunes y se ha reunido ya con el presidente Santos, el vicepresidente Naranjo y varios de los ministros. Ojalá que se reúna también con quienes, queriendo igualmente la paz, disienten de las concesiones a las Farc.

Desde hace ya tiempo la fiscal Bensouda ha mostrado interés en los acuerdos que el gobierno y las Farc acordaron en Cuba, especialmente en que no se viole el Estatuto de Roma en sus artículos 77 y 110. Querrá ella determinar si hay impunidad para los cabecillas de la guerrilla y que las penas sean adecuadas a la gravedad de los crímenes cometidos, es decir si la “restricción de la libertad” en áreas geográficas donde desarrollarán “tareas comunales” son sanción adecuada, especialmente cuando las Farc han dicho que no habrá admisión individual de culpas, sino colectiva. Muchos tenemos certeza de que la dirigencia fariana no pasará un solo día en la cárcel. 

La fiscal Bensouda le manifestó hace algún tiempo a la Corte Constitucional que “una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional, aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido auténticas”.

La preocupación no ha sido solamente de la CPI, también Human Rights Watch, a la que seguramente oirán en La Haya, ha expresado por medio de su director para América Latina, José Miguel Vivanco, su inquietud frente a los acuerdos con la guerrilla y que estos no puedan ser aceptados por la Corte Penal Internacional pues, “si bien hay que ofrecerles a las Farc un incentivo racional para que se pueda conocer la verdad de manera eficiente, lo que sí me parece discutible es que esa menor pena se traduzca en cero penas, sin prisión”. En el Congreso estadounidense y en el Parlamento Europeo muchos condicionan la ayuda económica a los proyectos de nuestro gobierno a una sanción adecuada a las violaciones de los derechos humanos.

El interés de la CPI es también sobre los llamados “falsos positivos”, cobardes asesinatos, por algunos miembros de las fuerzas armadas, de inocentes personas a las que se disfrazaba como subversivos y las ultimaban buscando recompensas. Estos crímenes merecen las más severas sanciones y no se deben condonar con la excusa de que si a los guerrilleros les perdonan sus delitos, estos también deben ser exceptuados. La justicia debe aplicarse a todos los criminales.

Bienvenida entonces la fiscal Bensouda y ojalá que se informe adecuadamente de la “justicia” pactada en La Habana.

El Nuevo Siglo, Bogotá, 15 de septiembre de 2017

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