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José Roberto Acosta                                      

En un revelador informe de la Contraloría General de la República (http://bit.ly/2gOt780) se detallan las mentiras de directivos del Banco Agrario de Colombia, incluyendo a su junta directiva, para ocultar sus errores y zafarse de un juicio de responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial derivado del irregular préstamo que se desembolsó al consorcio Navelena, propiedad de la corrupta Odebrecht, y que ya supera los $135.000 millones.

Mintió Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al afirmar en reiteradas oportunidades que a más tardar en el mes de septiembre se recuperaría el dinero, a sabiendas de que las garantías del préstamo son solo papeles sin valor, ya que su fuente de pago era el cierre financiero del proyecto que, a pesar de prorrogar con sospechosa indulgencia por cinco veces, finalmente se frustró.

Mintió José Elías Melo Acosta, quien, en su calidad de presidente de la Corporación Financiera Colombiana, ocultó que como estructurador del proyecto de navegabilidad del río Magdalena estaba inmerso en abierto conflicto de intereses al sustentar un crédito destinado en parte para liberar al Banco de Occidente, propiedad de su jefe, Luis Carlos Sarmiento, de la exposición crediticia que este establecimiento bancario tenía con Navelena.

Fiduciaria de Occidente ya notificó al Banco Agrario sobre la inexistencia de los recursos en la subcuenta fuente de pago, por lo que no era posible atender de manera inmediata la amortización de las obligaciones vencidas.

Banco Agrario afirma que las vigencias futuras “ya se encontraban consignadas en el fideicomiso constituido para la administración del proyecto, según informe fiduciario al corte de octubre de 2015”, algo absurdo, pues esos dineros dependían del cierre financiero y de cuando, en el futuro, los desembolse el Ministerio de Hacienda.

Banco Agrario pone en evidencia que su junta directiva, como última y final responsable de esta estafa contra dineros públicos, siempre supo que el riesgo reputacional de Odebrecht impediría el cierre financiero, lo que dejaría sin garantías el crédito. Dos miembros de dicha junta directiva, Aurelio Iragorri y Mauricio Cárdenas Santamaría, guardan silencio.

Tanta mentira no tiene defensa y mucho menos atenuantes por el nivel educativo y experiencia de los involucrados. Hechos totalmente documentados y difíciles de deformar por interpretaciones o recursos discursivos y mediáticos por cuenta de funcionarios turbios como el fiscal general de la Nación. “No mentirás”, pero si lo haces y te pillan, pagarás.

@jrobertoacosta1  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El Espectador, Bogotá, 08 de septiembre de 2017

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