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Daniel Mera Villamizar                                          

Un acuerdo con la industria para modificar la oferta; menos gaseosa, más leche. 

El país necesita una ley de alimentación escolar; el punto es cómo llegamos a ella. Si se mira el proyecto de ley que presentó la ministra Gina Parody para regular el Programa de Alimentación Escolar, PAE, y crear la Agencia Nacional para la Alimentación Escolar, el del lío del plagio a la senadora Sofía Gaviria, es claro que podemos llegar a la ley necesaria de un mejor modo. 

Primero hay que pensar y debatir la alimentación escolar como una herramienta multipropósito en la educación, la salud y la economía agropecuaria. Luego el Gobierno saca las conclusiones y decide el tipo de reforma que le propone al Congreso. No ocurrió en este Gobierno. 

Hace poco, el presidente Santos denunció un “cartel de las frutas” en el PAE y se dolió de “la mezquindad de los corruptos, que hasta se roban la comida de los niños”. Justamente la primera discusión es la revisión del diseño del PAE, propicio al fraude. El proyecto de ley lo mantenía con correctivos. Pero hay una propuesta para cambiarlo y dejar viendo un chispero a los políticos corruptos. 

Cambio que consiste en que “1) los recursos no llegarían a las entidades territoriales certificadas, sino directamente a las instituciones educativas; 2) los operadores habilitados para municipios de determinado tamaño tendrían que competir por los colegios como clientes de servicios en la cadena del PAE; 3) se universalizaría la modalidad de Ración Preparada en Sitio; 4) previa capacitación, los colegios contratarían a madres de familia de sus estudiantes o de la comunidad para el trabajo de manipuladoras de alimentos; y 5) con la plata que no iría a los bolsillos de los mal llamados políticos, alcanzaría para el comedor escolar en cada sede y un pago justo a las madres manipuladoras de alimentos, bajo la vigilancia del Comité de Alimentación Escolar”. (Ver mi columna “Quitar Alimentación Escolar a corruptos y dárselo a madres de familia”). 

Este Gobierno no iba a sacar las manos rapaces de los políticos corruptos de un billón de pesos largo, pero ya al menos un precandidato presidencial se muestra interesado en darse el lapo de perder votos de caciques y apostarle al albedrío de las madres y padres de familia. 

Lo que no le he preguntado a ese precandidato es si también se daría un lapo en relación con las cafeterías (o tiendas) escolares, que hoy son insignificantes en la política educativa. Sirven para que los colegios obtengan unos ingresos por arrendamiento… y para mostrarnos lo poco que le importa la alimentación saludable de los niños a nuestra sociedad.  

Si, como debemos, nos tomamos en serio la alimentación sana desde la primera infancia, la oferta alimenticia de las tiendas escolares tiene que cambiar y hay que hablar con las industrias de gaseosas, comidas de paquete, dulces. Probablemente se llegue en algún momento a prohibir las bebidas azucaradas en los colegios, como en Francia, pero antes se necesita una conversación nacional —incluyendo a las industrias, sin estigmatizarlas— sobre lo que se va a decidir y su importancia.   

En el contexto de una ley de alimentación escolar saludable, el cambio de esquema del PAE fortalecería los restaurantes y las huertas escolares, y la alimentación sana se integraría al currículo al menos en Biología, Química y Física, lo que haría natural la búsqueda de frutas, verduras, cereales integrales, proteínas con el concurso del Ministerio de Agricultura. Habría que movilizar a los chefs y escuelas de gastronomía para el reto de superar los malos hábitos alimenticios con los que llegan los estudiantes. 

Por supuesto, al final unos jugadores económicos ganarían y otros perderían; el punto es en qué medida (y de cara a los consumidores de todo el país). Por ejemplo, necesitamos que los niños consuman menos gaseosas y más leche. Tenemos sobreproducción de leche en el país y bajo consumo, especialmente en los sectores populares. Si los lecheros, en su gran mayoría pequeños productores, deciden poner parte de la sobreproducción a menor precio para el consumo escolar, toda la sociedad estará atenta a la respuesta de los industriales que la procesan.  

Todos tendrían que poner y usar su imaginación si el imperativo ético de una alimentación saludable en el sistema escolar se desata en la sociedad colombiana. Esto tendría enormes implicaciones de cambio cultural extendido, deseable, con beneficios en la formación del capital humano, la productividad y el sistema de seguridad social en salud.  Sin embargo, este no debería ser el eje principal de la acción de un nuevo Gobierno en la educación. 

@DanielMeraV

El Espectador, Bogotá, 08 de septiembre de 2017

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