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Lionel Moreno                           

En pasada nota mencionábamos el dilema que confronta el gobierno de Nicolás Maduro ante la dificultad de financiar su creciente déficit en la balanza de pagos: o entra en moratoria de su deuda externa o reduce aún más las importaciones de productos esenciales como alimentos y medicinas.

Este dilema se ha agravado después de las recientes sanciones de Washington que prohíben a las entidades financieras estadounidenses negociar nuevas emisiones de deuda del gobierno venezolano o de su apéndice, la petrolera Pdvsa. Fuera de los más osados especuladores ya nadie quería negociar deuda venezolana, menos ahora. Sin embargo, dicen los conocedores del mercado financiero venezolano que no son pocos los “boliburgueses” o “bolichicos”, contratistas cercanos al régimen que se han enriquecido con negociados con empresas oficiales, que han comprado deuda venezolana con grandes descuentos con la seguridad de que su cercanía con el régimen les asegura el pago de estos títulos a su valor nominal al momento de su vencimiento. Es decir, no están corriendo el riesgo de que una moratoria los afecte pues, calculan, el gobierno los preferirá.

En estas circunstancias, las penurias de los venezolanos tienen todas las trazas de acrecentarse, el régimen se hará aún más represivo para tratar de evitar un alzamiento y, como sucedió en Cuba, los venezolanos buscarán su supervivencia emigrando, siendo Colombia el refugio más accesible. Son más de 2000 kilómetros de frontera con poca vigilancia y con fácil comunicación con los centros económicos de nuestro país. Muchos tienen doble nacionalidad, pues hace algunos años nuestros connacionales buscaban en Venezuela las oportunidades que no encontraban aquí y ahora regresan al terruño. Vienen entonces personas con pasaporte venezolano, más de 380.000 en 2016, 560.000 han solicitado una “tarjeta de movilidad fronteriza”, miles entran con cédula venezolana, muchos otros, nadie sabe cuántos, simplemente cruzan la frontera por las trochas.

El Gobierno colombiano ha dado algunos pasos para legalizar este influjo de personas y creó un Permiso Especial de Permanencia que, por dos años, permitirá a los venezolanos trabajar, estudiar y afiliarse al sistema de seguridad social en Colombia, pero que no les puede asegurar el trabajo. Según Migración Colombia, la dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada del tema, el Gobierno tiene listos planes de contingencia, incluso para un éxodo masivo desde el vecino país. Lo grave es que no se conoce nada concreto sobre estos planes, ni se sabe dónde están los recursos para financiarlos.

Nos asalta el temor de que pronto nos veamos desbordados ante un gigantesco influjo de venezolanos que no encuentren alojamiento y trabajo de este lado de la frontera. No queremos ver a miles de hermanos venezolanos, desprotegidos, durmiendo en parques y calles. Estamos ante una verdadera emergencia humanitaria. Preparémonos.

El Nuevo Siglo, Bogotá, 08 de septiembre de 2017

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