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Samuel Hoyos                                               

El pasado marzo la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $6.080 millones de dólares, contra miembros de junta, funcionarios y contratistas de Ecopetrol y Reficar. Según el órgano de control, sus hallazgos dan cuenta de un detrimento patrimonial para la Nación de 17 billones de pesos, pues la refinería de Cartagena pasó de costar $3.460 millones de dólares en 2009 a $8.016 millones.

Las nuevas inversiones en el proyecto, fueron aprobadas a través de diferentes controles de cambio al contrato inicial, sobrecostos que fueron aprobados por las Juntas Directivas de Reficar y, de su principal accionista, Ecopetrol. Por esa razón, la Contraloría vinculó al proceso de responsabilidad fiscal a la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, desde 2012 hasta 2015.

Lo que resulta muy llamativo es que al único miembro de la Junta de Ecopetrol al que no se le ha abierto proceso es al Director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, a pesar de pertenecer a la Junta desde Agosto de 2014, tras su designación en el cargo. El Contralor General, Edgardo Maya, debe explicarle al país cuál es la razón para excluir del proceso al Doctor Gaviria, siendo que este no se apartó de las decisiones que, por unanimidad, autorizaron las inversiones en la refinería. La decisión de excluir a Gaviria del proceso, parece más política que técnica.

Recientemente, el periodista Gustavo Rugeles denunció que la Fiscalía investiga si Odebrecht entregó $3.894 millones de pesos a la firma Logistic Soluciones Integrales, relacionada con Esteban Moreno Pérez, gerente de campañas del Partido Liberal en 2014 y persona cercana a Simón Gaviria. Según Rugeles, Moreno habría sido otro de los enlaces para el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, cuando César Gaviria asumió la jefatura de debate.

Los escándalos de corrupción tienen asqueado al país, por eso resulta imperativo que el Contralor, teniendo en cuenta el antecedente mencionado, se pronuncie con claridad y prontitud sobre la relación de Gaviria con Reficar y su papel en la Junta Directiva de Ecopetrol. No puede quedar la sensación de que la exclusión de su nombre del proceso, obedece al interés político de proteger a su copartidario o que es producto de las presiones del ex presidente Gaviria al órgano de control.

¿Qué pueden esperar los colombianos de sus instituciones cuando el Fiscal Anticorrupción es corrupto, cuando dos ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia vendían fallos, cuando los senadores más votados de la coalición de Gobierno sobornaban y eran sobornados, cuando el Presidente de la República recibió dinero de quienes recibían contratos de su Gobierno?

El acuerdo sobre lo fundamental, decía Álvaro Gómez Hurtado, es la justicia, una justicia imparcial y transparente, para que con ella, podamos estar en desacuerdo en todo lo demás. Desafortunadamente en Colombia, la corrupción se tomó a la justicia. Ojalá el Contralor nos demuestre que algo de nuestras instituciones queda.  

 @SHOYOS    

El Nuevo Siglo, Bogotá, 05 de septiembre de 2017

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