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Humberto Montero                                  

La guerra de los cincuenta años. Un saldo de más de un millón de víctimas. Crímenes de lesa humanidad cometidos contra civiles: hombres mujeres y niños. Asesinatos, reclutamientos forzosos, violaciones masivas, secuestros, tráfico de armas y de drogas.

El catálogo de atrocidades es bien conocido por todos ustedes y está suficientemente documentado como para que las Farc fueran incluidas en todos los listados internacionales de grupos terroristas, al lado de organizaciones como Al-Qaeda y el Estado Islámico. La propia Fiscalía colombiana recogió cerca de 2.000 acciones que encajan con esos delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra e infracciones al derecho internacional humanitario. Los campos de concentración que las Farc establecieron en las selvas de Calamar y Guaviare para mantener presos, con cadenas y candados en el cuello, a más de 400 militares y policías secuestrados son parte de ese listado de atrocidades que desbordaron los límites de la guerra y que incluyeron el secuestro durante años de políticos como Ingrid Betancourt, Clara Rojas, Alan Jara, Jorge Eduardo Géchem, Consuelo González y Gloria Polanco, entre otros.

Según el informe “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad”, elaborado por 18 investigadores a lo largo de seis años para el Centro Nacional de Memoria Histórica, hay perfectamente documentados 220.000 muertos, 5,7 millones de desplazados en las zonas rurales, más de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados. Sin embargo, otros estudios aumentan la cifra por encima del millón de muertos, incluidas las víctimas de las minas antipersona, las purgas internas y los abortos practicados sin garantías a las guerrilleras, que acabaron siendo enterradas junto a los niños arrebatados de sus entrañas.

Cerca de 250 miembros de las Farc, entre los que se encuentran ocho del denominado secretariado son considerados criminales de guerra.

El daño causado por las Farc es comparable, por su magnitud y depravación, al que los nazis causaron en Alemania. Sería impensable que hoy, no digo ya recién terminada la Segunda Guerra Mundial, los herederos del nazismo se presentaran a las elecciones con las mismas siglas (NSDAP) con las que Adolf Hitler ganó en las urnas el poder.

Sin embargo, los narcoterroristas no tienen esos reparos y han decidido nombrar a su movimiento político con las mismas siglas con las que asesinaron y extorsionaron a Colombia durante medio siglo.

«Puede ser que para algunos este nombre arrastre una carga negativa, pero también representa nuestro pasado revolucionario, que no se va a desdibujar. Vamos a continuar el conflicto, pero ahora desde la política y la legalidad». Con estas desafiantes palabras presentó el ex comandante de las Farc Iván Márquez el nuevo partido, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con el que los desarmados terroristas se presentarán a las presidenciales de 2018. La elección resulta una burla a las víctimas y un recordatorio a Santos y a la clase política colombiana de que las Farc siguen ahí, con la misma capacidad para seguir extorsionando a todo el país con la amenaza de romper la pretendida paz y volver a retomar las armas bajo esas mismas siglas de violencia y odio. De momento, los diez asientos asegurados de los que disponen, un privilegio del que no disfruta ningún otro partido, previenen la democracia colombiana que el propio Santos dinamitó al saltarse a las bravas el rechazo de los ciudadanos a los acuerdos presentados al referéndum. El posterior retoque cosmético se ha traducido en esto: las mismas siglas llenas de veneno y un nuevo emblema. Una rosa llena de espinas cuyo ideario político populista no enmascara la intolerancia de quienes están detrás de una marca que es sinónimo de dolor para la mayoría de Colombia.

El Colombiano, Medellín, 05 de septiembre de 2017

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